La Audiencia de Sevilla juzga desde este martes a dos exalcaldes del PSOE de la localidad de Los Palacios y Villafranca de Sevilla así como a la entonces interventora. De fondo, una ayuda de 750.000 euros que recibió el Consistorio y no se gastó en lo que estaba previsto. 

El dinero llegó al Ayuntamiento desde la Junta de Andalucía, entonces en manos del PSOE. En concreto, de la partida 31L de los Presupuestos de la comunidad, de donde procedía la financiación de los fondos de empleo fraudulentos, que dio origen al caso de corrupción. 

Los acusados en este juicio por presunta corrupción con Emilio Amuedo Moral, alcalde de Los Palacios hasta 2004 por el PSOE y su compañero de partido, Antonio Maestre Acosta, quien fue primer regidor del municipio desde 2004 ya hasta 2011. 

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A ellos se suma la entonces interventora del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, Trinidad Velasco. 

Francisco Javier Guerrero

En esta causa, recuerda Europa Press, estaban también señalados los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández así como el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero. 

Los primeros, al haber sido ya juzgados por estos hechos, no tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados en esta ocasión. Guerrero tampoco, pero porque falleció en 2020. 

Precisamente Guerrero es, según la Fiscalía, el origen de esta presunto caso de corrupción puesto que fue él quien dio una subvención para la construcción de un centro ecuestre en Los Palacios. 

El centro nunca llegó a construirse. Pero el dinero, abunda el Ministerio Fiscal, sí que llegó a la localidad de Sevilla. Así, el Ayuntamiento recibió en distintos momentos y con los dos exalcaldes, hasta 750.000 euros de dinero público. 

Sin procedimiento legal

"En la tramitación de la cantidad recibida, se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" para las ayudas públicas, indica la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal avisa, además, de que se trataría de cantidades "nulas de pleno derecho" al no responder a ninguna base reguladora, no cumplir los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad ni ser acreditado el carácter "excepcional" supuestamente esgrimido.

El escrito de acusación señala, además, que Emilio Amuedo y Antonio Maestre, como alcaldes, eran "plenamente conscientes de la falta de cumplimiento de la legalidad".

Los dos exalcaldes

Además, Maestre, añaden, sin "intención en ningún momento" de dedicar los fondos al proyecto del centro ecuestre, dio al dinero público "destinos que no han resultado debidamente acreditados y que nada tienen que ver" con el protocolo de 2003.

A eso se suma, añade el fiscal, que la entonces interventora municipal "no puso reparo alguno, permitiendo la utilización de los fondos públicos sin sujeción al procedimiento legal".

Así, la Fiscalía atribuye a los tres acusados un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, solicitando para cada uno de ellos seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta; así como que conjuntamente, resarzan a la Junta con 750.000 euros.