La Audiencia Provincial de Alicante celebrará el juicio por el llamado 'caso Abde', referido al cobro irregular del Hércules de los derechos de formación de Ez Abde, actual jugador del Real Betis, los días 14 y 15 de enero de 2025.

La sección segunda decidirá en estas fechas, como informa Efe, si existió un posible delito de alzamiento de bienes por parte de la entidad alicantina y sus dirigentes en la salida del canterano del Hércules con destino al Barcelona, en verano de 2021, tras el pago de los dos millones de su cláusula de rescisión.

El Hércules y su Fundación y los integrantes del consejo de administración de ambas entidades serán juzgados por ocultar a Hacienda, entidad con la que mantenía una deuda de 3,7 millones, el ingreso de esa cláusula, que fue endosada por el club de forma parcial y regular a una cuenta de su Fundación que estaba inactiva desde hacía siete años.

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El Ministerio Fiscal como acusación pública, la citada Agencia Tributaria como acusación particular y la Asociación Herculanos como popular consideran que el club y sus dirigentes son culpables de un delito de alzamiento de bienes

El Hércules, que dividió la cláusula de rescisión hasta 34 cheques, destinó la cláusula a abonar distintos pagos del día a día de la entidad y no para saldar la deuda con Hacienda. De ellos, 33 tendrían un valor unitario de 60.000 euros y el último por 15.770 euros.

El ministerio público considera que para realizar esta operación el club propiedad de Enrique Ortiz abrió otra cuenta en Caja Rural Central y que los cheques se fueron ingresando de manera escalonada de la mano del propio presidente durante meses para que el club realizase determinados pagos. Esto en teoría permitió esquivar el control de Hacienda y que esa cantidad fuese a cubrir parte de su deuda.  

Tras la denuncia de la Fiscalía, los dirigentes del equipo blanquiazul declararon en los juzgados. Pero solo el presidente, Carlos Parodi, respondió a las preguntas que le planteó la acusación pública. De hecho, nadie contestó a las que plantearon desde la acusación particular.

La Fiscalía de Alicante solicita para el presidente del Hércules penas de hasta tres años, que supondría su ingreso en prisión, y multa, así como para Valentín Botella y José León, dirigentes de la fundación, dos años y medio de prisión y multa, y para las entidades Hércules y su fundación, sanciones económicas.