Por Mario Martín Lucas
La decisión del Tribunal Supremo, tomada por unanimidad, confirmando dos sentencias de audiencias provinciales que obligan a Bankia a devolver a inversores particulares las cantidades que destinaron a la compra de acciones de Bankia, con motivo de su salida a Bolsa en julio de 2011, debido a las “graves inexactitudes” que contenía el folleto informativo sobre la verdadera situación financiera de la entidad en ese momento, crea criterio para los juzgados y tribunales de toda España y supone que la más alta instancia judicial española da por confirmado que la información que se utilizó en aquella operación fue “incorrecta e inveraz en aspectos relevantes”, es decir que no era cierta y al no serlo, como diría un castizo, es que era mentira.
Con el uso de aquella mentira, o engaño, se captaron 3.092 MM euros (1.800 MM euros en el tramo minorista) a través de 347.000 suscripciones en las que, según la sentencia, hubo un error en su consentimiento por parte de los adquirientes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública, lo que supone que hubo 347.000 engañados y de facto, abre la puerta a nuevas reclamaciones, sobre las ya muchas presentadas.
Pero a través de aquellas “graves inexactitudades” hubo otro importante colectivo ante el que se utilizaron esas mentiras: los propios empleados de Bankia, a los que se orientó hacia la colocación de esas acciones, como si de un producto comercial se tratara, con unos argumentos incorrectos, según ratifica ahora la sentencia del Tribunal Supremo, los cuales, ante la importancia del reto que se les marcaba desde las más altas instancias de “la casa”, fueron más allá, convirtiéndose ellos mismos en “accionistas”, extendiendo su entusiasmo “bankiero” hacia sus propios entornos familiares y personales.
La ratificación del Tribunal Supremo de que la información utilizada en aquel momento fue “incorrecta e inveraz en aspectos relevantes” da una nueva perspectiva al hecho de que miembros del consejo de administración, del comité de dirección y de la comisión ejecutiva de Bankia en el momento de la OPS, rechazasen participar en ella, a diferencia de lo que hicieron sus empleados, 6.500 de los cuales han terminado por verse desvinculados de sus puestos de trabajo, 539 a través de despidos forzosos, en un proceso sin transparencia y connivencia sindical. La diferencia entre el exceso de motivación y vinculo que tuvieron esos trabajadores y mandos intermedios, en comparación de la laxitud de quienes ocupaban el primer nivel ejecutivo, muchos de los cuales lo siguen ocupando, solo estriba en lo que unos no sabían y los otros sí, y es la mejor explicación sobre lo ocurrido, visto desde hoy, pero difícilmente detectable entonces.
Pero aún hubo más mentiras en relación a Bankia, la principal aquella de que el contribuyente español no pondría ni un euro por su rescate. A día de hoy, para recuperar el importe inyectado, con la venta del 60,90% del capital que posee en ella el Estado, a través del FROB, su cotización se debería revalorizar un 250%, lo que parece poco probable y convierte en afectados por esas “mentiras” a todos los españoles, a razón de unos 500 euros por cabeza, hasta completar los 22.400 MM euros de dinero publico dedicados a su recapitalización. Sin entrar a valorar que la forma en que se gestionó la crisis de Bankia se podría haber hecho de otra manera, sin ir más lejos, tal y como ha abordado el gobierno italiano la crisis de su sector financiero, con mucho menos ruido y menor número de víctimas, mejorando notablemente la estrategia que, obedientemente, adoptaron el Sr. Guindos y el Sr. Rajoy.
Todo lo conocido en los últimos tiempos sobre el Sr. Rato asombra, y parece que no era ni la persona, ni el personaje, que se nos quiso hacer creer, ni desde el punto de vista económico, ni financiero, ni ético, ni personal, pero en el campo de su gestión en Bankia, hay dos decisiones que , por si mismas, son incomprensibles para alguien de su “curriculum” (exministro de Economía y Hacienda, exvicepresidente del Gobierno de España y exgerente del Fondo Monetario Internacional), primero la integración de Caja Madrid y Bancaja, junto con otras cinco entidades menores, sin afrontar de la manera adecuada el proceso de saneamiento que la entidad madrileña ya necesitaba entonces. A esto se añadió la situación, aún más deteriorada de la entidad valenciana, que empeoró el problema, y luego la salida a Bolsa de Bankia, tan forzada, que el folleto informativo que se utilizó forma parte de una sentencia del Tribunal Supremo en el que se le califica de “inexacto” en lo relativo a la información financiera en él publicado.
Errores y distintas opiniones puede haber, sobre éste u otro cualquier tema, pero el uso de información inadecuada en una operación como la OPS Bankia que afectó a 347.000 personas, podría ser calificado de delito y, con seguridad, es una mentira que tiene sus responsables, con nombre y apellidos.