Bancos españoles. EFE
El mundo de los negocios es alérgico a las incertidumbres, si hay que pagar por algo, mejor con certezas y con un apropiado cálculo del retorno de la inversión.
En la necesidad de maximizar las certidumbres es en lo que se justifica el habitual interés empresarial por la cercanía con la política y los responsables del poder público. La influencia de aquellos en éstos, es lo que se define como plutocracia: “Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno del Estado”.
Un ejemplo de operación que puede ilustrar lo anterior, es lo que ha sucedido con la empresa Vitaldent, que más allá de que su fundador, Ernesto Colman, siga en prisión, ha sido vendida a través de la administración judicial, por 18,5 millones de euros, cuando la última oferta que tenía su anterior propietario, para enajenarla, era de 300 millones euros, por parte de un fondo de capital de riesgo. Pero al margen de la diferencia de precio entre ambas posibilidades, no debe ser baladí que quien la ha terminado comprando por 281,5 millones euros menos de esa cifra, sea Javier Botín, hijo de don Emilio y hermano de Ana Patricia.
Algo parecido a lo sucedido con Vitaldent es lo ocurrido con Abanca, marca con la que se renombró a Novacaixagalicia Banco (NCG), quien ha anunciado un nuevo reparto de dividendos, por 315,5 millones euros, con lo que desde que el banco venezolano Banesco adquirió esta entidad, ha sumado 1.754 millones de euros de beneficios, importe muy superior a lo que pagó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por ella, 1.003 millones de euros, después de que las ayudas públicas inyectadas en ella fueran de 10.795,87 euros, es decir a Banesco, y a quien domina éste, Juan Carlos Escotet, Abanca -antigua Novacaixagalicia Banco, NCG-, le ha salido gratis, a costa del sufrido contribuyente español y gracias a los responsables políticos.
Y en los próximos meses veremos otro capítulo de esta serie de hechos de la plutocracia imperante, ya que las cartas de BMN y Bankia serán puestas sobre la mesa.
Se ha anunciado el deseo del FROB de desprenderse de BMN, que tiene recibidas ayudas públicas por 1.646 millones de euros, pero como la participación de aquél en ella es del 65%, el hipotético comprador debería realizar una oferta de al menos 2.500 millones de euros para resarcir al contribuyente, lo cual no parece probable. También parece que se estudie su integración en Bankia, para sumar sinergias ante la hipotética venta futura de ambas, pero ello podría ir contra las leyes del libre mercado, porque como bien defiende la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, cualquier operador del mercado podría realizar una oferta superior a lo que Bankia desembolsará, que será cero.
Pero dando por sentada la integración de BMN y Bankia, y la del sumatorio de ambos en otro banco, a cuyo respecto Luis de Guindos ya ha expresado su opinión de que el presidente de esa unión debería ser José Ignacio Goirigolzarri, ¿cuánto pagaría esa marca por Bankia+BMN? Si tenemos en cuenta la capitalización bursátil actual de Bankia, 11.436,70 millones de euros, y que el FROB es propietario del 65% de ella, en el mejor de los escenarios obtendría 7.433 millones de euros, con lo que el contribuyente español estaría consumando una nueva pérdida de otros 15.000 millones euros en relación a las ayudas públicas inyectadas en ella.
Tras el estallido de la crisis financiera, en 2008, con la caída de Lehman Brothers; y a pesar de que en 2010, bancos y cajas de ahorro, en España, tenían unos niveles de morosidad similares, con una cuota de mercado superior en favor de las segundas; los poderes políticos y económicos, después de haber abusado de éstas a través de su politización y dilapidado sus recursos, señalaron que el problema eran éstas, avanzando medidas para su privatización y caer en manos de sus competidores bancarios, pero eso sí, a cargo del contribuyente, por la vía de las ayudas financieras, irrecuperables, por mucho que el señor Rajoy y su ministro, Luis de Guindos, dijeran una y otra vez que el rescate de la banca no iba a tener coste para los ciudadanos españoles.
Lo cierto es que, más allá de las peripecias de preferentistas y accionistas para recuperar el dinero de sus inversiones, lo cual lograrán sin duda en los tribunales, debido a la insuficiente transparencia en esas operaciones, los perdedores de todo este proceso son el contribuyente español y los empleados de estas entidades, que han perdido sus puestos de trabajo, ellos son las víctimas reales de estas cajas robadas.
Todo lo ocurrido en este régimen marcado por la plutocracia, cobra todo su sentido en la atinada afirmación de Fernando Savater: “El robo está siempre asociado a la idea del poder”, y estas cajas robadas, son la prueba del nueve de esa aseveración.