El 'president' de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra en la situación más complicada desde que accediera al cargo, casi en la prórroga del periodo legal de investidura, el 12 de enero. La situación es crítica, ya que si quiere continuar en el cargo, necesita sacar adelante los Presupuestos para 2016 que ha presentado esta semana, para lo que necesita el apoyo de la CUP y el visto bueno del Gobierno central.

La CUP no sólo boicotea al Govern desde las calles, sino también desde el Parlament. El jueves exigió una “desobediencia clara y frontal” al Estado como condición imprescindible para aprobar los Presupuestos. Y la desobediencia tiene que concretarse, entre otros aspectos en el incumplimiento del déficit.

El president no tiene tan claro que la desobediencia sea el mejor camino para conseguir sus objetivos y prefiere “ir de ley en ley”, indicó el jueves en su participación en el XXXII Reunión del Círculo de Economía celebrada en Sitges. Para Puigdemont es imprescindible “dar certeza jurídica” a las actuaciones de la Generalitat, esto es, cumplir la ley para así generar confianza en todos los actores económicos y políticos.

Las declaraciones encontradas hacen prever una negociación tortuosa para sacar adelante los Presupuestos. Puigdemont intentó convencer a la CUP de que la propuesta presentada el martes “prioriza a los colectivos desfavorecidos”, pero su socio de Gobierno exige un paso más. Un paso que, en gran medida, es simbólico, el hecho en sí de incumplir el déficit.

Puigdemont quiso dejar las puertas abiertas al resto de grupos políticos del Parlament para sacar adelante los Presupuestos por si su sociedad con la CUP se resquebraja. El president se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo con otros grupos que “comparten el mismo modelo de sociedad”, aunque no estén de acuerdo con su modelo de estado independiente.

Guindos presiona con el déficit

La CUP presiona con la llave del Govern, pero quien tiene la llave de la caja es el Gobierno central, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Y una cosa es guardar facturas en los cajones para desobedecer ‘a Madrid’ y otra muy distinta es no pagar a los funcionarios o a los pensionistas. Ahí todo cambia.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, recordó el jueves que todas las administraciones tienen la obligación de cumplir con la recomendación autónoma que envió la Comisión Europea a España el 9 de marzo por incumplir el objetivo de déficit para 2015. La palabra ‘recomendación’ es un eufemismo, porque lo que recomienda Bruselas no es otra cosa que una orden. “Todos tenemos que cumplir con la Comisión”, explicó Guindos.

En cualquier caso, el Gobierno central se encargará de velar por el cumplimiento del objetivo de déficit de las comunidades autónomas y, si deciden ‘desobedecer’, aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que así sea. El artículo 20 de esta normativa es claro y conciso: “En el supuesto en que el Gobierno, de acuerdo con los informes a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, constate que existe incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, todas las operaciones de endeudamiento de la comunidad autónoma incumplidora precisarán de autorización del Estado en tanto persista el citado incumplimiento”.

En otras palabras, que cualquier operación de endeudamiento que realicen las regiones tiene que ser aprobada por el Ministerio de Hacienda. Para garantizar que Cataluña, o cualquier otra autonomía se ajusta a sus compromisos, el interventor general realizará un informe mensual con las operaciones de deuda, déficit y de la regla de gasto.

Puigdemont tiene las manos atadas y bien atadas después de todos los años de incumplimiento de los objetivos del déficit. Por si fuera poco, el caso de Cataluña tiene un agravante, y es el apoyo que recibió del Estado para pagar todas las facturas que tenía con las farmacias y que amenazaban con bloquear al sistema sanitario catalán.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó en noviembre una partida extra de 3.034,8 millones de euros del FLA para pagar a proveedores, en especial todas las farmacias y centros sanitarios concertados que acumulaban varios meses sin cobrar. Desde ese momento, Hacienda ya empezó a exigir al interventor general que certificase que todo ese dinero se empleaba “respetando la legalidad”, indicó el ministro Cristóbal Montoro, de modo que no se malgaste “ni un euro” en “veleidades independentistas”.