Es la multa más alta que Bruselas ha impuesto en su historia en un caso de cártel. La Comisión ha sancionado este martes con 2.930 millones de euros a cuatro fabricantes de camiones –DAF, Volvo/Renault, Iveco y Daimler- por participar durante catorce años en un acuerdo ilegal cuyo objetivo era pactar los precios y los plazos de introducción de nuevas tecnologías de reducción de las emisiones contaminantes.

El constructor alemán MAN, que también participó en el cártel, se ha librado de la multa por ser el primero en delatar ante la Comisión la existencia de este pacto. De no ser así, le hubiera correspondido una sanción adicional de 1.200 millones de euros, según ha dicho la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Las cinco compañías han reconocido los hechos y han llegado a un acuerdo negociado con Bruselas para rebajar la multa.

El Ejecutivo comunitario cree que Scania formaba parte también de este cártel. Pero el fabricante sueco se ha negado a admitir los hechos, por lo que la investigación sobre él continúa por el procedimiento normal. Si al final la Comisión lo considera culpable, no podrá beneficiarse de una reducción de la sanción.

“Hoy hemos golpeado fuerte imponiendo una multa récord por esta infracción grave”, ha resaltado Vestager. De hecho, es el doble que la más alta impuesta hasta ahora por Bruselas: 1.400 millones de euros a un cártel de fabricantes de televisores en 2012. El motivo es que se trata de un mercado “muy grande”, ya que hay más de 30 millones de camiones en las carreteras europeas, que representan tres cuartas partes del transporte interior de mercancías en Europa. El otro factor que la Comisión ha tenido en cuenta es que el acuerdo ilegal duró 14 años, entre 1997 y 2011.

Reuniones en hoteles de Bruselas

“Es inaceptable que MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF –que fabrican 9 de cada 10 camiones de peso medio y pesado en Europa, hayan concluido un pacto en lugar de competir entre ellos”, ha lamentado Vestager.

El cártel se formó durante una reunión secreta en un “hotel acogedor” de Bruselas en enero de 1997, en la que participaron “altos directivos” de las compañías, ha explicado la comisaria de Competencia. A partir de ese momento, las empresas siguieron manteniendo contactos, a veces durante ferias comerciales y también por teléfono o por vía electrónica. El acuerdo sólo se disolvió cuando el Ejecutivo comunitario realizó en 2011 inspecciones por sorpresa en las sedes de las compañías.

La investigación de Bruselas ha demostrado que, durante todo este periodo, los fabricantes coordinaron los precios de los camiones de peso medio y pesado. Además, pactaron el calendario de introducción de tecnologías para reducir las emisiones contaminantes. Y también acordaron repercutir sobre los clientes los costes de estas tecnologías. No obstante, la Comisión asegura que no hay ningún vínculo entre este cártel y el uso de dispositivos para reducir artificialmente las emisiones como en el escándalo Volkswagen.

La sanción más alta la tendrá que pagar Daimler (1.008 millones), por delante de DAF (752 millones), Volvo/Renault (670 millones) e Iveco (494 millones).