La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha procedido a la venta de Banco Popular a Banco Santander, tras un proceso competitivo, en ejecución de la decisión adoptada por la autoridad de resolución competente, la Junta Única de Resolución, y tras ser declarada inviable por el Banco Central Europeo (BCE). De Guindos, el minstro de Economía, ha señalado que "es una buena salida para la entidad y se ha llevado a cabo, además, sin la utilización de recursos públicos. Indica la buena salud del sector financiero". 

Como parte de la ejecución del proceso de resolución se ha llevado a cabo la amortización de la totalidad de las acciones ordinarias en circulación de Banco Popular, así como de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital adicional de Nivel 1 (instrumentos híbridos de capital).

Al mismo tiempo, se ha procedido a convertir la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio de Nivel 2 (deuda subordinada) emitidos por Banco Popular en acciones de nueva emisión del propio banco, que han sido adquiridas por Banco Santander por el precio de 1 euro.

La operación se realiza sin comprometer recursos públicos, ni afectar a ningún acreedor ordinario ni depósito. Banco Santander se compromete en el contrato de compraventa a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades, servicios y operaciones de Banco Popular y a proveer la liquidez necesaria para ello.

Concretamente, el Santander tiene previsto realizar una ampliación de capital de 7.000 millones de euros que cubrirá el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Banco Popular. Las actuales acciones del Santander tendrán derecho de suscripción preferente en la ampliación. "Se espera que el impacto en el capital CET1 del Grupo Banco Santander sea neutral", señaló la entidad que preside Ana Patricia Botín.

Acuerdo firmado esta mañana

La operación es ejecutiva de forma inmediata; Banco Santander es propietario del 100% del capital desde la firma del acuerdo que se ha producido esta mañana. Este proceso ha sido desencadenado por el BCE tras constatar la situación de inviabilidad de la entidad y la necesidad de intervención para dar cumplimiento a los objetivos de interés público establecidos en la normativa europea de resolución.

La declaración de inviabilidad se produce debido a los problemas de liquidez derivados del deterioro de su base de depósitos durante los últimos meses y la incertidumbre sobre sus planes privados para afrontar posibles deterioros del balance de la entidad, explicó el FROB.

La decisión de resolución y utilización del instrumento legal previsto para estos casos se fundamenta en la necesidad de garantizar la estabilidad financiera y prevenir efectos de contagio al resto del mercado. El FROB, en estrecha coordinación con la Junta Única de Resolución cuya decisión ejecuta, ha podido llevar a cabo el proceso de venta en la noche del 6 al 7 de junio, gracias a los trabajos.

Pérdidas de hasta 8.200 millones

¿Cómo se llegó hasta aquí? El BCE declaró la inviabilidad del banco después de que las autoridades comunitarias detectaran que la entidad podría registrar pérdidas de hasta 8.200 millones de euros en el escenario más estresado, según comunicó el Fondo de Reestructiración Ordenada Bancaria (Frob) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Un análisis efectuado por un experto independiente para para el Mecanismo Único de Resolución (MUR), el Frob europeo, detectó que los valores económicos de Popular ascendían a 2.000 millones de euros negativos en un escerio central y 8.200 millones negativos en el escenario más estresado.

Garantizar la continuidad de las actividades

"El objetivo de esta venta es atajar los problemas derivados de la inviabilidad de Banco Popular, garantizar la continuidad de las actividades desarrolladas por la entidad y proteger a los depositantes de Banco Popular", explica el FROB.

La resolución garantiza así la completa seguridad de los depositantes de Banco Popular, la continuidad ordinaria de sus operaciones que con carácter inmediato pasan a formar parte de Banco Santander. El Banco de España, en su calidad de autoridad del Mecanismo Único de Supervisión responsable de la aprobación de esta operación, ya ha dado formalmente su conformidad a la misma.

El FROB es la autoridad de resolución ejecutiva en España que, a su vez, opera dentro del marco del Mecanismo Único de Resolución (MUR). Es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que tiene por objeto ejecutar las medidas de resolución en entidades de crédito y empresas de servicio de inversión.

El FROB está regulado por la Ley 11/2015 de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y representa a las autoridades de resolución españolas en la Junta Única de Resolución del Mecanismo Único de Resolución. realizados en los días previos y apoyándose en el proceso de venta privado que ya había comenzado la entidad.

¿Cómo será la entidad resultante?

Tras la operación, Banco Santander defiende en un comunicado que la entidad resultante será "la mayor de España en cuota de mercado en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes".

El banco presidido por Ana Botín prevé la generación de un retorno sobre la inversión de hasta el 14% en 2020. "Generará sinergias de costes cercanas a los 500 millones de euros anuales a partir de 2020", asegura la compañía. Se estiman que los costes de reestructuración estarán cercanos a los 1.300 millones de euros.

"Situación diferente a 2012"

Para el ministro de Economía, Luis de Guindos, la "situación es diferente a 2012, dada la buena salud del conjunto del sector financiero y de la economía española en general". “La decisión anunciada este miércoles por las autoridades europeas en relación al Banco Popular se ha adoptado de acuerdo con el nuevo marco sobre resolución bancaria con total transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa comunitaria", ha explicado.

"Es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad. La operación se lleva a cabo sin la utilización de recursos públicos y sin que se produzca, por tanto, un eventual contagio entre riesgo soberano y bancario, como ocurrió en épocas pasadas", ha insistido.

Para él, estás son "las mejores circunstancias para aportar las soluciones más adecuadas y eficaces bajo la autoridad europea". Ha señalado que el "objetivo final es preservar la estabilidad del sistema financiero".