Su estructura ha sido diana de las críticas de los taxistas. No sólo por la ubicación de Delaware como sede para su matriz, sino por la creación de filiales con las que gestionar sus licencias. Cabify hoy cuenta con tres sociedades con las que opera en el mercado español.

¿Cuántas de esas filiales tiene activas? ¿Desde cuál de ellas presta su servicio de transporte? ¿Dónde están la veintena de sociedades con las que gestionan las licencias de vehículo con conductor (VTC) para operar? ¿Está el negocio internacional, centrado en el continente latinoamericano, vinculado a una sociedad española? Estos son los ‘secretos’.

Una primera filial para su servicio de VTC

La principal sociedad con la que Cabify opera en España es Maxi Mobility Spain SLU. Fue constituida en el año 2011, el mismo en el que arrancó su actividad en el país. Tiene su matriz en el estado norteamericano de Delaware y gestiona toda la actividad del servicio de transporte en el mercado español.

Esta es la sociedad que, por tanto, factura a los clientes finales los servicios de transporte. En el año 2015, último del que hay cuentas presentadas en el Registro Mercantil, logró unos ingresos de 5,4 millones de euros. Registró unas pérdidas de 1,3 millones de euros con una estructura fiscal en la que la propiedad intelectual y los grandes servicios al resto de sociedades se concentran ahí.

La filial para comprar y vender sus licencias

Pese a ser la principal, esta no es la única sociedad con la que opera. En febrero de 2015, la compañía creó la sociedad que depende de manera directa de Maxi Mobilty Spain SLU, que es su único accionista. ¿Su objetivo? Gestionar todas las licencias de VTC, aunque en su objeto social contempla el “transporte de viajeros por carretera y arrendamiento de vehículos con conductor”. ¿Cómo lleva a cabo esa gestión? Lo hace a través de otras sociedades creadas ‘ad hoc’ para poder aglutinar esos permisos. Llegó a gestionar hasta más de una veintena de las que una buena parte hoy están inactivas.

Según explican varias fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL, la creación de esta sociedad llegó justo antes de la aprobación de la nueva ley del transporte que volvió a poner un corsé al sector del transporte con VTC e impuso una limitación importante: cada empresa debía disponer en todo momento, en propiedad o arrendamiento financiero, de al menos siete vehículos dedicados a esta actividad.

¿Cuál es su negocio de la filial? Como sucede con la principal, no tiene las cuentas del pasado ejercicio. Las últimas presentadas en el Registro Mercantil son las de 2015. Y en ese ejercicio tuvo unos ingresos de 2,3 millones de euros y unos beneficios de 155.000 euros. ¿Empleados? Ninguno. En esas cuentas se señalaba que contaba con 3,8 millones de euros de activo no corriente, aunque no se hace mención en la memoria ni en las cuentas de cuántos de estos permisos obraban en su poder en ese año. Tampoco se precisa si ese volumen de negocio procede de esa compraventa de licencias.

¿Cómo gestiona sus licencias?

La duda radica en cómo gestiona esos permisos. Según un contrato al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso, suscrito a mediados del pasado ejercicio 2016, Cabify firma la transmisión de autorizaciones de transporte. En este caso son siete licencias. El precio: 26.600 euros, con el IVA incluido. De ellos, 2.000 euros por licencia como señal y 24.600 al contado por cada una, mediante transferencia o cheque bancario, de manera previa o simultáneamente a la transmisión.

La contraprestación es muy clara: el cumplimiento del contrato de servicio entre Cabify (Maxi Mobility Spain) y la empresa que gestionará esas licencias VTC. Y en ese contrato hay una condición que destaca frente al resto: una exclusividad durante los dos primeros años. La compañía lo llama "no competencia". Dejan expreso en el documento que podrán llevar a cabo servicios por medio de teléfono e internet "con exclusión expresa de una aplicación de reserva de vehículos en tiempo real a través de dispositivos móviles". Es decir, sin mencionarlos, coloca a competidores como el propio Uber.

¿Qué sucede si hay un incumplimiento por parte de la empresa de transporte? Deberá pagar una indemnización que será el equivalente a los ingresos obtenidos durante los seis meses anteriores o el equivalente a los ingresos obtenidos en el último mes multiplicados por seis.

Según ese contrato, Maxi Mobility se reserva el derecho de opción de compra sobre cada una de esas licencias vendidas, ejercitable sólo en caso del incumplimiento del contrato. ¿Qué deberá pagar el transportista? La cantidad menor de dos: los 22.000 euros por autorización o los importes pagados en concepto de anticipo o señal de cualquier tipo.

De acuerdo a las mismas fuentes del mercado, en los últimos meses Cabify ha dejado de llevar a cabo esta compraventa de licencias. La compañía ha sido consultada por este medio y un portavoz oficial asegura que ya no tiene actividad y la actividad actual de transmisión de licencias “es prácticamente nula”.

Sobre la gestión de esta compraventa, la compañía aseguró este jueves mediante un comunicado, ante las críticas de los taxistas, que la transmisión de licencias es "autorizada por la administración" por lo que "debe ser conocida y autorizada por la administración para que tenga validez y despliegue a efectos jurídicos". Es por esto que la compañía asegura que la acusación de una transmisión desregulada "carece de fundamento y es falsa".

¿Y el negocio internacional? La tercera en discordia

Más allá de las licencias, la compañía cuenta desde el año 2012 con la sociedad CabifyMobility International SL. ¿Para qué la utiliza? Hace las veces de holding de todo su negocio en el resto de mercados más allá de las fronteras españolas. En concreto, es la que aglutina las filiales de países como México. Su objeto social se centra sólo en la “gestión y administración de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español”.

En el año 2015, último del que hay cuentas en el Registro Mercantil, controlaba cuatro compañías: México, Chile, Perú y Colombia. Todas ellas generaron resultados negativos, con México a la cabeza, al registrar pérdidas de 1,7 millones de euros.

Esta tercera filial depende de manera directa de la matriz estadounidense desde el año 2014 (el socio único desde su fundación hasta esa fecha fue Juan de Antonio, fundador de Cabify, tal y como se refleja en el Borme).