Ciudadanos y PP pactan recuperar los 2.800 millones perdonados en la amnistía fiscal

El tiempo hacia las terceras elecciones corre a favor de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro del año 2012. El 30 de noviembre se cumplirán cuatro años desde que terminó el plazo para presentar la Declaración tributaria especial, lo que significa que a partir de esa fecha Hacienda no podrá revisar los datos declarados con el objetivo de recuperar los 2.800 millones que se perdonaron. Para Ciudadanos es clave recuperar este dinero y era una de las principales demandas en las negociaciones que llevan a cabo para la investidura. Este sábado, el partido de Albert Rivera ha obtenido el compromiso de recuperar dicha cantidad.

Fuentes de la negociación han explicado a Efe que se ha acordado exigir "el importe íntegro de la amnistía fiscal a los defraudadores" para poder destinarlo a planes de educación, empleo, pobreza y otras materias.

Entre los beneficiarios de la amnistía que han trascendido aparecen nombres como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, la mujer de Arias Cañete o los hermanos Josep y Oleguer Pujol. No tendrán demasiados inconvenientes en que el pacto para la formación de gobierno se retrase otros tres meses.

Como explicó el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, este es un “punto de fricción” en sus negociaciones con el Partido Popular, que se resiste a traicionar a todos aquellos que confiaron en el Gobierno para aflorar sus bienes ocultos. Sin embargo, desde el partido son conscientes de que el tiempo escasea y que cualquier acuerdo sería mejor que ir a unas terceras elecciones, ya que complicarían mucho el objetivo de recuperar este dinero.

Sería prácticamente imposible. Pero, ¿por qué no se podría conseguir? Porque a los cuatro años prescribe el derecho de la Agencia Tributaria a revisar las declaraciones y este es ese fatídico cuarto año. De hecho, ya no es posible recuperar todo el dinero perdonado en la amnistía, ya que algunas personas presentaron la declaración en los primeros meses del plazo, que fue desde abril hasta noviembre, por lo que ya han pasado los cuatro años antes de la prescripción.

El informe es contradice al Real Decreto-Ley que señala literalmente que hay que pagar un 10% del valor de adquisición de los bienes ocultos a Hacienda

Sin embargo, la mayor parte de las declaraciones se hizo hacia el final de este periodo y fueron las que se beneficiaron de esta rebaja que alcanza los 2.800 millones de euros, por lo que el partido de Albert Rivera confía en recuperar la mayor parte, como explica Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y diputado de Ciudadanos. También será necesaria la colaboración del PSOE, ya que si se bloquea la formación de gobierno, el objetivo se complica. A partir de ahora, cada día que pasa prescriben más declaraciones y el tiempo se agota.

La seguridad jurídica

Es importante comprender que la propuesta de recuperar los 2.800 millones de euros perdonados en la amnistía fiscal no supone modificar de forma retroactiva la ley. De hecho, no se quiere cambiar la normativa, sino aplicar de forma estricta el Real Decreto-Ley 12/2012 del 30 de marzo. El Gobierno determinó que la amnistía afectaba a “los titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas”, esto es, todos los activos ocultos, y por ellos tendrían que “ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos el porcentaje del 10 por ciento”.

Los expertos en Derecho explican que la redacción de la amnistía fiscal (que se elabora en la Disposición primera de este Real Decreto-Ley) se elaboró con la intención de que fuera lo más sencilla posible para evitar problemas. En resumen, todos los activos se podrían aflorar pagando un impuesto del 10%, lo que ya suponía un gran beneficio respecto a los contribuyentes que habían pagado religiosamente sus impuestos.

Sin embargo, en junio de ese mismo año la recaudación no iba como se esperaba y el Gobierno decidió mejorar las condiciones a través de un informe de la Dirección General de Tributos (dependiente del Ministerio de Hacienda) con el que se reducían los impuestos que tenían que pagar los defraudadores. La decisión que se adoptó fue que los que se acogiesen a la amnistía sólo pagarían por los bienes o derechos que no hubiesen prescrito, esto es, los que tuviesen una antigüedad de más de 4 años. “El contribuyente podrá declarar sólo los bienes o derechos cuya titularidad corresponda a ejercicios no prescritos” y lo mismo con las cuentas bancarias.

Los declarantes tendrán que ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos el porcentaje del 10%

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda tachó de ilegal este informe, pero fue el que siguieron los defraudadores para reducir su ya ventajosa factura con Hacienda. Para de la Torre, “el informe es contradice al Real Decreto-Ley que señala literalmente que hay que pagar un 10% del valor de adquisición de los bienes ocultos a Hacienda”.

El resultado fue que por los casi 40.000 millones de euros que se afloraron, se recaudaron unos 1.200 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda, esto es, que los defraudadores pagaron, de media, en torno a un 3% de impuestos, muy lejos del 10% que marcaba el Real Decreto-Ley. Los 2.800 millones que restan hasta llegar a ese 10% es lo que quiere recuperar Ciudadanos y el PSOE. En algunos casos, como es el de Carlos de Borbón dos Sicilias, pagó un 1,5% sobre todo el dinero declarado, según publicó eldiario.es en Los papeles de la Castellana.

Hay una vía alternativa abierta para que el Estado pueda recuperar este dinero perdonado, pero “tiene una perspectiva complicada”, explica Rafael García Millán, socio de Derecho Fiscal y Tributario de Cremades & Calvo-Sotelo. Esta posibilidad consiste en el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE sobre la amnistía fiscal. “Puede surgir cierta inquietud sobre qué pasaría cuando el constitucional se pronuncie al respecto”, indica García Millán, “pero en mi opinión personal, no creo que se declare inconstitucional”.

Los rostros conocidos

En total, se acogieron a la amnistía fiscal 31.484 defraudadores que afloraron en torno a 40.000 millones de euros en ese año 2012. Aunque los datos de la declaración a Hacienda no son públicos, en este tiempo se han filtrado nombres que son muy relevantes. Algunos de los beneficiarios son personajes públicos muy próximos al poder, algunos incluso miembros o antiguos miembros del Partido Popular.

Entre ellos están Luis Bárcenas, extesorero del PP; Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía durante el Gobierno de José María Aznar; o Francisco Granados, ex número tres del PP de la Comunidad de Madrid. También hay nombres cercanos a la Casa Real, como publicó eldiario.es, tales como Alicia de Borbón Habsburgo o Carlos de Borbón Dos Sicilias. También se acogió Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos y Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del exministro, Miguel Arias Cañete.

También se beneficiaron dos miembros destacados de la familia Pujol: Oleguer y Josep, que regularizaron algo más de cinco millones de euros. Una de las grandes sorpresas fue las del líder sindicalista del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones de euros. Otro caso es el de Fernando Martín, ex presidente de la constructora Martinsa Fadesa, que también dejó un gran agujero en el pago de impuestos a Hacienda tras su quiebra.

Nosotros no hemos tenido aquí nuestro Depardieu, no ha hecho falta porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una pregunta en el Senado sobre la amnistía fiscal y la lucha antifraude al inicio del año 2013 (poco después de que se publicaran los datos de la amnistía), cargó contra “famosos actores” que no tributan en España. No quiso dar nombres, ya que es ilegal a todas luces, pero aseguró: “Nosotros no hemos tenido aquí nuestro Depardieu (el actor francés se cambió de residencia a Rusia para no pagar impuestos en Francia), no ha hecho falta porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España”.