No sólo las pensiones: Bruselas alerta de riesgos para la sanidad pública en España

Aunque el debate público en España se ha centrado en las últimas semanas en las pensiones, cuya reforma es una de las prioridades del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, a Bruselas le preocupa también el impacto en las finanzas públicas del aumento del gasto en sanidad y dependencia provocado por el envejecimiento de la población. La voz de alarma la ha hecho sonar la Comisión en un prolijo informe (en pdf) que detalla los riesgos y recomienda medidas para contener las presiones sobre los sistemas sanitarios.

El Ecofin tiene previsto abordar la cuestión en su próximo encuentro del 8 de noviembre. La crisis económica y financiera ya ha hecho mella en los sistemas sanitarios de los países de la UE. España es -junto con Grecia, Luxemburgo, Portugal e Italia- uno de los Estados miembros donde más ha caído el gasto público per cápita en sanidad. Frente a un crecimiento anual del 4,1% en los años previos a la Gran Recesión (2003-2008), la inversión bajó a un ritmo del 1,2% entre 2008 y 2013, según el informe de Bruselas.

El resultado es que el gasto público en sanidad en España se situó en 2013 (último año con datos comparables disponibles) en el 6,3% del PIB, muy por debajo del 7,8% de media en la UE.

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Pero la presión volverá a subir en los próximos años. Como consecuencia del envejecimiento de la población, entre 2013 y 2060 el gasto sanitario en España aumentará entre 1,1 y 1,9 puntos del PIB, por encima de la media comunitaria (0,9- 1,6 puntos). Con estas proyecciones, la Comisión alerta de que los riesgos de estrés presupuestario para España son "altos a medio plazo" (alrededor del año 2026) debido al elevado nivel de deuda pública. 

De hecho, la esperanza de vida de los españoles (86,1 años para las mujeres y 80,2 para los hombres) se encuentra entre las más altas de la UE. España también ocupa los primeros lugares de la clasificación en años de vida con buena salud (63,9 para las mujeres y 64,7 para los hombres).

En cuanto al estilo de vida, la proporción de fumadores ha caído del 28,1% en 2003 al 23,9% gracias a la ley antitabaco, pero todavía está por encima de la media europea (22,4%). La tasa de población obesa ha crecido del 13,1% en 2003 al 16,6% en 2011, mientras que el consumo de alcohol se mantiene estable.

Cambio de modelo

Pese al menor gasto público que otros países miembros, el estudio de Bruselas elogia que el sistema sanitario español "ha mostrado su capacidad de generar buenos resultados de forma sostenida" en parámetros como la cobertura, el acceso y la equidad financiera, la calidad de la atención o la satisfacción de los usuarios.

No obstante, la Comisión alerta de que todavía persisten "algunos desafíos" y realiza una serie de recomendaciones para contrarrestarlos. Las más importantes se refieren a la contención del gasto farmacéutico y al aumento de la productividad para acabar con las listas de espera. En cuanto a la primera cuestión, Bruselas aconseja incrementar la penetración de los medicamentos genéricos y mejorar la transparencia del gasto farmacéutico hospitalario.

Pero además, el Ejecutivo comunitario reclama que la sanidad española, basada predominantemente en una estructura de prestaciones públicas y cuyo personal está formado sobre todo por funcionarios, evolucione hacia un modelo centrado en los usuarios. "Es necesario un cambio cultural dirigido a incrementar la productividad del sector público con el fin de reducir las listas de espera y responder a las expectativas de los pacientes", dice el informe.

Bruselas aboga también por prestar más atención a la gestión de las enfermedades crónicas, incluidas las mentales, dar más poder a los médicos de familia y aumentar la proporción de enfermeras entre el personal sanitario, que ahora es una de las más bajas de la UE.

Prefinanciar la dependencia

El informe de la Comisión dedica un capítulo aparte al gasto en dependencia, en el que España registra peores resultados. La proporción de dependientes en España subirá desde el 5,3% del total de la población en 2013 al 8,6% en 2060, es decir, un incremento del 64% (muy superior al 36% de media comunitaria). La consecuencia es que el gasto en dependencia se disparará entre 1,4 y 2,9 puntos del PIB, lo que plantea un riesgo alto a la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo, según Bruselas.

Las reformas necesarias en el sistema de dependencia español son mucho más amplias que las de la sanidad pública. La Comisión aconseja en primer lugar mejorar la financiación, con medidas como explorar la posibilidad de seguros privados para cuidados a largo plazo, o introducir elementos de prefinanciación, es decir, reservar determinados fondos públicos para pagar por obligaciones futuras.

España debe además fomentar alternativas al internamiento hospitalario o en residencias, desarrollando en particular la atención domiciliaria. Para ello es necesario facilitar la autonomía de los pacientes, garantizar la formación y disponibilidad de un número suficiente de cuidadores profesionales y poner en marcha políticas de apoyo a los cuidadores familiares, por ejemplo con condicionales laborales flexibles y complementos que compensen los salarios perdidos, señala el informe.

Bruselas reclama también mejorar la gestión del sistema y definir las responsabilidades de cada nivel de la administración a la hora de prestar los servicios de dependencia. Es prioritario proporcionar un nivel de cobertura adecuado y "reducir el riesgo de pobreza de los receptores y de los cuidadores informales".

En cuanto a los proveedores privados de servicios de dependencia que reciben fondos públicos, el Ejecutivo comunitario apuesta por cambiar los incentivos y negociar los presupuestos de antemano o basándose en una tasa prefijada de usuarios. Finalmente, el estudio aconseja mejorar la prevención e invertir en tecnologías de la comunicación y en dispositivos de asistencia que aumenten la autonomía de los pacientes.