“Llevamos más de un cuarto de siglo esperando y no vamos a esperar más”. Con estas palabras los alcaldes demuestran que están preparados para pasar a la acción. La cita es de Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo. El martes se reunió la Junta de la Federación con el objetivo de pasar a la acción. Los ayuntamientos han sido la Administración que más se ha apretado el cinturón durante la crisis, hasta el punto de que tienen un superávit de 4.000 millones de euros (en gran medida gracias al buen ritmo de sus ingresos), han cumplido los objetivos de deuda de 2021 y cuentan con unos ahorros que superan los 15.000 millones.

Durante la crisis han aceptado los recortes y las limitaciones de gasto impuestas desde el Ministerio de Hacienda, pero ahora exigen participar de la recuperación económica. “No vamos a esperar más, queremos una solución” y advierte “vamos en serio”. La FEMP espera avances importantes para este año, pero si no se consiguen, anuncia que convocará una asamblea extraordinaria en la que participarán 8.125 alcaldes y presidentes de diputaciones para adoptar decisiones unilaterales.

No vamos a esperar más, queremos una solución para este año. Vamos en serio.

“Una asamblea con más de 8.000 alcaldes tiene autonomía para tomar decisiones y también para adoptar recomendaciones para la Administración Central y las comunidades autónomas”, señaló el martes Caballero. Todavía no hay fechas previstas en el calendario, pero la voluntad de la FEMP es que los acontecimientos se vayan precipitando durante los próximos meses si no hay avances.

¿Qué piden los ayuntamientos?

La FEMP exige al Gobierno negociar la nueva financiación autonómica por la que llevan “esperando más de un cuarto de siglo”. Sin embargo, no es la financiación lo que más preocupa a los alcaldes, sino cómo poder gastar el dinero que recaudan cada año. El superávit de los ayuntamientos en 2016 volvió a situarse en el entorno de los 4.000 millones de euros (todavía no hay dato del cierre del año).

Si los municipios ahorran tanto cada año no es porque no quieran gastar, es porque no pueden, por eso exigen al Ministerio de Hacienda una modificación en la regla de gasto para que puedan utilizar su superávit. El ministro Cristóbal Montoro prometió a los ayuntamientos la creación de un grupo de trabajo a cuatro bandas, con el Gobierno, las autonomías, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para analizar una modificación de esta regla de gasto, pero todavía siguen esperando.

Esta normativa prohíbe que las distintas administraciones aumenten su gasto por encima del crecimiento potencial de la economía española. En 2016 se estableció en el 1,8%, lo que significaba que las administraciones no podían elevar su gasto corriente más de este nivel. Los ayuntamientos se quejan de que sus ingresos están creciendo a un ritmo superior, lo que les obliga a ahorrar y les impide aprovechar estos recursos para elevar el gasto público.

La FEMP exige también una nueva normativa que les permita utilizar este superávit si no se modifica la regla de gasto, pero es pesimista con que pueda solucionarse para este año. Caballero cree que cualquier cambio que se produzca no llegará antes de junio, por lo que su aplicación práctica ya se retrasará hasta 2018.

No queremos regalar 4.000 millones ni al Estado, ni a las comunidades autónomas, ni a la Seguridad Social

Los ayuntamientos no quieren que su superávit se convierta en un mecanismo para que el conjunto de las Administraciones Públicas cumplan con las exigencias de déficit de Bruselas, que es precisamente con lo que cuenta Montoro. En el Plan presupuestario enviado a la Comisión Europea, el Ministerio de Hacienda señalaba que los 4.000 millones de superávit previsto para las corporaciones locales servirá para cuadrar el déficit por debajo del 3,1% del PIB acordado para este año.

Al controlar el gasto de los ayuntamientos, Montoro gana margen para el resto de Administraciones. Pero Caballero ya advirtió el martes que los alcaldes “no quieren regalar 4.000 millones de euro al Estado, las comunidades autónomas ni la Seguridad Social”. Y advirtió, “estamos en un momento distinto, vamos a por todas”.

Recuperar el número de funcionarios

Por último, los ayuntamientos exigen a Hacienda que en los próximos años puedan recuperar el número de funcionarios que tenían antes de la crisis. Desde 2011 el número de funcionarios de la Administración General se ha reducido en 68.000 efectivos y el de las autonomías, en 49.700 efectivos. En este tiempo los ayuntamientos han perdido 99.000 funcionarios, casi lo mismo que las otras dos Administraciones juntas.

La FEMP exige que las corporaciones locales puedan recuperar el número de funcionarios que han perdido y, para ello, el primer paso es dejar de perder efectivos. Por ese motivo pide al Gobierno que permita elevar la tasa de reposición hasta el 100%, para que cada funcionario que salga tenga un sustituto.

Caballero es consciente de que el empleo ha cambiado en este tiempo y que muchos funcionarios ya no podrían realizar el mismo trabajo que hacían hace un lustro. Por ese motivo pide que las futuras contrataciones sirvan para “adaptarse a las necesidades de la modernidad”.