OHL pone en riesgo las cuentas públicas del estado de México DF
La constructora contabiliza 5.000 millones de euros de inversión y esgrime 'rentabilidad garantizada'
1 diciembre, 2015 02:46Noticias relacionadas
La constructora española se ha hecho con el mercado de infraestructuras en México. Es un hecho tan real como el escándalo que ha estallado en los últimos meses a cuenta de los presuntos sobornos y cohechos entre directivos de la constructora y funcionarios del gobierno regional del estado de México, la ‘autonomía’ que rodea Distrito Federal. Sin embargo, las concesiones de autopistas de OHL en el país se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para las autoridades mexicanas.
Según la interpretación del grupo español, las administraciones aztecas avalan su inversión de 5.000 millones de euros, en efectivo, si mañana decidiesen revocar estas concesiones o si no obtiene la rentabilidad esperada. Según la información financiera de la compañía, OHL contabiliza como activo financiero con garantía de retorno inmediato esos 5.000 millones invertidos en las ocho infraestructuras que tiene en el país azteca, con el Circuito Mexiquense (Conmex), Autopista Urbana Norte, Viaducto Bicentenario o Vía Rápida.
La constructora española cuenta con ‘rentabilidad garantizada’, esto es, que OHL percibirá la totalidad de lo invertido más una TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) de entre el 7% y 10% anual, que en caso de no sufragarse debería ser compensada. La mayoría de estas infraestructuras se encuentran radicadas en el Estado de México, la autonomía que rodea la capital DF. Pero, ¿realmente podría devolverlo y está garantizado?
Es por ello que los avales sobre estas infraestructuras pondrían en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas de la administración regional, vulnerando los techos de endeudamiento de México. En el caso del estado autonómico, de ser como cuenta OHL, sólo la inversión asociada al Conmex es equivalente al 100% de su deuda actual de 60.000 millones de pesos (apenas 3.400 millones de euros), que se duplicaría en el caso de que OHL no haga frente a sus compromisos.
Dilema, ¿activo financiero o intangible?
El matiz lo puede ser todo para OHL México, que espera el inminente dictamen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para modificar la contabilidad de sus principales activos en México. Si es considerado un activo financiero está garantizado el derecho de retorno económico durante un tiempo predeterminado. Sin embargo, en 2011, la compañía lo incluyó como intangible, es decir, sin garantía económica predeterminada.
El debate, lejos de ser frívolo, mantiene a la gresca a OHL con el supervisor mexicano. Tanto que la constructora de los Villar Mir encargó escritos a Deloitte -su auditora desde hace 25 años-, KPMG, EY, PwC y los despachos Jones Day, Garrigues y Mitjans para que respaldasen su contabilidad ante la CNBV. De ello depende que tenga que modificar sus resultados financieros y que haya vulnerado la Ley del Mercado de Valores de México, según denuncia la CNBV, que ya ha recibido ya las alegaciones de OHL y se dispone a emitir su opinión antes de final de año.
Auditoría del tráfico
Por otro lado, en caso de que los niveles de tráfico (aforo) en las vías de peaje no alcancen lo estipulado en el contrato de concesión, OHL puede invocar una compensación en forma de prórroga temporal de la concesión o subida de tarifas para compensarlo. Esto ha sucedido ya por tres veces en el Conmex, cuyas tasas se han elevado un 20% en los tres últimos años.
“OHL México -que cotiza en la Bolsa de México, aunque está bajo control de la empresa española- presuntamente no informó debidamente al mercado acerca de las diferencias entre los niveles de tráfico actuales en sus concesiones y las proyecciones de los mismos”, según dijo la CNBV a OHL a finales de octubre.
En este contexto se enmarca otro de los choques que tiene OHL en México, después de su negativa a que el tráfico que mide la propia compañía sea auditado por un tercero. Infraiber, una pequeña consultora tecnológica que también tiene contrato público, ha denunciado al gestor de autopistas Saascaem y el propio estado de México DF por los obstáculos a la hora de poder instalar sus equipos de medición de tráfico y poder ejecutar su contrato con el Estado de México D.F.