Pedraz exoneró de corrupción a la empresa que luego fue la gran donante de Garzón

El juez Santiago Pedraz archivó en mayo de 2011 una denuncia pública que acusaba al grupo Eurofinsa de comprar a funcionarios y políticos en Angola. Y siete meses después, la constructora se convirtió en el principal donante español de la recién creada Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el organismo creado tras la sentencia que apartó al magistrado de la carrera judicial para canalizar sus conferencias, cursos y acciones sociales. En dos años (2012 y 2013), la constructora donó un total de 400.000 euros a la entidad.

La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Eurofinsa acreditaba la entrega de joyas, coches e incluso 16,5 millones de euros en supuestos préstamos a altos responsables del gobierno angoleño. Sin embargo, el juez Pedraz consideró que no estaba suficientemente acreditada la voluntad de la constructora española de corromper a los funcionarios para conseguir 300 millones de euros en contratos públicos. La decisión supuso un considerable revuelo jurídico, comparable a la puesta en libertad el pasado mes de enero del ex presidente del PRI mexicano Humberto Moreira, acusado de blanqueo de dinero, malversación y cohecho por la Fiscalía Anticorrupción y que utilizó también al ex juez Garzón en 2012 como asesor para la carrera presidencial mexicana.

En el caso de Eurofinsa, Pedraz consideró acreditada la existencia de los regalos, pero –tal y como adelantó El Confidencial en mayo de 2015- los justificó en su auto, ya que “podrían ser en atención al cargo o por amistad subsiguiente”. “No se sabe qué acción u omisión o qué acto injusto han realizado los funcionarios señalados”, apostilló el juez en mayo de 2011. La operación más cuestionada fue la entrega de 16,5 millones de euros al hijo del presidente angoleño –José Filomeno De Sousa Dos Santos- por medio de varias sociedades interpuestas.

La Fiscalía Anticorrupción considero que los fondos estaban destinados a conseguir sin concurso público un contrato de 300 millones de euros entre Eurofinsa y el Instituto de Carreteras de Angola (INEA). A juicio del juez, no existían pruebas de que el hijo del presidente hubiera utilizado su influencia para favorecer los intereses de la constructora española. Así, Pedraz dio por buena la versión de la defensa: que el dinero era un préstamo para que De Sousa comprara una casa en Londres. La operación dejó además por el camino otros 3,5 millones de euros para varios asesores.

En su auto de archivo, el juez da por buenas las presuntas asesorías, de las que no se presentó documento alguno. “El hecho de que no conste documentación sobre hechos concretos de asesoría no implica que no exista, pues puede basarse en reuniones, llamadas de teléfono, correos.. “, una tesis que dista mucho, por ejemplo, de la mantenida por el instructor del caso Nóos, donde el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin realizaba también presuntas asesorías para diversas compañías privadas.  

En otro punto del auto –según recogen las crónicas de la fecha- Pedraz argumenta que “Angola es un país en desarrollo, con lo que ello comporta a la hora de lograr negocios en el mismo”. La decisión del juez fue tan polémica que dos años después, el caso fue puesto como ejemplo tras un duro informe de la OCDE que acusaba a España de ser condescendiente con los sobornos que sus empresas pagaban en el extranjero.

Ayudas a la fundación de Garzón

Seis meses después del archivo, en diciembre de 2011, Baltasar Garzón creó su fundación para luchar por los derechos humanos. La contabilidad de la entidad recoge como único gran donante en España a la empresa Eurofinsa SA. La firma abonó ese año 250.000 euros a la fundación recién creada. Y otros 19.087 por medio de una filial vinculada en México. Ese dinero, junto a los 433.000 euros donados por la Fundación Mexicana Aliter, sirvió para poner en marcha la entidad comandada por el ex juez Garzón.

Con estos datos, es imposible conocer si el dinero donado por Eurofinsa responde a una acción de responsabilidad social, a una campaña de marketing para desvincular su nombre con la corrupción tras la investigación judicial en su contra o a la voluntad de mantener buenas relaciones con el entorno de los juristas con contactos en la Audiencia Nacional. Tampoco existe legislación alguna –en España o en el resto de los países donde opera- que impida a la FIBGAR recibir tal cantidad de fondos (400.000 euros en dos años) de una constructora investigada por el órgano jurídico del que Baltasar Garzón formaba parte.

Los servicios de Arístegui y De La Serna

El nombre de la constructora Eurofinsa volvió a aparecer este mismo mes de enero en los autos emitidos por la Audiencia Nacional, esta vez en una investigación desarrollada por el juez José De La Mata.  La constructora aparece como una de las empresas que contrataron los servicios del despacho Voltar Lassen, levantado por el ex embajador de España en La India Gustavo de Arístegui y el senador Pedro Gómez de la Serna. Ambos están siendo investigados por la Audiencia Nacional y acusados de utilizar sus contactos políticos para beneficiar a distintas empresas fuera de España. Eurofinsa figura como una de las constructoras que presuntamente utilizaban sus servicios.