Las 20 propuestas de Podemos que han dinamitado la reunión con el PSOE y Ciudadanos

Pablo Iglesias ha acudido a la reunión a tres junto a PSOE y Ciudadanos con un documento de 20 propuestas para "desbloquear la situación política". 20 puntos de "cesiones", según Podemos, cuyo último de ellos ha servido para dinamitar el encuentro ya que en éste se recoge la formación de un Gobierno entre las fuerzas "progresistas" de izquierda (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, IU y Compromís) sin contar con Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera. 

Estas son las 20 propuestas del documento.

1. RENTA GARANTIZADA

Implementación por fases de un programa que sitúe a toda la población española por encima del umbral de la pobreza monetaria, mediante el cobro de una renta diferencial y complementaria de 500 euros al mes. Es decir, proponemos que no se reciba una cantidad fija, sino la diferencia entre los ingresos existentes y el umbral de renta que se establezca.

Por tanto, no solo se atendería a las familias que carecen de cualquier tipo de ingresos, sino también a aquellas que se encuentren en situación de pobreza. La prestación se calcularía a nivel de unidad de convivencia, aumentando la cuantía de la prestación básica por persona equivalente (en un 35% para la primera persona adicional y en un 20% para cada una de las demás).

En la segunda mitad de la legislatura esta renta complementaria se incrementaría progresivamente hasta alcanzar los 600 euros al mes.

2. EDUCACIÓN. ESCUELAS INFANTILES

Los recortes en los servicios públicos fundamentales tienen que revertirse para garantizar la equidad y la cohesión social. Deberían recuperarse en 2017 los niveles nominales de gasto en educación que se registraron en 2009, y recuperar en 2019 el peso del gasto en estas partidas sobre el PIB que se registraba en 2009 (4,6%) en vez de reducirlos (hasta el 3,7% del PIB) como prevé actualmente el Programa de Estabilidad.

Esta dotación presupuestaria permitiría desarrollar una política de recuperación de estos servicios públicos, así como la puesta en marcha de nuevos derechos, como es la universalización de la educación de 0 a 3 años. En concreto, durante la segunda mitad de la legislatura se debe acometer la universalización de los cursos de educación infantil correspondientes a los 2 y 3 años.

La reversión de los recortes educativos tiene que ir además acompañada de otras medidas que garanticen la recuperación de una educación pública y de calidad. Se deberá derogar la LOMCE y se abrirá un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación.

3. SANIDAD. COPAGOS FARMACEÚTICOS

Los recortes en sanidad, al igual que en educación, deben revertirse también. Es necesario recuperar en 2017 los niveles nominales de gasto en sanidad que se registraron en 2009, y recuperar en 2019 el peso del gasto sanitario sobre el PIB de 2009 (6,8%), en vez de reducirlo hasta el 5,3% del PIB como contempla el Gobierno del Partido Popular.

En materia sanitaria, la reversión de los recortes se acompañará además de una serie de medidas que refuercen y garanticen el carácter de servicio público de la atención sanitaria, como es por ejemplo el acceso universal a la tarjeta sanitaria, impulsando para ello la correspondiente modificación legislativa orientada a blindar el carácter universal de la sanidad española.

Se derogará además el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, y se eliminarán aquellos copagos que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de los tratamientos.

4. PENSIONES

Los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, derivados tanto de la evolución demográfica como del déficit de empleo y la precariedad laboral de la economía española, se han abordado hasta ahora, fundamentalmente, tratando de reducir los gastos (y, por tanto, los derechos de los pensionistas).

Las últimas reformas han retrasado la edad de jubilación, han incrementado el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la pensión completa (aumentado, a su vez, el periodo de cálculo de la base reguladora) y han introducido el factor de sostenibilidad (efectivo a partir de 2019) y el factor de revalorización.

5. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Los dos decretos aprobados por el Gobierno del Partido Popular en 2012 y 2013 han retrasado la implantación de la Ley de Dependencia y han disminuido las aportaciones de la Administración General del Estado a su financiación.

En 2015, el coste total del sistema de dependencia se situó en torno a los 6.600 millones de euros, un coste prácticamente congelado desde 2011. Esto ha conllevado una reducción del gasto medio por persona dependiente, al crecer el número de atendidos. Por otro lado, la infradotación del sistema ha supuesto que actualmente haya 385.000 personas que tienen derecho a atención, pero que se encuentran en lista de espera.

6. VIVIENDA Y SUMINISTROS

Impedir los desahucios de personas en situación de exclusión o emergencia social por impago de sus obligaciones contractuales sin una alternativa habitacional.

-Regular la obligación legal de colaboración para la provisión de vivienda para políticas sociales por parte de los grandes tenedores de viviendas.

- Convertir la SAREB en un instrumento de gestión de un parque público de viviendas en alquiler que preste especial atención al alquiler social.

7. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Todas las políticas desarrolladas por el Gobierno deben incluir una perspectiva de género, teniendo en cuenta el diferente impacto que estas tienen en mujeres y en hombres.

En todo caso, debe garantizarse que las políticas públicas desarrolladas en el marco de una nueva agenda social sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades de género.

Además, el Gobierno adoptará un plan específico con medidas activas para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el campo económico y laboral.

8. TERMINAR CON LA AUSTERIDAD FISCAL

La situación económica, laboral y social exige un cambio en la política presupuestaria para la próxima legislatura. No puede existir agenda social, ni la ambiciosa política de inversiones públicas que se necesita para promover el cambio de la estructura productiva y el aumento de la productividad, sin una dotación presupuestaria suficiente.

Sin un impulso de la actividad económica no se creará más empleo. Además, la austeridad fiscal no solo es contraproducente para el crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también lo es para alcanzar los objetivos de reducción del déficit que dice perseguir.

9. NUEVA SENDA DE REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

El próximo Gobierno deberá presentar y acordar con las autoridades europeas una nueva senda de reducción del déficit público que resulte coherente con las prioridades de nuestra economía: apuntalar la recuperación económica, incrementar el ritmo de creación de empleo, impulsar inversiones públicas que modifiquen el patrón de especialización industrial y fortalecer los servicios sociales y el Estado de bienestar para luchar contra las desigualdades.

Esto exige un ritmo de reducción del déficit significativamente más paulatino que el planteado por la Comisión Europea, y que en todo caso se produzca como consecuencia de una mejora en la financiación del Estado y no gracias a nuevos recortes del gasto público.

Pensamos que el ritmo debe ser de 0,75 puntos porcentuales de reducción anual, para pasar del 5,2% actual al 2,2% al final de la legislatura. Un ritmo superior podría fácilmente traducirse en una nueva asfixia económica y en la imposibilidad de fortalecer la cohesión social en nuestro país.

10. REFORMA TRIBUTARIA PROGRESIVA

El objetivo de esta reforma fiscal debe ser elevar la capacidad recaudatoria de la Hacienda española, que recordemos se encuentra a 8 puntos del PIB por debajo de la media de la UE. Una reforma tributaria ambiciosa debería incrementar 3 puntos porcentuales la ratio de ingresos/ PIB a lo largo de la siguiente legislatura.

El mecanismo fundamental para conseguir este incremento en la recaudación debe ser la lucha contra el fraude fiscal y la ampliación de las bases tributarias. Además, deberán acercarse los tipos efectivos a los tipos nominales mediante la eliminación de las deducciones más regresivas, deberá instaurarse un tipo efectivo mínimo para las grandes empresas (del 15%), habrá que desarrollar un impuesto sobre transacciones financieras, recuperar y reforzar los impuestos sobre la riqueza, sucesiones y donaciones (modificándose además el mínimo exento en el impuesto de patrimonio).

Tendrá que reducirse además la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro, y deberá regularse la fiscalidad de las SICAV para eliminar las «pantallas tributarias». Debe instaurarse un «impuesto de solidaridad» a las entidades financieras privadas con carácter extraordinario, con el fin de recuperar parte de las ayudas públicas recibidas por el sector.

11. REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

La sociedad española en el curso de la crisis se ha hecho cada vez más desigual. Esto es consecuencia de la propia crisis y, especialmente, de las políticas aplicadas durante estos años. Es necesario revertir esta fuerte tendencia hacia la desigualdad, y el primer ámbito donde esto debe y puede hacerse es en el ámbito laboral.

Para ello es necesario reequilibrar la negociación colectiva y luchar contra los bajos salarios, determinantes de que la pobreza se haya extendido incluso entre quienes tienen un puesto de trabajo. Además, es necesario impulsar una reforma de nuestro mercado de trabajo que sea capaz de atajar el fenómeno de la creciente precariedad laboral, asociada en buena medida a un injustificado nivel de temporalidad y a una elevada cuota de empleos a tiempo parcial no deseado.

12. PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA (PNTE)

Un PNTE estructurado alrededor de dos ejes:

Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas.

Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación.

13. REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA HIPOTECARIA DE LOS HOGARES

El peso de la deuda privada sigue siendo muy importante en nuestro país, en particular de la deuda hipotecaria de los hogares. Entre 2000 y 2007 se firmaron en España más de 7 millones de hipotecas. La sostenida caída en el precio de la vivienda entre 2008 y 2015 ha llevado a que buena parte de aquellas hipotecas presenten en la actualidad una importante desproporción entre el valor nominal que se consignó en su momento y el valor real que los activos inmobiliarios tienen hoy en el mercado. Así, son muchos los hogares sobre los que pesa una importante losa económica: un elevado nivel de endeudamiento que lastra la demanda privada y dificulta la recuperación.

Pensamos que es necesario impulsar la reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas de primera vivienda en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros estén en paro y no cuenten con ningún otro ingreso o hogares que presenten ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM). Por otro lado, se debe impulsar un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas (fase de conciliación/fase de vista judicial), en el marco de un nuevo régimen de segunda oportunidad que realmente libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.

14. NUEVA POLÍTICA INDUSTRIAL

Nuestro modelo productivo necesita que se articulen aquellas medidas que puedan impulsar un cambio en las especializaciones sectoriales e industriales que permitan desplazar nuestro tejido empresarial hacia ramas de mayor valor añadido y mayor productividad. Para ello, se fijará como objetivo que la inversión nacional en l+D+i se sitúe en el 2% del PIB. En esta nueva política industrial cobran un mayor peso los instrumentos financieros públicos para crear sinergias entre las capacidades innovadoras y financieras del sector privado y del sector público.

Con el fin de que España cuente también con una importante red de banca pública para llevar a cabo estas políticas, el Gobierno renegociará los términos del Memorando de entendimiento firmado con la UE para poner en marcha una potente y eficaz banca pública a partir de las entidades ya nacionalizadas Bankia y Banco Mare Nostrum, que no serán reprivatizadas, y del ICO.

15.REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Debe garantizarse el acceso a la función pública de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Tales principios deben presidir igualmente la vigencia de la vida funcionarial y los derechos de los empleados públicos, en lo relativo a la provisión de puestos de trabajo, sistema de carrera administrativa y promoción interna. No obstante, debe impulsarse una reforma de la función pública que adapte la carrera funcionarial a las necesidades de la sociedad actual y actualice algunos aspectos de su marco regulador.

Aceptamos la propuesta de Ciudadanos incluida en el documento suscrito junto con el PSOE (página 50) de elevar de 5 a 10 años el periodo mínimo de servicio activo del funcionariado para pasar a excedencia voluntaria y establecer un periodo máximo de permanencia en esta situación.

16. SISTEMA ELECTORAL.

España, al igual que la mayoría de las democracias parlamentarias, cuenta con un sistema electoral de fórmula proporcional que distribuye a los representantes en Cortes en las distintas circunscripciones de acuerdo con un doble criterio de representación territorial y proporcional.

Sin embargo, el diseño confeccionado por los constituyentes configuró uno de los sistemas electorales de fórmula proporcional menos proporcional de Europa, con efectos homologables al sistema mayoritario británico. Defender la igualdad política implica apostar por un sistema electoral en el que el voto de todas las personas cuente lo mismo: una persona, un voto.

17. FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS

Desarrollo de una nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, centrada en la prevención del delito específico para los partidos y la erradicación de la corrupción con las siguientes propuestas relativas al control de la financiación:

• Equiparación de la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos.
• - Prohibición de las donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente establecido para las donaciones monetarias.
• - Limitar severamente el endeudamiento bancario por parte de partidos políticos.
• - Aumento del plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos y aclaración de los casos de duplicidad de sanciones.
• - Desarrollo específico adaptado a formaciones políticas de la norma expresada en el artículo 31 bis del Código Penal dirigida a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• - Publicar la identidad de todo aquel donante que aporte más de 5.000 euros al año.

18.PUERTAS GIRATORIAS

Si importante es una correcta regulación de las incompatibilidades de los cargos públicos, la prohibición de las denominadas «puertas giratorias» es una de las principales medidas en materia de transparencia, blindando constitucionalmente estas incompatibilidades para altos cargos públicos. Para ello, se deben adoptar las siguientes medidas:
- Extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales.
- Acceso público a las agendas de los cargos públicos, especialmente en su relación con las empresas privadas y el establecimiento de la incompatibilidad de contratar con aquellas con las que exista o haya existido algún vínculo personal, familiar o relación de amistad conocida públicamente.
- Extender la incompatibilidad de los cargos públicos y políticos a las relaciones profesionales remuneradas de cualquier tipo con empresas o grupo de ellas que previamente hayan tenido alguna relación contractual con la Administración o hayan recibido subvenciones o exoneraciones de cualquier tipo.

19.DERECHO A DECIDIR

El desarrollo de los procesos de descentralización propuestos en el título VIII de la Constitución a lo largo de las últimas tres décadas ha revelado imprescindible una reformulación del modelo territorial para que todas las naciones, comunidades políticas y territorios puedan encontrar su encaje dentro de España si así lo deciden.

Para poder garantizar que se haga desde la plena adhesión a un proyecto común, lo anterior debe tener como correlato la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad. Es en ese marco, el de la reconstrucción de un proyecto común, donde queremos desarrollar un Estado plurinacional en el que todas las comunidades nacionales y culturales puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario sin imposiciones.

Proponemos empezar así por el reconocimiento previo y específico de las diversas realidades nacionales, para poder abordar después el modelo territorial, mientras aseguramos el respeto a los diversos campos competenciales.

Dado el bloqueo de las posiciones en relación a esta materia, desplazamos el ámbito de negociación para la resolución del encaje de Cataluña en España al ámbito de una mesa de negociación integrada por En Comú Podem y PSC, comprometiéndonos a asumir como propio el acuerdo que ambas fuerzas alcancen.

20.GOBIERNO DE COALICIÓN

Un Gobierno de cambio debe estar integrado en coalición por las distintas fuerzas progresistas que lo sustentan (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, IU y Compromís) en función de sus respectivos apoyos electorales. Este debe ser un Gobierno de cambio, plural y proporcional, que asuma que el nuevo sistema pluralista obliga a abandonar el rodillo parlamentario de las mayorías absolutas e instala el diálogo y el respeto en el centro de la vida política, tanto en Congreso como en el Ejecutivo; un Gobierno de coalición que posea la virtud de construir estabilidad política en un escenario fragmentado y facilite la normalización del diálogo entre partidos con planteamientos políticos diferentes.

Para ello, apostamos por un Gobierno en el que, además de los representantes de las distintas fuerzas progresistas y de cambio, se integren personas independientes acordadas por consenso. Podemos facilitará todo cuanto le sea posible la formación de ese Gobierno. El propio Pablo Iglesias ya ha declarado que si su presencia en dicho gobierno constituye un obstáculo para su conformación, él dará un paso atrás.

La propuesta de Gobierno de coalición hecha pública por Podemos y sus confluencias contemplaba la Vicepresidencia del Gobierno para Pablo Iglesias, y un Ejecutivo integrado por miembros de los respectivos partidos. El Secretario General de Podemos ha dado un paso atrás para permitir la conformación de este Gobierno, y además Podemos asume la posibilidad de que no todos los integrantes del Ejecutivo tengan que ser personas de uno u otro partido, sino posibles independientes de consenso.