El juez del Supremo esperará al 26J para llamar a declarar a Homs

El diputado de Democracia y Libertad (antes Convergencia de Cataluña) Francesc Homs no tendrá que acudir a declarar al Tribunal Supremo en calidad de investigado (actual denominación de los imputados) antes de las elecciones generales del 26 de junio.

El magistrado de la Sala Penal Andrés Palomo, nombrado instructor de la causa abierta a Homs por la celebración de la consulta independentista del 9N pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional, no citará al diputado encausado antes del 26J, según fuentes del tribunal. Podría hacerlo, porque Homs mantiene su condición de parlamentario aforado al ser miembro de la Diputación Permanente del Congreso, pero el instructor respetará la tradicional praxis de no interferir en el proceso electoral con actuaciones que conciernen a políticos.

Homs repite como candidato

No es la única razón por la que Francesc Homs podrá estar judicialmente tranquilo hasta después de las elecciones, a las que concurrirá de nuevo como candidato. El auto sobre la iniciación de la causa se ha notificado este lunes y el instructor aún debe recibir la documentación de las diligencias tramitadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en las que han aparecido los indicios contra el ex consejero de Presidencia de la Generalitat. El magistrado Palomo necesitará, pues, varios días para estudiar el procedimiento antes de estar en condiciones de interrogar a Homs.

El TSJC ha investigado durante los últimos meses al ex presidente de la Generalitat Artur Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera de Educación Irene Rigau por su implicación en la celebración de la consulta separatista. En el marco de ese procedimiento, la empresa contratada para realizar la aplicación informática utilizada en las votaciones aportó una carta escrita por Homs para disuadirla de abandonar los trabajos cuando se conoció la suspensión acordada por el TC.

De acuerdo con la exposición razonada que elevó al Supremo el magistrado del TSJC Joan Manel Abril, Homs "conocía la existencia de la suspensión, no sólo por haberla recibido en su departamento mediante correo electrónico del Tribunal Constitucional al gabinete jurídico el mismo día 4 de noviembre [de 2014] sino por ser, como él mismo indica, el máximo responsable de los servicios jurídicos. De ahí que cuando uno de los contratistas solicitó instrucciones de qué hacer ante la suspensión de la consulta y esta solicitud le llegó, con pleno conocimiento de la existencia de la suspensión y del carácter central y relevante del servicio que debía prestar el contratista para la realización de la consulta, le indicó en fecha 6-11-2014 que su prestación no se encontraba afectada por la resolución de suspensión del Tribunal Constitucional".

Además, empresas contratadas por el departamento de Homs continuaron con la publicación de anuncios institucionales de la jornada del 9-N y con presupuesto de la Consejería de Presidencia se adecuó un pabellón en Montjuic para instalar el centro de prensa desde el que se hizo el seguimiento de las votaciones.

De acuerdo con el escrito de Abril, esos hechos podrían constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos, que son los que el Supremo menciona en la resolución por la que abre la causa a Francesc Homs.

Impasse en Barcelona

Por su parte, la Fiscalía del TSJC ha pedido al instructor de la causa contra Mas, Ortega y Rigau -que se sigue instruyendo en Barcelona, al no haber aceptado el Supremo nada más que lo relativo al ex consejero de Presidencia- que la declare compleja a efectos de ampliar en 12 meses más el plazo de tramitación de las diligencias.

El escrito de los fiscales explica que, tras la elevación del procedimiento al Supremo, las diligencias del TSJC "se han visto temporalmente paralizadas" y es previsible que no puedan cerrarse antes del próximo 6 de junio, cuando concluye el plazo inicial de seis meses establecido para que termine la instrucción.

La Fiscalía considera justificado prorrogar el procedimiento hasta el límite de 18 meses, lo que pasa por declararlo complejo. El instructor, que todavía no ha decidido sobre esta petición, tiene pendiente resolver, entre otras cuestiones, la petición de los investigados de que se archive la causa.