El Gobierno vasco no acusa a los tres ex altos cargos de Sanidad incriminados por el fiscal

El Gobierno vasco no acusará en el caso Margüello. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha decidido no ejercer la acusación penal contra los tres ex altos cargos de la Sanidad vasca para los que la Fiscalía reclama un total de 28,5 años de prisión y una indemnización de casi 7 millones de euros, - que afrontan conjuntamente con una cuarta acusada-, por los perjuicios económicos causados a la Administración vasca.

Lejos de sumarse a las peticiones de cárcel de la Fiscalía contra los altos cargos nombrados durante la época del lehendakari Ibarretxe, el actual Gobierno vasco liderado también por el PNV considera que los acusados no incurrieron en ningún delito y sus actuaciones, por tanto, no son merecedoras de ningún reproche penal.

En el escrito dirigido al Juzgado por sus servicios jurídicos se reserva únicamente la posibilidad de reclamar, vía responsabilidad civil, la indemnización pertinente en el supuesto de que el tribunal acredite la existencia de delito, condene a los acusados y establezca el pago de una compensación económica.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha confirmado este martes que ejercitarán únicamente la acción civil para "impedir daño patrimonial a la Hacienda pública" y "exigir" la restitución del dinero si finalmente se comprueba que fue "ilegalmente utilizado".

Erkoreka ha justificado esta posición en consonancia con la que el Ejecutivo mantiene en el resto de procedimientos judiciales similares, en alusión implícita entre otros al caso De Miguel, que da nombre a una trama para el cobro de comisiones ilegales en la que están acusados exdirigentes del PNV de Álava. Ha asegurado además que sigue el criterio dictado por el Parlamento Vasco en cuanto a su personación para la recuperación de los fondos.

Ha mencionado que los servicios jurídicos han actuado teniendo en cuenta el resultado de los distintos procedimientos abiertos por los tribunales en torno al caso Margüello. En este sentido, ha recordado que la Audiencia Provincial de Bizkaia ya juzgó y absolvió -de un delito de prevaricación- a uno de los cuatro acusados.

Finalmente ha aportado un dato, que el Gobierno no había hecho público hasta el momento, según el cual las empresas beneficiadas por las presuntas irregularidades estarían ganando en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo y el Ejecutivo se estaría viendo obligado a resarcirlas por incumplimientos con cantidades que en algún caso se han elevado hasta 1,6 millones de euros.

CAMBIO DE GOBIERNO Y DE EMPUJE

La postura de no acusar adoptada desde Lakua genera controversia porque fue el propio Gobierno vasco quien en 2009 acudió a la Fiscalía para denunciar el posible perjuicio causado a las arcas vascas por adjudicaciones presuntamente irregulares cometidas por el Departamento de Sanidad cuando era consejero Gabriel Inclán (PNV). Ahora, el Ministerio Público, continúa en solitario con la acusación.

¿Qué ha cambiado a lo largo de este tiempo? Hace ocho años el Ejecutivo estaba gobernado por el PSE-EE, con Patxi López como lehendakari , y fue su consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, quien a raíz de informaciones periodísticas publicadas por El Mundo del País Vasco investigó las presuntas irregularidades, recabó la documentación y acudió a la Fiscalía.

Desde entonces el Gobierno vasco ha estado personado en las diligencias instruidas, que han transitado por complejas vicisitudes, pero el empuje con el que inició la acción judicial se fue diluyendo en su seno con la salida del PSE-EE del Ejecutivo y una vez que el PNV recuperó el control de Ajuria Enea.

De hecho, ni el partido de Ortuzar ni el consejero de Salud nombrado por Urkullu, Jon Darpón, han reconocido nunca la existencia de un posible fraude en las contrataciones.

Por el contrario, Darpón, que formaba parte del equipo de Inclán, salió en defensa de los acusados antes de acceder a la cartera de Salud. En marzo de 2011 avaló y presentó la declaración pública realizada en el Parlamento por el exconsejero del PNV, en la que éste negaba la existencia de corrupción alguna en la gestión llevada a cabo bajo su mandato.

En aquel manifiesto se arremetía contra el informe del Tribunal vasco de Cuentas y la actuación de la comisión parlamentaria de investigación. Ambos órganos detectaron irregularidades y se adelantaron en el relato de los hechos señalados como delictivos al cierre de la instrucción judicial en marzo pasado y en la calificación del fiscal, conocida hace apenas un mes.

Desde que el pasado diciembre se hicieron públicas las peticiones de la Fiscalía de Bizkaia, en un duro escrito de acusación, existía cierta expectativa por conocer la posición que adoptaría el actual Ejecutivo vasco, ya que el PNV gobierna ahora en coalición con el PSE-EE, principal impulsor de las investigaciones llevadas a cabo en legislaturas anteriores.

Algunos grupos parlamentarios , como EH Bildu y el PP, se habían anticipado ya a la posición que finalmente ha adoptado el Gobierno con iniciativas planteadas en la Cámara. A una interpelación al lehendakari presentada por la coalición abertzale se sumará próximamente una pregunta del PP a Urkullu para su respuesta en pleno.