Cifuentes se 'coló' en el comité de técnicos que benefició a Arturo Fernández

La hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, formó parte del comité de expertos y presidió la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid que en 2011 adjudicó la gestión de la cafetería al empresario Arturo Fernández, y que está siendo investigado por el presunto amaño de la adjudicación. Sin embargo,José Ignacio Echevarría, que fue presidente de la cámara regional, ha declarado en la causa que Cifuentes no podía estar en el comité de expertos.

“¿Siendo presidenta de la Mesa de Contratación, Cristina Cifuentes podía formar parte de ese grupo de técnicos que evalúa las ofertas?”, preguntó la fiscal del caso Púnica al exdirigente madrileño del PP en su interrogatorio como investigado el pasado 8 de marzo. “No, no”, respondió, Echevarría ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Echevarría explicó que la terna de expertos que realizaron la valoración de las ofertas (entre los que estuvo Cifuentes) debía estar formada por "funcionarios" o técnicos expertos en la materia, y que los "políticos" tomaban parte sólo en la Mesa de Contratación, presidido por Cifuentes. 

“Ella no estaba firmando en el comité de expertos. Ella formaba parte de la Mesa de Contratación”, aseguró el expresidente de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, cuando se concedió al grupo Cantoblanco uno de los dos contratos investigados por la Guardia Civil, Cifuentes sí firmó a favor de Fernández, tanto en el comité de expertos como en la Mesa de Contratación. Lo hizo en las adjudicaciones de 2009 (por un periodo de dos años) y 2011. Esa bicefalia en ambos comités se ha convertido en línea de investigación para la Guardia Civil.

Echevarría, que prestó declaración como investigado en la pieza que analiza la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, entró en la Asamblea de 2011, cuando se le adjudicó a Arturo Fernández el segundo contrato para gestionar la cafetería de la Cámara. Los investigadores trabajan con la tesis de que el empresario donó 60.000 euros a Fundescam (la fundación del PP de Madrid) en pago por la concesión de estos contratos, además de otros 100.000 euros que aportó la patronal madrileña, que él presidía, en plena campaña electoral de 2007. 

Según relató Echevarría en su interrogatorio, él no era quien elegía al comité de expertos que debía evaluar las ofertas para las adjudicaciones. “Eran funcionarios y se nombraban desde la secretaría general de la Asamblea”, explicó, en clara contradicción al hecho de que Cifuentes formara parte de ese comité de expertos.

“¿No había cargos públicos?”, le insistió la fiscal Anticorrupción. “El comité de expertos son funcionarios de la casa. Luego está la Mesa de Contratación. Ahí ya hay técnicos y un representante de cada grupo político”, señaló.

Nada de políticos

“¿En el comité de expertos, en el contrato de Cantoblanco, no había políticos, diputados o representantes como Cristina Cifuentes?”, se le volvió a preguntar. “No señora. No hay ningún comité de expertos, nada más que el grupo técnico de funcionarios que son los que evalúan las ofertas. Después está el órgano donde se adjudica, y ahí sí hay políticos, porque son miembros de la Mesa. Si me pregunta por Cifuentes será porque ha visto su nombre. Estaba porque era la secretaria segunda de la Asamblea, no porque pasara por ahí”, mantuvo Echevarría.

La Guardia Civil sostiene en sus informes que Cifuentes pudo cometer un delito de prevaricación continuada por amañar el contrato para favorecer a Fernández. Concretamente, al Instituto Armado le parece irregular el hecho de que ella formara parte del comité de expertos que evaluaban todas las ofertas presentadas, y luego presidiera la Mesa de Contratación para la adjudicación.

Acta donde aparece Cristina Cifuentes como presidenta del Comité de Expertos.

Por su parte, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado en reiteradas ocasiones que la adjudicación estuviera manipulada, esgrimiendo para ello un informe jurídico elaborado por la Asamblea de Madrid que mantiene la ausencia de incompatibilidad entre los cargos que ostentaba durante el proceso. La máxima responsable del PP madrileño ha negado incluso presidir el comité de expertos, pese a que la documentación publicada por este diario y rubricada por ella misma, así lo refleja.

En su defensa, Cifuentes mantiene que su labor en el comité de expertos se limitó a refrendar la valoración realizada por uno de los técnicos, que ha reconocido ya ante el juez que redactó el informe. En la comisión de investigación abierta en la Cámara autonómica, Cifuentes llegó a calificar esta investigación y sus consecuencias como un "linchamiento".

Por su parte, Arturo Fernández reconoció ante el juez que hizo esa donación (160.000 euros en total entre su dinero y el de la patronal madrileña) porque “alguien del PP se lo pidió”, aunque negó que la entrega del dinero fuera finalista o buscara una contrapartida. Poco antes de hacer esa donación, Fernández se presentó a otro concurso público y no se le adjudicó. Después de la donación, recibió por primera vez la concesión para una cafetería de la Comunidad de Madrid. Y en 2009, el empresario tuvo la misma suerte, al obtener la explotación del restaurante de la Asamblea, analizada ahora en la pieza de la presunta financiación irregular del PP madrileño abierta en el caso Púnica.