Susqueda, el pueblo más corrupto de España

“Siempre he dicho lo mismo: somos dos gatos y uno mataría al otro”. Joaquim Riera, 79 años, describe así el pueblo de Susqueda (Girona) en el que lleva viviendo más de 30 años. Riera habla mientras pasea por el pantano de Susqueda, probablemente una de las causas que han convertido a este pueblo de menos de 100 habitantes en un polvorín: la cúpula del Consistorio (perteneciente a ERC) está imputada. El concejal que acudió a la Fiscalía Anticorrupción abandonó la localidad tras denunciar todo tipo de coacciones. El resto de vecinos se halla dividido entre los que defienden al Ayuntamiento y los que aseguran que tres familias controlan el pueblo a su antojo. Unos y otros ni se hablan al cruzarse y hubo un momento en que, de 76 habitantes censados, 15 estaban imputados por casos de corrupción.

Susqueda es un pueblo sin pueblo. El núcleo de la población quedó sumergido en 1968 cuando se inauguró la presa del pantano que lleva el mismo nombre. Sus habitantes quedaron separados en tres pequeños núcleos de casas, situados en sendas montañas y separados por el pantano, que queda enmedio y no se puede cruzar. De un núcleo al otro se necesita más de una hora en coche por sinuosas y empinadas carreteras de montaña. La densidad de población es de menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado.

El pantano, sin embargo, no sólo separó geográficamente a la población de Susqueda. El cánon energético que obtiene el Ayuntamiento por su presa enriqueció al pueblo hasta el punto que se convirtió en el municipio con más gasto por cápita de toda la provincia: casi 8.000 euros. A pesar de que el censo en 2015 era de 95 habitantes, el Presupuesto municipal roza el millón de euros y el pueblo tiene superávit. La mitad de ese dinero proviene de la presa del pantano.

A pesar de la buena salud de las arcas municipales, no todos los vecinos perciben sus beneficios. Son varios los que denuncian que el Ayuntamiento premia o castiga a sus habitantes en función de si apoyan o no al equipo municipal. “Esto parece la edad media”, denuncia Estefanía Bustamante, una vecina de 38 años que lleva ya 16 en en el municipio. ”Si no estás con ellos, olvídate de que te asfalten la carretera hasta casa o que las máquinas te retiren la nieve en invierno”, añade.

Un concejal de CiU denuncia al equipo de ERC

Oriol Ortín, bombero de profesión, se presentó como independiente por las listas de CiU en 2007 y accedió al Ayuntamiento como único concejal de la oposición. “A la hora de aprobar los primeros Presupuestos ya vi cosas raras”, explica sentado en una terraza de un pueblo colindante. “Había una partida de 7.000 euros para material administrativo y el dinero destinado a personal aumentaba un 110%”.

Según su relato, empezó a cuestionar las decisiones del pleno hasta que en 2009 presentó su primera denuncia, que fue ampliando durante los años posteriores a medida que recababa más información. Finalmente la Fiscalía Anticorrupción puso el foco en Susqueda y se abrieron nueve piezas separadas en los juzgados de instrucción de Santa Coloma de Farners. Los Mossos d’Esquadra registraron el Ayuntamiento en varias ocasiones y se imputó al alcalde, Joan Mercader; a la primera teniente de alcalde, Eva Viñolas y a 14 personas más entre secretarios, exconcejales y familiares del equipo de Gobierno. La Fiscalía apreció delitos de prevaricación, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de sus funciones, entre otros. Algunos de estos nueve expedientes están sobreseídos, pero la mayoría de ellos siguen abiertos y la cúpula municipal permanece imputada.

“Yo no vi a nadie metiendo la mano, pero sí que la corrupción estaba relacionada con los servicios municipales”, relata Ortín. El ahora exconcejal denunció que el Ayuntamiento regularizó viviendas irregulares de varios familiares de cargos municipales, permitió construir casas en fincas donde sólo podía ir un cobertizo y adjudicó obras a un arquitecto hermano del Secretario municipal sin concurso alguno. También cuestionó que el Ayuntamiento hubiese contratado a 5 asesores, uno para cada 15 habitantes, sin que su tarea estuviera definida.

La presión al delator

“Empezaron a hacerme la vida imposible al ver que no era de los suyos”, explica Ortín. El concejal afirma que tuvo que abandonar el pueblo por las coacciones y amenazas recibidas. Un juzgado incluso decretó como medida cautelar una orden de alejamiento para Joan Muntada, marido de la teniente de alcalde y también exconcejal, al que detuvieron por pincharle las ruedas del vehículo a Ortín. Esa orden, que afectaba tanto al concejal por CiU como a su mujer y sus dos hijas, fue vulnerada por Muntada cuando le embistió con su tractor un día que se cruzó con Ortín por la carretera.

Este bombero también denuncia que, una vez se mudó al pueblo de al lado, las coacciones siguieron mediante notas amenazantes que le dejaban bajo la puerta, más pinchazos de neumáticos -””me los deben haber reventado unas 15 veces”- e insultos por la calle. También afirma que el Ayuntamiento empezó a abrirle procedimientos administrativos de todo tipo para perjudicarle: permisos de riego, control de los chips electrónicos de sus ovejas… “Me han venido a revisar hasta el agua del váter”, afirma.

La tensión fue aumentando hasta el punto que Ortín acudió a todos los plenos de la anterior legislatura escoltado por dos Mossos d’Esquadra, que también llegaron a vigilar durante las 24 horas del día su domicilio y vehículo. Ortín, sin embargo, continuó con su cruzada contra el equipo municipal respaldado por un pequeño grupo de vecinos. A día de hoy, asegura que ha gastado de su bolsillo más de 20 o 30.000 euros para conseguir que condenen a los presuntos corruptos.

Preguntada por estas coacciones y por la orden de alejamiento que pesó sobre su marido, la teniente de alcalde, Eva Viñolas, carga contra Ortín. “En el pueblo estábamos muy tranquilos hasta que llegó este señor”, explica en el restaurante que regenta. Viñolas asegura que las denuncias de Ortín tienen que ver con su frustración por no haber conseguido la alcaldía. “Tiene un afán de protagonismo desmedido”, opina, antes de contar que no se siente “nada preocupada” por su imputación y la de su marido.

A pesar del superávit, muchos accesos siguen sin asfaltar Manu Mart

Los "caciques" de Susqueda

Todo queda en familia en Susqueda. La secretaria administrativa es la cuñada del alcalde, que a su vez es hijo del anterior regidor, que gobernó el municipio durante décadas. El marido de la teniente de alcalde, Joan Muntada, ocupó ese cargo hace dos legislaturas y tres de sus tías aparecen en una de las piezas del caso como posibles beneficiarias de un delito de tráfico de influencias. “En Susqueda hay tres familias que controlan el pueblo desde siempre”, relata Alberto Marcos, un vecino de 58 años que lleva más de 30 viviendo en Susqueda. “Entre ellos ya suman los votos suficientes para que no cambie nada en el Ayuntamiento”.

Los vínculos familiares no acaban aquí. El tercer concejal del Ayuntamiento es primo de Ángel Colom, exdiputado y hasta hace poco miembro del Consejo Nacional de CDC. Muntada -el exconcejal y marido de la teniente de alcalde que embistió a Ortín con su tractor- es primo de la excomisionada de Transparencia de la Generalitat, Núria Bassols. Bassols es exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y fue nombrada en el cargo por Artur Mas. Su marido fue detenido por la presunta financiación ilegal de CDC. Ortín afirma que estos parentescos le han traído problemas y presiones por parte de CDC y cree que es el motivo por el cual la corrupción de Susqueda no ha aparecido en la televisión pública catalana.

Ciudadanos de primera y de segunda

“En Susqueda hay ciudadanos de primera y de segunda”, cuenta Riera, el anciano de 79 años. Tanto él como media docena de vecinos consultados describen un estilo caciquil de administrar los servicios municipales, en el que se premia o castiga a los vecinos en función de su simpatía por el equipo de Gobierno. Entre otros agravios, los vecinos señalan que el asfalto llega hasta la puerta de quienes votan al equipo municipal mientras que otros llevan años reclamando una carretera en condiciones.

Alberto Marcos, del sector crítico y aliado de Ortín en el grupo municipal de CiU, afirma que lleva siete años de litigios en los tribunales por intentar construir un invernáculo en su casa. “Cada vez que quiero hacer una gestión municipal ya sé que acabaré en los juzgados”, comenta. “Cuestionar la actividad del Ayuntamiento tiene sus consecuencias”. Riera, veterano del pueblo, señala en la misma dirección: “yo haría obras en mi casa pero no las hago porque no quiero que me empiecen a tocar las pelotas”. Otros habitantes del municipio han preferido no contestar a las preguntas de este periódico alegando “miedo” y “temor a represalias”.

Mientras observa el pantano de Susqueda, el anciano Joaquim Riera rememora los años en los que el pueblo ni estaba separado por un lago ni tenía superávit. “Con lo bien que estábamos”, se resigna, “y ahora este pueblo tiene dueños”. Le pregunto si cree que algún día el municipio volverá a recuperar la armonía. “No creo que llegue a verlo”, responde preocupado. “Lo único que espero es que no haya sangre, que aquí hay mucha gente que tiene escopetas”.

El pantano se inauguró en 1968 y dividió el pueblo en tres núcleos de casas Manu Mart