Rajoy, decidido a incumplir 4 de los 6 compromisos de investidura con C's

Eran condiciones imprescindibles, sine qua non, innegociables. Sin la firma de esos seis compromisos previos, Ciudadanos jamás se sentaría a la mesa con el PP para negociar la investidura de Mariano Rajoy. Le ponía además un plazo: los tres primeros meses de la legislatura. Entonces, Rajoy estaba necesitado. No tenía más apoyos que los de su propio partido y estaba muy lejos de revalidar la presidencia del Gobierno.

Los meses han enfriado el pacto. En teoría ha sido ampliamente superado por las 150 medidas que conformaron el pacto definitivo, pero ninguna de las seis medidas se cumplirán en el plazo previsto y, salvo sorpresa, cuatro de las seis exigencias previas e innegociables serán directamente sorteadas por Rajoy.

Limitación de mandatos, pero a futuro

"Si se cumplen las condiciones de Ciudadanos, será la última legislatura de Rajoy". Ese era el titular de la entrevista a Fernando de Páramo, secretario de Comunicación del partido naranja, que EL ESPAÑOL publicó a mediados de agosto, poco más de dos semanas antes de que Rivera se diese con Rajoy el apretón de manos final. No se trataba de una opinión personal. Albert Rivera y otros cargos del partido insistieron en que con esta precondición, Rajoy estaba en realidad firmando su finiquito en diferido. 

Este martes, el vicesecretario de Ciudadanos, José Manuel Villegas, avanzó que ya no será así. "El acuerdo establece una limitación de dos legislaturas" y así constará en la reforma de la Ley del Gobierno que impulsará Ciudadanos en las próximas semanas, pero la modificación no puede hacerse con "carácter retroactivo", explicó. La limitación "se producirá desde que se apruebe la ley", dijo. Es decir, que desde ese momento Rajoy podría estar ocho años en el cargo, lo que le permitirá presentarse a unas nuevas elecciones, como había sugerido el vicesecretario del PP Fernando Martínez-Maíllo el día anterior. 

Investigación sobre el caso Bárcenas

En agosto, Rivera exigió una comisión en el Congreso para investigar la presunta financiación ilegal del PP. No se trataba de una comisión de estudio, ni sobre la financiación de los partidos en general. Era la comisión del 'caso Bárcenas' y fue vista por el PP como la concesión más efectista a Ciudadanos: un foro en el que pasear las vergüenzas de años de supuestas ilegalidades que permitirían a Rivera marcar perfil frente a Rajoy en uno de los puntos en los que se sentía más fuerte: la regeneración democrática. 

Ese fue, desde el principio, uno de los puntos de los que el PP trató de desvincularse. Según ha podido constatar este periódico desde entonces e informan varios medios, Rajoy no tiene ninguna intención de crear esa comisión en esos términos y ahora pretende que el tema se trate en otra, presidida por el diputado naranja Toni Cantó y que lleva por nombre Calidad democrática, contra la corrupción y de reformas institucionales y legales. Fuentes de Ciudadanos dan por hecho que el PP incumplirá también este punto y votará en contra, pero respiran aliviados porque no tendrá consecuencias. "PSOE, Podemos y nosotros nos bastamos para crearla", explican. 

Los aforamientos: no por complejo

Si Rajoy no se compromete a eliminar los aforamientos, "no habrá Gobierno", dijo Rivera en agosto.

Cuatro meses después, en el último pleno de 2016, el presidente de Ciudadanos preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por cómo iba a cumplir. Está en las seis condiciones previas y, de nuevo, recogido en el punto 94 del acuerdo final, que incluye la "eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos". 

Las justificaciones y pretextos de Santamaría fueron tan prolijos que su respuesta no cupo en el tiempo previsto, férreamente controlado por la presidenta de la cámara, Ana Pastor (puede verse en este enlace). Rivera sólo le preguntó entonces por cómo retirar la protección judicial a los 266 senadores, los 350 diputados y los miembros del Gobierno. Para ello hace falta una reforma de la Constitución. Podría ser exprés, como la que en agosto de 2011 reformó el artículo 135, salvo que 35 diputados pidan un referéndum tras su aprobación por las Cortes Generales, defendió Rivera. 

Pero la respuesta de Santamaría fue un jarro de agua fría. "Hay 2.000 aforados, entre cargos públicos y electos, 15.000 entre jueces y fiscales y 263.000 aforados parciales, que pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", comenzó. "Tendremos que acompasar la reforma de la Constitución con la reforma de 19 estatutos de autonomía", además de las leyes del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, siguió. Además, hace falta decidir si sería "para todos los delitos o sólo para los relacionados con la vida pública".

El PP no prevé abordar el tema a corto plazo y recela también de una reforma en profundidad de la Constitución, con el argumento de que hace falta definir muy bien para qué se abre un melón que sería difícil de cerrar. En esa cautela pesa la postura de Podemos y su amenaza a hacer un referéndum sobre cualquier reforma exprés, algo que puede hacer si 35 de sus diputados lo piden. Así pues, el PP está en teoría comprometido con la supresión de los aforamientos, pero considera casi imposible llevarlo a la práctica. 

El tabú de la ley electoral

El PP ha impuesto, directamente, un manto de silencio sobre esta clásica reivindicación de los partidos distintos de PP y de PSOE, retomada con fuerza por Podemos y Ciudadanos. Al igual que el PSOE, el partido de Rivera pide las listas desbloqueadas para poder premiar o votar distintivamente a candidatos, en contraposición con las listas cerradas, el modelo actual. También piden acabar con el voto rogado desde el exterior, que dificulta mucho el sufragio a los que están fuera.

Sin embargo, el modelo actual tiene problemas en cuanto a la proporcionalidad. Su articulación por provincias beneficia a partidos con gran implante territorial frente a partidos con voto fragmentado, algo que puede verse al comparar, por ejemplo, los escaños de IU con los de cualquier partido nacionalista, logrados con muchos menos votos. 

La reforma no fue reclamada por Villegas, que este martes hizo un repaso por las prioridades de Ciudadanos, ni forma parte de las exigencias habituales de los portavoces del partido naranja. El PP tampoco lo tiene entre sus prioridades y las propuestas defendidas en el pasado incluían mecanismos para reforzar el bipartidismo, como la doble vuelta en algunos comicios. No es que PP y Ciudadanos estén en desacuerdo sobre una de las seis condiciones sine qua non, que deberían entrar en vigor a finales de mes. Ni siquiera hablan de ello. 

Apartar a los imputados, pero sólo a algunos

Esta es una de las condiciones que el PP cumple, aunque sólo a medias. La retirada del carné del PP a Rita Barberá y su destierro en el Grupo Mixto del Senado sirvió a Ciudadanos para cantar victoria por su cumplimiento.

La muerte de la exalcaldesa de Valencia sirvió para que el PP tratase de reabrir el debate para retrasar las medidas hasta que se abra el juicio oral y no desde que hayan sido "imputados formalmente", como figura en el artículo 93 del acuerdo definitivo entre el PP y Ciudadanos.

Antes, en la negociación del acuerdo definitivo, se dejó claro que el diputado popular Óscar Clavell no debía ser apartado a pesar de estar imputado por prevaricación, malversación y fraude, ya que en su caso no había sospecha de financiación ilegal o enriquecimiento ilícito. Ciudadanos aceptaba así revisar su concepto de corrupción e imputación después de haber puesto sobre la mesa sus seis exigencias. Ahora, el PP podría debatir más a fondo este asunto en el congreso del partido, a principios de febrero, y decidir más rebajas. 

Fin de unos indultos que ya no se concedían

La última de las seis exigencias era la prohibición de los indultos por corrupción, algo que con lo que el PP sí está comprometido. Sin embargo, la medida no será muy difícil para cumplir para los populares, que en 2016 no concedieron ni una sola medida de gracia a condenados por esos delitos. 

Con todo, la prohibición genera un gran consenso, por lo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sí se ha comprometido a presentar legislación para lo que ya no se hace no pueda hacerse en caso de que cambie la disposición política del Ejecutivo de turno.