Hacienda investiga un fraude millonario en Aguas de Girona con Puigdemont como alcalde

La Agencia Tributaria investiga el saqueo del agua en el Ayuntamiento de Girona en la época de Carles Puigdemont como alcalde. La empresa que gestiona el agua tanto en Girona como en otros dos ayuntamientos habría detraído cerca de un millón de euros anuales. Esta operativa, con incalculables irregulares, comenzó hace quince años con los antecesores del actual presidente de la Generalitat y éste lo perpetuó.

Estas son las conclusiones a las que llega Hacienda en un informe incorporado en el sumario del caso 3%, que investiga la financiación ilegal de Convergencia, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. El documento refleja cómo el “amaño” para facturar cada año ocho millones de euros públicos y falsear las cuentas de una empresa mixta participada por el Ayuntamiento, Agissa, se perpetuó en la época en la que el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ejercía como alcalde.

El informe, fechado el 23 de marzo de este año, analiza la facturación de la sociedad mixta Agissa, participada tanto por una empresa privada (Girona SA, controlada por el empresario Narcís Piferrer) como por tres ayuntamientos (Girona, Salt y Sarrià de Ter). La empresa nació en 1992 para asumir el suministro de agua de los tres municipios catalanes y según los técnicos de Hacienda, desde entonces, ha falseado sus cuentas para favorecer a la empresa privada y perjudicar, con conocimiento de los propios ayuntamientos, a sus habitantes.

Para la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria, estos hechos revisten indicios delictivos y serían responsables los miembros de los órganos de Gobierno de los ayuntamientos, además de la empresa Agissa y Girona SA.

El saqueo ahora investigado comenzó en 1998, cuando en el convenio que recogía la forma de repartir los fondos obtenidos entre Agissa y los ayuntamientos se sustituyó la expresión “los beneficios generados se distribuirán” por “el margen bruto de negocio se distribuirá”. El cambio en la frase significa básicamente que el dinero que se reparten los socios se multiplica de forma exponencial, independientemente de los gastos que tenga la empresa.

7 millones de deudas

Los ingresos que recibía Agissa por gestionar el agua de los ciudadanos de esas localidades se repartía como dividendos entre Girona SA y los tres ayuntamientos. El problema es que se repartían dividendos antes de descontar a los ingresos los gastos derivados de la gestión. Por tanto, Agissa fue acumulando deudas, que alcanzaron los 7 millones de euros, cuando podría haber llegado a tener en beneficios 10 millones de euros, si hubiera actuado correctamente.

La realidad era que “se repartían todos los ingresos”. Llegaron a desembolsarse hasta los “pírricos 10.000 euros que ha percibido Agissa por los fondos que tiene en sus empobrecidas cuentas bancarias”. Pero el desfalco iba más allá. Este reparto de dividendos se los facturaban y así pagaban menos impuestos. En una palabra, Hacienda concluye que la consecuencia de esta mecánica ha sido la “descapitalización” de la entidad.

“Es totalmente incongruente desde el punto de vista económico”, explican los expertos de Hacienda, en una medida que fue perpetuada en 2013, con Puigdemont ya como alcalde (2011-2016). “Existen distintos y variados indicios de que, no solo desde luego en el año 1998 cuando se introdujeron las modificaciones al Convenio de 1992, sino a lo largo de todos estos años, los responsables de los Ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer sus funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona SA y Agissa, sino de que tendrían conocimiento de dichas actuaciones en cada momento”, sostienen los técnicos en un informe que debe ser ahora analizado por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez del Vendrell (Tarragona) , Josep Bosch.

El análisis de los técnicos detalla cómo los responsables de Agissa cargaban la empresa de gastos (en gran parte girados por la propia Girona SA) para arrojar al final de año unos beneficios de 100.000 euros pese a tener una facturación de más de ocho millones. Cifras que no cuadran para Hacienda, al detectar que el principal socio de la sociedad, Girona SA, con una facturación de 1,5 millones al año, arrojaba medio millón de euros de beneficio.

“Más si tenemos en cuenta que los resultados reales son muy superiores, pues Girona SA está contabilizando como gastos unas partidas por cientos de miles de euros que no son tales gastos, sino que corresponden a gastos particulares”, explican los funcionarios del fisco, en referencia a joyerías, relojes, restaurantes de lujo, cientos de botellas de vino, multitud de entradas para el festival de Cap Roig, jamones pata negra, gastos sobre los que “Girona SA se niega a aportar la documentación relativa”.  

 Mayor precio, peor calidad para los ciudadanos

 Un análisis más profundo de la contabilidad ha arrojado un reguero de “incontables irregularidades” en los números de Agissa, encaminados a ocultar el beneficio real de la sociedad y el reparto de dinero que en en ella se hacía, con más de medio millón de euros para Girona SA y entre 200.000 y 300.000 euros para los ayuntamientos. La sociedad mixta registraba como gastos hasta los dividendos que se repartían sus socios.

Algo -a ojos de Hacienda- completamente irregular y que se mantuvo como una operatividad normal hasta 2013, con Puigdemont como alcalde y cuando estas prácticas comenzaron a aparecer en prensa. “Si Agissa hubiera contabilizado las operaciones realizadas sin incurrir en graves anomalías sustanciales en su contabilidad, habría reflejado en los libros contables un beneficio por importe de más de un millón de euros y que estaba pagando a Girona SA casi medio millón de euros”, explica el informe del fisco.

Los inspectores de Hacienda señalan la responsabilidad ineludible del ayuntamiento controlado por Puigdemont, que habría podido plantear “una bajada de las tarifas del agua” y sin embargo, participó durante años la “detracción de cientos de miles de euros”. El análisis de los funcionarios fiscales concluye que el desvío de fondos ha generado un claro detrimento en el servicio para el consumidor final, pese a que los ayuntamientos han conseguido importantes cantidades de fondos en los últimos años.

Cambiaron la mecánica irregular 

 El exhaustivo informe realizado por los peritos explica que cuando en 2013 comenzó a salir a la luz las supuestas irregularidades en la gestión del agua de Girona,  se eliminó “de un plumazo” el convenio irregular mantenido desde 1998 para favorecerse del dinero público. Sin embargo, en vez de cesar en estas irregularidades lo que se hizo fue modificarlas.

Así, los ayuntamientos duplicaron el canon que deben recibir por el agua y a la vez redujeron las inversiones a la mitad, en un plan hasta 2010. “De manera que el consumidor final del servicio de agua durante estos años va a pagar más pero dichos fondos no van a determinar una mejora de la calidad de las instalaciones y del servicio, sino que dichos fondos van a ir a parar a Girona SA”, explican los técnicos de Hacienda.

“Y ni los consejos de administración de las dos sociedades, ni los responsables de los ayuntamientos parecen tener interés alguno en verificar a fondo todas estas cuestiones”, concluye el informe.