¿Por qué? La iniciativa promete reducir a la mitad los tiempos para obtener muchos permisos necesarios para empresas turísticas, agrícolas, energéticas y, en general, cualquiera dispuesta a operar en suelo andaluz. Y arrecian las suspicacias: ¿quitar trámites medioambientales va a mermar la protección del ecosistema?

"No se va a desproteger nada que esté protegido", responde a EL ESPAÑOL-Invertia el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco; también portavoz del Govierno andaluz.

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Pero ya ha habido tensiones por esta cuestión: el pacto de Doñana volvió esta semana al centro del debate después de que el PSOE andaluz asegurase que con esta simplificación se había introducido una modificación que permitiría, supuestamente, la conversión de terreno forestal en agrícola en el entorno de Parque Nacional. De nuevo, bronca.

¿Qué ha pasado con este artículo concreto que ha generado tensión sobre el Pacto de Doñana?

La voluntad de la Junta de Andalucía no es ni más ni menos que adaptar nuestra ley forestal a la Ley de Montes del Estado. El Ministerio nos traslada una duda acerca de la redacción propuesta por la Junta de Andalucía, porque ellos entienden que hay una parte del del articulado que puede inducir, o que se puede interpretar, como una retroactividad que nadie desea.

Por eso desde el primer momento siempre hemos dicho: oye, como esa no es la intención, lo mejor es que nos sentemos. El presidente dijo el otro día en Madrid que una vez que nos sentáramos lo arreglaríamos en diez minutos y se equivocó: tardamos dos. Se matizó, quedó bien claro que esa retroactividad no podía existir y ya está.

¿Era entonces una cuestión de redacción?

Es una corrección técnica. No había que hacer ni modificación del artículo. El 80%-85% del artículo sigue exactamente igual.

¿Le ha sorprendido la reacción que ha generado esta cuestión en la oposición?

A mí me da la sensación que hubo determinados líderes de la oposición que pasaron una mala noche el domingo después de lo que pasó en Galicia y tenían mucho interés en poner a la gente a hablar de otra cosa, porque se ha demostrado que el escándalo no era tal.

¿Por qué era necesario que Andalucía eliminase burocracia en el apartado medioambiental, que es tan sensible?

Primero, porque es una demanda generalizada. Hay consenso absoluto acerca de que las tramitaciones ambientales en Andalucía son excesivamente burocráticas y no por ello son más garantistas. No podemos confundir el exceso de burocracia con una garantía en cuanto a la protección ambiental.

En Andalucía tenemos una ley que es la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, que tiene ya cerca de 17 años, que es objetivamente mejorable y en eso coinciden los sindicatos, la patronal, los colegios profesionales y los funcionarios de la Junta de Andalucía que la aplican. Se ha quedado obsoleta. 

"No se va a desproteger nada que esté protegido, simplemente se van a eliminar trámites absurdos"

Entonces decidimos lanzarnos en esta legislatura a dotar a Andalucía de un nuevo cuerpo legal en materia de calidad ambiental. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues en dos sentidos. En primer lugar, vía decreto de simplificación, adelantando aquellas medidas que eran susceptibles de modificarse por decreto. No todas lo son. En segundo lugar, con la formulación de una nueva ley, la Ley de Gestión Ambiental Sostenible de Andalucía.

Es perfectamente posible actuar de manera más rápida, dotar de mayor seguridad jurídica, eliminar subjetividad de las posibles duplicidades y al mismo tiempo no retroceder ni un solo centímetro en cuanto a protección ambiental. O sea, no se va a desproteger nada que esté protegido, simplemente se van a eliminar trámites absurdos que no tienen ningún sentido y que lo único que hacen es dilatar en el tiempo la normativa, o normativa que no está suficientemente clara y que puede dar lugar a interpretaciones diferentes.

¿Cuáles serían los principales cambios que va a notar inversores y empresas por esta parte de simplificación medioambiental? 

La tramitación ambiental siempre es un desafío para la inversión. Al final estamos hablando de una normativa que es probablemente la más transversal que tiene la Junta de Andalucía. Todo lo que tiene incidencia en el territorio o en el entorno, todos los proyectos, tienen que pasar un trámite ambiental y ahí hablamos de proyectos que van desde lo agrícola a lo inmobiliario, pasando por lo industrial, siguiendo por lo turístico, la gestión de los residuos, lo minero...

Lo que no parece razonable es que las tramitaciones ambientales se dilaten en el tiempo como se dilatan. Lo que vamos a intentar es eliminar trámites que son innecesarios, eliminar duplicidades y aportar seguridad jurídica. Y el empresario tiene que notar que ahora esas tramitaciones ambientales que insisto, siguen siendo igual de garantistas, se van a tramitar en la mitad de tiempo.

Una de las novedades ha generado mucha controversia: que baste una declaración responsable del propio interesado para iniciar actividad en muchos casos. ¿No es renunciar al control?

En materia ambiental no todo es susceptible de ser aprobado mediante autorización. Hay determinadas acciones que necesitan de un pronunciamiento expreso de la administración y lo que la ley pone va a seguir siendo. Sin embargo, hay otro ejemplo, como las quemas controladas en el campo; antes necesitaban de una tramitación que era tediosa y que suponía en la práctica el colapso de las delegaciones territoriales durante una serie de meses.

No tiene sentido que para que un señor haga una quema pequeñita en su finca en periodo no de máximo riesgo... pues se hace mediante declaración responsable y ahora se invierte un poco la carga de la prueba. Eso no quiere decir que no se vaya a controlar. Luego hay una labor inspectora de la Junta de Andalucía.

Uno de los trámites que se van a acelerar tiene que ver con la desalación. ¿Qué se avanza con esta medida, teniendo en cuenta que son competencia del Estado?

Las desaladoras son siempre competencia del Estado porque están en el dominio público marítimo terrestre. Otra cosa es que la Junta de Andalucía tenga que colaborar con las tramitaciones ambientales o con las posibles tomas de agua si es que está más adentro la planta fotovoltaica asociada para que la energía que nutre a la desaladora sea barata.

En materia de agua las competencias son absolutamente divididas. Nosotros creemos que la desalación no es la solución a la sequía, es parte de la solución a la sequía. La solución a la sequía tiene múltiples caras que pasan por la desalación, por la depuración, por el trasvase, por la construcción de presas, por el control del regadío, por un uso responsable, por el control de fuga en los núcleos urbanos... Oye, ¿que podemos agilizar la tramitación ambiental para que se construyan desaladoras donde sea posible ambientalmente y pueda contribuir a paliar los efectos de la sequía? Pues creo que es siempre una buena noticia. 

La simplificación también prevé que el 40% de los expedientes ambientales se resuelvan en un plazo de cinco meses. ¿A qué tipo de proyectos beneficiaría?

Nosotros hemos creado la figura de la Autorización Ambiental Unificada Simplificada. Entendemos que el 40% de las autorizaciones ambientales se van a poder acoger a esta medida, que elimina duplicidades, que elimina informes sectoriales.

"Puede que los gastos asociados a la demolición del Algarrobico no se limiten exclusivamente a demoler y restaurar"

Al final, la autorización ambiental es un pronunciamiento de la Junta de Andalucía después de recabar un montón de informes a veces de salud, de agua, de cultura... Bueno, pues con esta figura lo que se hace es eliminar una serie de informes que no tenían sentido en determinadas zonas y ante determinadas casuísticas.

¿Van a acelerar también permisos para proyectos mineros? Aznalcóllar ha esperado años.

Los proyectos de minería tienen tramitaciones lentas porque han de ser muy garantistas. Vamos a intentar que sea lo más rápido posible, pero desde luego, si tenemos que elegir en lo que tiene que ver con el medio ambiente entre ser lento o ser garantista, nosotros vamos a elegir ser garantistas. Pero es que se puede ser muy garantista siendo un poquito más rápido, ¿no? Ésa es la filosofía.

Queríamos preguntarle también por la situación del Algarrobico. Juanma Moreno presentó la demolición como una de sus prioridades en su discurso de fin de año y dijo que buscaría un acuerdo con Moncloa. ¿En qué punto estamos?

Hay varios aspectos importantes sobre el Algarrobico. En primer lugar, el aspecto social. Nadie duda de que el Algarrobico que tirarlo, que está en un entorno natural protegido y que lo mejor que podemos hacer para Carboneras, para el Cabo de Gata y para la provincia de Almería es tirarlo y restaurar esa playa.

En el plano político creo que existe, afortunadamente, un consenso también. Tenemos un acuerdo con el Ministerio a través del cual el Ministerio se haría cargo de la demolición del hotel, mientras que la Junta de Andalucía se haría cargo de la restauración de la playa y el tratamiento de los residuos que esa demolición pudiera generar. Hace falta que el Ayuntamiento revoque la licencia y devuelva, mediante el planeamiento urbanístico, el suelo a no urbanizable. Y hará falta concluir los pasos del proceso judicial.

Si ese acuerdo ya existe con el Gobierno, ¿a qué se refiere Juanma Moreno cuando hablar de alcanzar pactos?

Lo cierto es que no sabemos en qué términos va a terminar de pronunciarse Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque ahí por medio también hay una promotora, una promotora que defiende que actuó siempre de acuerdo a la legalidad. En función de cómo se determine el proceso judicial, puede que los gastos asociados a la demolición no se limiten exclusivamente a demoler y restaurar. Y ahí creo que la Junta y el Estado tienen, más allá de que sea nuestra responsabilidad o no, el deber de sentarnos y hablar. Igual no estoy siendo suficientemente claro.

Lo que estoy entendiendo es que se trata de repartirse el coste de una eventual indemnización a la empresa, si lo determina la Justicia.

Lo estás entendiendo perfectamente. Ahora mismo la sentencia va en la línea de que no hay que indemnizar a la empresa, pero en el caso de que sí y esa indemnización recayera sobre el Ayuntamiento de Carboneras, pues hay que tener en cuenta que hablamos de un ayuntamiento que tiene 7.000 u 8.000 habitantes, con un presupuesto modesto. A eso se refiere el presidente.

Lo importante, como ha pasado en Doñana, es sentarnos y arreglarlo. Ahora toca esperar a lo que decida el Supremo, que el ayuntamiento revoque la licencia y una vez que tengamos esa foto pues nos sentaremos. Si no hay que llegar a más acuerdos pues mucho mejor, y si hay que llegar a acuerdos la voluntad de la Junta es arrimar el hombro.