La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha restado importancia a los avisos del Informe sobre el Envejecimiento de 2024, publicado la semana pasada por la Comisión Europea, ya que sólo se fija en el gasto de la reforma de pensiones. En su lugar, prefiere esperar a 2025, cuando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tendrá "la foto completa".

"Será en 2025 cuando la AIReF vea la evolución de los diferentes instrumentos que incorpora la reforma", ha comentado la ministra a los medios, tras su participación en unas jornadas organizadas por Merck y Fundación Sabadell.

El próximo año, "como está previsto en la cláusula de la reforma" de pensiones, el organismo presidido por Cristina Herrero evaluará el gasto, pero también los ingresos obtenidos a través de "las herramientas". 

Tranquilidad y confianza

La Comisión Europea, en el informe de la semana pasada, situaba a España como el país de la Unión Europea donde más empeoraba el gasto en pensiones durante los próximos años, como consecuencia de la reforma del entonces ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá.

Ese incremento del gasto en pensiones colocaba a España en la categoría de "alto riesgo" en materia de sostenibilidad presupuestaria a medio plazo debido a la mala evolución de la deuda pública.

El Informe sobre el Envejecimiento de 2024 avisaba de que "la abolición del factor de sostenibilidad", reemplazado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y el "retorno a la indexación total al IPC" para revalorizar las pensiones cada año aumentaban el gasto en pensiones "en 4,6 puntos porcentuales del PIB durante el periodo de proyección (hasta 2070)".

Saiz ha transmitido un mensaje de "tranquilidad y confianza" en la reforma del sistema de pensiones y ha señalado que la desviación es moderada.

"Ese informe arroja un dato, un 15,1 de gasto sobre el PIB, que es una desviación de una décima sobre las previsiones. Me refiero al informe sobre el gasto", ha dicho, preguntada al respecto. 

La reforma del sistema de pensiones era un compromiso del Gobierno con Bruselas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia (PRTR). Las modificaciones se hicieron en dos fases. La primera contó con el respaldo de la patronal y de los sindicatos, mientras que la segunda sólo se firmó con los representantes de los trabajadores.