El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que enviar a Bruselas un plan de reformas e inversión antes del 15 de octubre -junto con el borrador de presupuestos para 2021- si quiere ayudas masivas del nuevo fondo de reconstrucción de 750.000 millones que prepara la Unión Europea para salir al rescate de España e Italia, los países más golpeados por el coronavirus. Un plan que deberá incluir objetivos concretos, calendario de aplicación y estimación de costes.

La asistencia europea a España para hacer frente al Covid-19 no saldará gratis. La mayor parte del dinero llegará a través de un nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (dotado con 560.000 millones de euros), que ofrecerá apoyo financiero a gran escala a cambio de inversiones y reformas que respondan a las prioridades de la UE. 

De este instrumento, España tiene preasignados un total de 66.579 millones de euros en subsidios a fondo perdido (el 20% del total). Además, podrá acceder a préstamos baratos de hasta el 4,7% del PIB, es decir, otros 56.400 millones. El volumen de créditos a devolver podrá aumentar en "circunstancias excepcionales" si hay disponibilidad.

"No es un rescate, es un programa voluntario", ha asegurado este jueves el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. "Por supuesto, el apoyo en forma de subsidios está ligado a la aplicación con éxito de una serie de políticas", ha insistido. Unas reformas que deberán incluirse de forma detallada en el plan que se remita a Bruselas, junto con su calendario de aplicación.

El plan debe basarse en las recomendaciones de política económica que la UE formula cada año para España. Entre las que se repiten sistemáticamente se encuentran preservar los logros de la reforma laboral y profundizarla para reducir la temporalidad o tomar medidas para preservar la sostenibilidad de las pensiones, que según Bruselas está de nuevo en riesgo por la decisión de volver a vincularlas al IPC. 

La UE también reclama sistemáticamente a España rebajar el abandono escolar con un pacto educativo, así como iniciativas para mejorar la eficacia de las ayudas sociales en la lucha contra la pobreza. Además, las reformas y las inversiones deberán centrarse en las prioridades estratégicas de la Unión, que son la transición digital y la lucha contra el cambio climático para conseguir el objetivo de emisiones cero de aquí a 2050.

Desembolso por tramos

Los diferentes planes nacionales de reformas se enviarán en abril junto a la actualización del programa de estabilidad; o en octubre con el borrador de presupuestos. Bruselas anima a los países más golpeados por la crisis a que lo hagan ya en octubre para poder tener acceso a financiación desde principios de 2021. Los Gobiernos pueden mandar planes cada año hasta abril de 2022.

Una vez recibido, el Ejecutivo comunitario examinará el plan y verificará si realmente se ajusta a las prioridades en materia de reformas que exige la UE. Si la evaluación es negativa, puede denegar la asistencia financiera.

En la decisión participarán también el resto de Estados miembros (entre ellos los más duros como Países Bajos o Austria), que pueden vetar la ayuda -por mayoría cualificada- si consideran que las reformas no son suficientes o adecuadas.

Si la evaluación es positiva, la Comisión adoptará una decisión que fije la cantidad de ayuda para España, así como el calendario y el objetivo de las reformas. Como se ha hecho con los rescates de Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre o España, el dinero se desembolsará por tramos y condicionado a que se cumplan las reformas comprometidas. En caso contrario, la ayuda puede congelarse en todo momento.

"Si un Estado miembro no lleva a cabo las reformas acordadas, si no invierte en los proyectos adecuados, en este caso es difícil proporcionar financiación", ha explicado el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis. El Ejecutivo comunitario será el responsable de vigilar si el país beneficiario está cumpliendo las condiciones comprometidas con la UE.

"Esto no es un programa de ajuste con un nombre diferente. Es un instrumento nuevo. Es voluntario y además se basa en las prioridades establecidas a nivel nacional. Lo que la Comisión hará es cooperar desde el principio con el fin de fijar prioridades comunes", ha insistido Gentiloni.

"Tenemos que garantizar dos cosas. En primer lugar, que los planes nacionales sean coherentes con nuestras prioridades comunes. Y después, que se respete la puesta en marcha del programa, con su calendario y sus objetivos porque no tiene precedentes recibir tal cantidad de dinero de la UE y debe gastarse bien", ha insistido el comisario de Asuntos Económicos.