Quirófano de la Clínica Rotger, en Mallorca.

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Observatorio de la sanidad

El sector privado reclama que el modelo balear de atención sanitaria a extranjeros se extienda a toda España

El Gobierno regional ha aprobado un decreto que regula la colaboración público-privada para la asistencia sanitaria de ciudadanos comunitarios.

7 mayo, 2024 02:09

El Gobierno de las islas Baleares aprobó el pasado marzo un Decreto ley para regular la actividad sanitaria urgente y emergente en la parte que implica a la sanidad privada en la atención extrahospitalaria de ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a la región. 

Una forma de colaboración público-privada que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) quiere que se extienda a toda España. En este sentido, el presidente de la patronal, Carlos Rus, confía en que iniciativas como esta "sirvan de ejemplo a otras comunidades autónomas como modelo de colaboración eficiente".

Este Decreto ley establece la creación de una Red de Centros y Servicios de Apoyo que podrán ofrecer asistencia urgente a los ciudadanos comunitarios y británicos que están de manera temporal en las islas Baleares y que no tengan un seguro privado o de viaje. El único requisito es que deben disponer de la tarjeta sanitaria europea en vigor.

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Las asistencias sanitarias incluidas en la normativa comprenden primeros traslados, traslados secundarios desde los centros públicos y turistas que acuden por medios propios tras indicación del servicio de emergencias. De hecho, la Gerencia de Atención de Urgencias, Samu 061, será el órgano encargado de coordinar a todos los intervinientes en la atención sanitaria extrahospitalaria urgente y emergente. 

Además, el IB Salut también podrá habilitar de forma expresa y específica determinados centros y servicios sanitarios privados para ofrecer atención en procesos de especial relevancia, como el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave, en el marco de la atención sanitaria a ciudadanos comunitarios y británicos.

Financiación y adhesión

Estos servicios serán financiados según las tarifas públicas establecidas en cada momento y aplicables en los centros de la red sanitaria pública, tal y como recoge el Decreto ley.

Así, la atención a pacientes extranjeros comunitarios o temporales del Reino Unido estará restringida al equivalente al 65% de las tarifas públicas vigentes en ese momento, en base a los servicios prestados, tras las debidas revisiones y verificaciones por parte del Servicio de Salud de la región. El restante 35% corresponderá a los costes que el Servicio de Salud deberá asumir para llevar a cabo las tareas de gestión relacionadas con esta actividad.

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En cuanto a la adhesión a esta red de centros, serán admisibles los centros hospitalarios de titularidad privada que dispongan de recursos como servicio de hospitalización, urgencias, unidad de cuidados intensivos y servicio de transporte sanitario.

Asimismo, podrán adherirse centros para los procesos asistenciales de especial relevancia, como son el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave, siempre que así lo soliciten y reúnan los requisitos al efecto. Sin esta habilitación expresa y específica, no podrán recibir pacientes que presenten sospecha de estas patologías.

El presidente de ASPE, Carlos Rus

El presidente de ASPE, Carlos Rus ASPE

Para el presidente de ASPE, la creación de esta red de colaboración entre la sanidad pública y privada "es un acierto que, además, reconoce la importancia y pertinencia de aprovechar los recursos proporcionados por el sector privado para satisfacer las necesidades del sistema público de salud".

"Esta gestión eficaz y colaborativa contribuirá a ofrecer una mejor asistencia a los pacientes, tanto a los extranjeros desplazados que precisan de atención urgente como a los ciudadanos de las Islas, que podrán beneficiarse de una mayor accesibilidad si conseguimos entre todos favorecer la descongestión de los servicios públicos de salud", ha añadido Rus.