De Norte a Sur, de Este a Oeste y del pueblo más pequeño al más grande. La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Candelaria Testa, ha enviado una carta a cada uno de los alcaldes de la Comunidad de Madrid. En total, se trata de 178 misivas en las que pide a los municipios que se sumen a una iniciativa legislativa que permita aplicar en la región el mecanismo de las zonas tensionadas, una de las novedades que recoge la nueva Ley estatal de Vivienda. 

Los escritos son todos iguales y, en ellos, Testa se dirige directamente al regidor de cada localidad madrileña. Tras poner de relieve las "dificultades de acceso a una vivienda digna" en Madrid, la primera edil socialista recuerda que la declaración de una zona como tensionada "permitiría limitar el incremento de los precios". 

No es la primera vez que un municipio de la Comunidad pide que se despliegue esta herramienta estatal. Pero el Ejecutivo autonómico -que tiene las competencias en materia de vivienda- está totalmente en contra de la medida porque considera que "no ha funcionado en muchas capitales europeas, al igual que en Barcelona". "Ningún municipio que haga esta petición tendrá una respuesta afirmativa", señaló a finales de abril el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.

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En la misiva, la alcaldesa de Alcorcón explica que, en su caso, solicitó al Gobierno regional que elaborase una ley para que se pudiera llevar a cabo el mecanismo en la Comunidad. Como no consiguió su objetivo, Testa emprendió una segunda vía en "conformidad a lo establecido en la Ley 6/1986, de 25 de junio de Iniciativa legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid".

Este camino permite -siempre según el Consistorio de Alcorcón- que el municipio promueva una comisión compuesta por los alcaldes de otros pueblos que "estuvieran interesados" en la presentación en la Asamblea de Madrid de una Proposición deLey reguladora del procedimiento a seguir para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

"Por todo ello, y en aras a facilitar el acceso a la vivienda de nuestros vecinos y vecinas, os invito a sumaros a esta iniciativa", termina la carta, que no incluye críticas ni menciones directas a la presidenta regional y se limita a explicar por qué recurre a este procedimiento legislativo.

"Estamos sustituyendo la iniciativa de la Comunidad de Madrid", resume Candelaria Testa en conversación telefónica con este periódico.

Licenciada en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III, esta abogada se hizo con el bastón de mando de Alcorcón en las elecciones municipales de mayo de 2023. Testa asegura que hay "muchos otros municipios" en la región que pidieron, mediante mociones en los plenos municipales, que se instase a la Comunidad de Madrid a que aplicará la nueva Ley de Vivienda.

Por ahora, está "a la espera" de las contestaciones de sus homólogos, aunque cuenta con "contestaciones no formales en positivo". La Ley 6/1986 citada por la regidora socialista establece, en su artículo 14, que sólo se podrá constituir una comisión de este tipo si está respaldada por tres o más ayuntamientos que sumen en conjunto 50.000 electores o 10 localidades limítrofes, sin importar su número de electores. 

En cualquier caso, no es del todo optimista con su iniciativa. "Esto al final va a acabar en los tribunales porque hay una ley objetiva [la de Vivienda] con beneficios objetivos para la ciudadanía que [el Gobierno de Díaz Ayuso] no está aplicando por cuestiones ideológicas", subraya. 

Boadilla dice 'no' a Testa

El Ayuntamiento de Boadilla recibió la carta de Candelaria Testa el 30 de abril. Su alcalde, el popular Javier Úbeda, contestó el 4 de mayo rechazando el ofrecimiento de la regidora socialista. "El motivo de nuestra negativa es que esta regulación se aprobó de espaldas a los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de la construcción y rehabilitación y gestores de vivienda", argumenta. 

A su vez, Úbeda, que reconoce a Testa la "buena voluntad" de la proposición, recalca que hasta tres organismos "se pronunciaron en contra" de la regulación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Instituto de Estudios Económicos y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

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Como razonamiento, el primer edil de Boadilla también expone que la Ley de Vivienda ha sido objeto de "hasta ocho recursos de inconstitucionalidad, de los que seis han sido ya admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional". "Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas", agrega en la contestación, a la que ha tenido acceso Madrid Total. 

Como alternativa, el popular plantea a Testa que desarrolle todo el suelo residencial disponible en Alcorcón y la anima a ir "de la mano" del Gobierno de Ayuso "para seguir promoviendo vivienda" a diferencia de Pedro Sánchez, "que aún no ha empezado a poner en el mercado las 184.000 que prometió en las pasadas elecciones municipales y autonómicas".