La semana pasada, una noticia titulada de una manera no excesivamente afortunada en un medio de comunicación español llevó a que muchos usuarios pensasen que iban a ser perseguidos por la Agencia Española de Protección de Datos por utilizar herramientas tan habituales y comunes como Dropbox, Google Docs o MailChimp.

De acuerdo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que los Estados Unidos ya no son lo que antes considerábamos “un puerto seguro” para los datos personales de ciudadanos europeos. Algo que los Estados Unidos, por su parte, se han merecido claramente, debido a la irresponsabilidad de un gobierno obsesionado con espiar a todos y convertirse en el policía de medio mundo. Pero de ahí a pensar que la Agencia Española de Protección de datos iba a dedicarse a perseguir a las empresas que utilizasen cualquier herramienta norteamericana, cuando casi todas las herramientas de productividad que utilizamos hoy en día tienen procedencia norteamericana, va un trecho importante.

Obligar a las empresas españolas a prescindir de todo aquello que huela a estadounidense sería equivalente a sumirlas de golpe en la edad de piedra, a convertirlas en poco competitivas. Una auténtica barbaridad, que la propia agencia desmintió rápida y eficientemente. Pero la noticia no es el desmentido, sino el hecho de que haga falta. ¿Qué lleva a tantas personas a creer que algo tan demencial puede ser cierto?

El problema, me temo, es el hecho de haber estado gobernados por gobiernos irresponsables en términos tecnológicos. Los españoles estamos ya desgraciadamente acostumbrados a escuchar y ver barbaridades procedentes de gobiernos que dan una importancia nula al desarrollo tecnológico. Gobiernos que no dudan en acusar a la tecnología de los peores males, que dictan leyes destinadas a coartar la adopción tecnológica, o que pretenden que paguemos por vincular. Bajo estos gobiernos, España ha conseguido en el mundo una triste reputación de país hostil al desarrollo tecnológico: lo mismo obligamos a cerrar Google News, que aprobamos una ley mordaza que vigila las redes sociales como si fueran la semilla de todos los males.

Para el ciudadano medio, cualquier cosa que venga del gobierno o de sus agencias y que criminalice el uso de la tecnología es susceptible de ser verídica, por alucinante que suene. Y el problema es que esa imagen ya no solo se limita a nuestro país: fuera de nuestras fronteras ya es también así. ¿De verdad cuesta tanto tener a alguien en un gobierno que tenga una imagen positiva de la tecnología entienda las ventajas del desarrollo tecnológico de cara a la competitividad nacional?