A las autoridades norteamericanas, las navidades les han traído un presente inesperado: la necesidad imperiosa de regular el uso de uno de los regalos estrella del momento, los drones.

Un problema que no debe ser minimizado: una legislación demasiado dura restringiría excesivamente los usos recreativos, pero también los industriales y empresariales, y podría llevar al colapso a toda una naciente industria, con su tecnología y sus puestos de trabajo. Por contra, una legislación demasiado laxa o inexistente puede originar un sinfín de demandas y problemas derivados de los accidentes que un millón de drones en manos de propietarios inexpertos - y muchas veces, además, completamente idiotas - pueden provocar. Drones que se estrellan contra personas, que invaden aeropuertos o el mismísimo jardín de la Casa Blanca, que impiden el vuelo de helicópteros en situaciones de emergencia... la estupidez y la torpeza humana no conoce limites, y puesta detrás de un aparato de entre uno y dos kilos capaz de volar hasta a 90 km/h, no debe ser subestimada.

¿La solución? Reunir rápidamente a todos los implicados: fabricantes, cadenas de tiendas, empresas que pretenden usar drones en distribución, y por supuesto, también a asociaciones de pilotos de aviones y helicópteros, jefes de policía, etc., escucharlos a todos, y poner en marcha medidas inmediatas: una página en la que todos los propietarios de drones deben registrarse, so pena de multas de hasta $27.500, y una app para comprobar, antes de volar, si la zona es segura y lo permite.

Ante un problema complejo, legislación ágil, que escucha a todas las partes implicadas, y que propone soluciones rápidas. ¿Es tan difícil pedir a las administraciones que, ante posibles escenarios relacionados con la aparición de innovaciones, se actúe de manera similar? Es simplemente una cuestión de elemental responsabilidad: hablemos de aparatos que vuelan o de aplicaciones que permiten usos que no existían antes de su desarrollo, hay que entender que el progreso de la tecnología no puede detenerse, que la tecnología no puede desinventarse, y que requiere soluciones rápidas y equilibradas.

¿Puede legislarse sobre los enlaces a noticias escuchando únicamente a quienes las imprimen en papel? ¿O crear leyes antidescargas hablando únicamente con discográficas, editoriales y productoras de películas? El ejemplo español prueba que se puede... pero no funciona, y culmina haciendo leyes absurdas, jugando a aprendiz de brujo, o utilizando el progreso como moneda de cambio. ¿Es de verdad tanto pedir que en un tema como la tecnología en el que nos jugamos tanto, alguien con criterio haga las cosas mínimamente bien?