La decisión de la alcaldesa de Barcelona de paralizar la cesión de colegios electorales tras la suspensión del referéndum decretada por el Tribunal Constitucional constituye un problema añadido para los promotores del ‘procés’.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras fían el éxito del 1-O a la participación y tratan de empujar hacia la ilegalidad al mayor número de funcionarios e instituciones pensando en que cuantos más sean los implicados más posibilidades tienen ellos de salir impunes. Su planteamiento es tan sencillo como burda ha sido su estrategia para llevarlo a cabo. Han requerido a los alcaldes de todos los municipios para que confirmen su disponibilidad a participar, con la intención de comprometerlos en el pulso al Estado.

Ayuntamientos ya movilizados

654 de los 947 consistorios de Cataluña, la mayoría en manos de los independentistas, han anunciado que participarán, lo que podría parecer un triunfo de no ser porque los municipios así movilizados apenas suponen el 34% de la población. En términos generales, los alcaldes de los pueblos más pequeños se han plegado ya a la maniobra del Govern, mientras que los de las grandes ciudades se resisten bien por convicción, bien porque no quieren arriesgarse a afrontar procesos penales por desobediencia y prevaricación ni a ser embargados por malversar recursos públicos.

Es normal, en esta tesitura, que todas las miradas estuvieran puestas en Ada Colau. Pues bien, la alcaldesa de Barcelona se ha desentendido este viernes del 1-O en una carta remitida Puigdemont y Junqueras. En ella les reitera la “disposición del Ayuntamiento a garantizar el derecho a la participación política y a la movilización ciudadana siempre que no se ponga en riesgo a la institución y a los servidores públicos”. Por eso, les pregunta sobre las actuaciones que "tienen previstas”.

El precedente de Artur Mas

No es difícil intuir que las condenas de inhabilitación que pesan sobre Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, y el auto del Tribunal de Cuentas que les reclama -junto a otros altos cargos de la Generalitat- cinco millones de euros de los gastos de la consulta del 9-N han influido en la decisión de la alcaldesa de Barcelona.

Sea como fuere, Ada Colau hace muy bien en proteger a sus funcionarios y trabajadores públicos de posibles procesos penales. También en salvaguardar su carrera: sobre todo ante la perspectiva de un adelanto electoral en Cataluña. Sin embargo, es absurdo que pretexte que las circunstancias han cambiado cuando sabía de antemano que el Estado no se iba a quedar de brazos cruzados.

Está claro que no ha querido unir su futuro político al de Puigdemont y Junqueras, que echaron su suerte en el momento en que decidieron ponerse el Estado de Derecho por montera junto a la CUP. Ada Colau ha actuado con responsabilidad, por más que no deja de ser paradójico que la decisión de una activista reconvertida en alcaldesa pueda ser clave para desahuciar definitivamente el procés.