En defensa de la Justicia en el 'caso Juana Rivas'

Lo primero que aprende un juez cuando se enfrenta a su primer caso es que toda historia tiene, al menos, dos versiones. Durante los años de carrera y oposición, aprendes el Derecho desnudo, sin hechos, sin circunstancias. Cuando tienes ante ti tu primer expediente, sientes el peso de la responsabilidad de decidir conforme a derecho, lo que no sucede en ninguna otra profesión jurídica. Cuántas veces abres el primer tomo, que comienza con la demanda, la lees y piensas: "¡Qué razón tiene esta señora!", o "¡hay qué ver lo que le ha pasado a este hombre!”. Luego, sigues leyendo la contestación a la demanda y resulta que ni la señora tiene tanta razón ni el señor ha sufrido tanto como dice.

Los humanos tendemos, por nuestra propia naturaleza, a mirar todo desde la perspectiva que nos proporciona la información (sesgada) de la que disponemos y los sentimientos o vivencias que tenemos. El juez, en su trabajo, tiene la gratificante y dura oportunidad de examinar las varias visiones del mismo supuesto para, conforme a derecho y en base a pruebas, no sólo a alegaciones, decidir si tiene la razón la parte actora, la demandada o un poco las dos. 

Esta particularidad, que constituye la esencia de juzgar, es difícil de entender incluso para juristas que no se dedican al arte de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Las personas de buena fe creen que, aquel en quien depositan su confianza, bien por ser afín, amigo o familiar o, en caso de desconocidos, por resultarles veraces por su forma de hablar o porque empaticen con ellos, tienen toda la razón en sus reclamaciones. De ahí que, a diario, nos encontremos con muestras de apoyo masivas a determinadas personas que han expuesto a la opinión pública su problema o su vivencia, en contra del criterio del tribunal competente.

Esto que digo acaba de suceder con el caso de Juana Rivas, la madre granadina que se negó a entregar a sus dos hijos a la Justicia cuando un tribunal italiano, conforme al Reglamento (CE) 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, reclamó a España la puesta a disposición de los menores a su padre.

Automáticamente las redes sociales y la opinión pública empatizaron con una mujer dolida, asustada, que reclamaba justicia y a la que los tribunales españoles no le habían dado la razón. La juez de primera instancia de Granada competente para el conocimiento del caso examinó si existía riesgo objetivo para los niños y concluyó que no, dando vía libre al mandato judicial italiano. Esa es la versión que se tomó, aceptó y dogmatizó

Nadie se preocupó en saber qué decía el padre. Nadie se preocupó en saber qué decía la juez a través de su resolución, que fue confirmada por instancias superiores hasta en dos ocasiones. 

El caso de Juana Rivas es un lamentable ejemplo de lo que esta sociedad, ávida de ídolos y de banderas, puede hacer con la vida de una mujer, su pareja y sus dos hijos. Personas convencidas de estar haciendo el bien, de estar sirviendo a una causa excelsa, apoyando la "desobediencia civil" (que, técnicamente, no lo es) propagan hechos relativos a la intimidad personal y familiar de dos menores, a su imagen, sin pararse a pensar que, en dos meses, nadie se acordará ni de Juana ni de sus dos hijos pero estos, para siempre, tendrán en su particular patrimonio digital ríos de tinta escritos sobre sí mismos y sus progenitores, en este universo cibernético que todo lo engulle y que hace difícil el olvido.

Sin embargo, que la opinión pública, desde su retiro veraniego o sus largas tardes de estío, smartphone en ristre, se permita juzgar el caso sin tener idea de qué tipo de procedimiento se está ventilando ni del derecho aplicable, no es lo más grave. La sociedad del "todo o nada", la sociedad del "o estás conmigo o contra mí", se retroalimenta en redes sociales con este y muchos otros temas.

¿Quién no sabe de Derecho Tributario o tipos penales contra la Hacienda Pública cuando un futbolista es investigado por fraude fiscal? Al fin y al cabo, existe, dentro de la legalidad, el derecho a expresar libremente la opinión, y el legislador constituyente no exigió que la opinión difundida debiera ser fundada.

Lo verdaderamente preocupante es que, al albur de motivaciones probablemente electoralistas, el Poder Ejecutivo central y autonómico se ha mostrado abiertamente a favor del comportamiento de Juana Rivas. Y no sólo el Ejecutivo, representantes de grupos parlamentarios nacionales han justificado la actitud de esta mujer frente a resoluciones judiciales que reputan injustas. 

Cuando estudié primero de carrera, mi profesor de Derecho Político empezó su primera clase leyendo, en perfecto francés, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que reza lo que es un mantra para quienes creemos en la democracia y en los derechos humanos como la mejor forma de convivencia política: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución».

Esta simple frase, de sólo 23 palabras, recoge la esencia de lo que debe ser un Estado moderno: la garantía de los derechos (con protección judicial de los mismos en caso de quebranto) y la separación de poderes (con un Legislativo que dicte normas, un Judicial que las aplique y un Ejecutivo que haga cumplir tanto las resoluciones judiciales como las leyes).

Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lejos de respetar la separación de poderes han cuestionado la justicia intrínseca de unas resoluciones dictadas por jueces ordinarios predeterminados por la ley y en aplicación de la legislación vigente (que puede ser sólo modificada por el Poder Legislativo), denostando el trabajo de dichos magistrados y poniendo en entredicho nuestro propio sistema democrático.

El Consejo General del Poder Judicial, nuevamente, como ya dijera en un artículo anterior, ni está, ni se le espera. Ha tenido que ser de nuevo una asociación judicial (Francisco de Vitoria) la que defienda la estabilidad del sistema democrático y el respeto a las resoluciones judiciales.  

Por el bien de Juana y su familia, esperemos que todo se resuelva de la mejor forma posible, pese a que gran parte del daño ya está hecho. Por el bien de este país, ojalá ambos poderes asuman la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque en ella se basó el constitucionalismo español desde las Cortes de Cádiz en 1812, cuya heredera es nuestra Constitución de 1978. Por el bien de los jueces, ojalá el Consejo General del Poder Judicial deje de mirar hacia otra parte: en su mano (también) está la defensa de los valores constitucionales mediante la protección de los jueces frente a los ataques exógenos.

*** Natalia Velilla Antolín es magistrada y miembro del Comité Territorial de Madrid de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.