El independentista que se burló de la Audiencia: "Me costó un poco encender el mechero para quemar la foto del rey"

Aitor Blanc i Aranjuelo (Santa Coloma de Gramenet, 1985) es uno de los cinco investigados por quemar fotos del Rey en la manifestación que la izquierda independentista convocó en el barrio del Born de Barcelona el pasado 11 de septiembre con motivo de la Diada de Cataluña. Pero su caso es particular: ejerce un cargo público. Concretamente, Blanc, que también es militante de la CUP, es concejal de la candidatura municipal SOM Gramenet –impulsada por los partidos Gent de Gramenet y Podemos Gramenet, el cual se ha desmarcado públicamente de la investigación de Blanc-, una agrupación muy próxima a la CUP que es desde las pasadas municipales la oposición del Gobierno del PSC en Santa Coloma de Gramenet. 

A Blanc y a otros cuatro investigados se les imputan delitos de injurias a la Corona y delitos de ultrajes a España por haber quemado fotocopias con la foto del rey Felipe VI que en su reverso reproducían la portada de la Constitución española. Sólo las injurias contemplan la posibilidad de prisión: la horquilla de penas en abstracto oscila entre el mínimo de una multa de seis meses y el máximo de dos años de prisión.

“A mí la verdad es que me costó un poco encender el mechero para quemar la foto del Rey”, bromea Blanc. El concejal fue el único de los cinco investigados que, en tiempo real, subió a Twitter una imagen en que se le veía con una fotografía de Felipe VI ya prendida. “Si volviera atrás, lo volvería a hacer. Y si ahora mismo me dijeran ‘vuélvelo a hacer’, perfectamente lo haría. Nuestra acción del pasado 11 de septiembre, en la que participaron entre 300 y 400 personas a cara descubierta, fue un acto independentista reivindicativo coordinado por las entidades convocantes de la manifestación, en el que quisimos poner de relieve que la monarquía es una institución impuesta y heredera del franquismo”, explica Blanc en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Aitor Blanc i Aranjuelo es concejal en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). M.A.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN O DELITO

Alerta Solidaria es la entidad encargada de llevar la campaña política y la estrategia jurídica de los casos judiciales en los que está implicada la izquierda independentista. Una vez el encausado se pone en contacto con ellos, llaman a un abogado de su entorno para que lleve la causa; en el caso de Blanc, el letrado es Eduardo Cádiz. Este periódico ha podido hablar con uno de los abogados más cercanos al caso y miembro de Alerta Solidaria, el penalista David Aranda, quien dice que “prevalece en todo caso el derecho a la libertad de expresión, a pesar de no ser éste un derecho absoluto. Al tratarse de una figura pública como el Rey, no concurre el delito de injurias a la Corona ya que como institución pública los ciudadanos tenemos derecho a criticarla e injuriarla. Que el Tribunal Constitucional, en su interpretación de la Constitución, diga que este acto no está amparado por la libertad de expresión no implica que la normativa internacional sobre derechos humanos no proteja esta conducta”.

Si volviera atrás, lo volvería a hacer. Y si ahora mismo me dijeran ‘vuélvelo a hacer’, perfectamente lo haría. Nuestra acción del pasado 11 de septiembre, en la que participaron entre 300 y 400 personas a cara descubierta, fue un acto independentista reivindicativo

Otros abogados no opinan lo mismo. Según el abogado penalista José Carlos Lara, “la jurisprudencia del Tribunal Supremo indica que quemar fotos del Rey es un delito y que no queda amparado por la libertad de expresión, que se debe limitar cuando conculca otro derecho. Del acto subyace ese odio, ese rencor o animadversión que tiene relevancia penal con cualquier persona, pero más si se trata del Rey por ser éste una institución democrática”. El precedente más similar, al que se refiere Lara, es el de la quema de fotografías del Rey en Gerona el año 2007. Los sujetos fueron condenados por injurias a la Corona; condena que confirmaron posteriormente la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional –“es un acto ofensivo e incitador al odio”, rezaba la sentencia-, si bien actualmente está pendiente la resolución del recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra David Felip, opina que la resolución del TC sobre el caso de Gerona es ridícula y una aberración. “El Constitucional dice que quemar fotos del Rey es un acto que incita a la violencia y al odio, lo que implica una exclusión social de la monarquía. Es ridículo porque los delitos de odio se refieren a sectores de la población que son susceptibles de discriminación, como ciertos grupos políticos o étnicos. En esos casos hay un riesgo real e inminente para esos grupos, pero es evidente que con la Familia Real no lo hay. Es ridículo. Claramente es un caso de libertad de expresión. Y en el caso de Blanc, el hecho de que sea un cargo público hace que todavía tenga más posibilidades de expresarse que un ciudadano corriente”, comenta Felip. En lo que sí concurren todos los entrevistados, incluso Aranda, es en que, a la luz de los precedentes, es muy probable que Blanc acabe siendo condenado por injurias a la Corona.

Así fue la quema en la Diada de Cataluña el pasado 11 de septiembre. E.P.

“LA AUDIENCIA NACIONAL NO TIENE AUTORIDAD”

Junto con Blanc, constan como investigados por los mismos delitos Iván Altimira, conseller de distrito de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona; Nora Miralles, suplente de la CUP por Barcelona al Parlament; Roger Santacana, que fue candidato de la CUP al Ayuntamiento de Manresa y Jordi Almiñana, del movimiento independentista Som Unitat Popular, afín a la CUP. Todos ellos estaban citados el día 7 de diciembre para declarar mediante videoconferencia en los juzgados de sus respectivos partidos judiciales ante el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional. Ninguno de los cinco compareció. “Esto, sin ninguna duda, es un delito de desobediencia grave”, explica el Doctor en Derecho Penal José Manuel Ríos. “Cuando un tribunal te cita expresamente –sigue Ríos- estás obligado a declarar porque estás siendo investigado y el juez te requiere. No puedes desobedecer a una autoridad como es la Audiencia Nacional. Es como si desobedeces a un policía: es delito”.

En su blog, Blanc escribió: “Ante el contexto de judicialización de la política catalana, hemos decidido no ir, no obedecer. Plantamos al juez de la Audiencia Nacional que nos quiere procesar por quemar fotografías de un monarca símbolo máximo de la imposición antidemocrática española; símbolo del régimen del 78 y del franquismo”.

Hoy lo ratifica ante EL ESPAÑOL. El concejal opina que “no se trata de una cuestión jurídica ni legal, sino política. La Audiencia Nacional es un juzgado de excepción heredero del Tribunal de Orden Público del franquismo. Como entendemos que nuestro juicio es de índole política, nosotros hacemos la actuación política consecuente de desobedecer. ¿Por qué se ha investigado a cinco personas relevantes, una de ellas con cargo público, de entre las trescientas o cuatrocientas que quemaron fotos del Rey? Está claro el propósito político”.

La Audiencia Nacional es un juzgado de excepción heredero del Tribunal de Orden Público del franquismo. Como entendemos que nuestro juicio es de índole política, nosotros hacemos la actuación política consecuente de desobedecer

El abogado David Aranda, de Alerta Solidaria, explica con precisión la estrategia procesal de desobediencia que han ideado para liderar la defensa de los cinco investigados. “Ante un procedimiento político, teníamos dos posibilidades: la estrategia de la connivencia, aceptar las reglas del juego, o la de la ruptura, romper el tablero y denunciar que no quieres participar de las reglas existentes. Optamos por esta segunda. Se trata de darle la vuelta al caso: pasar de acusado a acusador”.

Aranda insiste: “Si ellos nos citan a declarar sobre una quema de fotos del Rey, nosotros diremos que no comparecemos ante un tribunal que dicta sentencias en nombre de ese rey. Si ellos nos acusan de quemar fotografías del Rey, nosotros acusaremos al Rey y a la dinastía borbónica de haber quemado ciudades enteras en el s. XVIII como represión en los ‘Països Catalans’. Se trata de movilizar a la opinión pública; se trata de sacar a la Audiencia Nacional a la calle y exponerla ante la luz de los medios de comunicación y del público en general para poder deslegitimar su utilidad. La Audiencia Nacional no tiene ningún tipo de autoridad para juzgarnos. Si estamos por el nombrado ‘procés’, no entendemos por qué un tribunal de Madrid nos tiene que decir qué es lo que podemos o no podemos hacer”.

“ME VAN A DETENER, PERO NO TENGO MIEDO”

Tan clara era la estrategia procesal de no comparecer ante la Audiencia Nacional, que los cinco investigados hicieron incluso una rueda de prensa abierta a todos los medios de comunicación el pasado 2 de diciembre para explicarlo. “Hemos decidido desobedecer”, afirmó el investigado Iván Altimira. “No nos escondemos ni nos esconderemos, porque no creemos que debamos pedir perdón por no reconocer las instituciones de un Estado que actúa con un talante fascista”, sentenció Nora Miralles.

Si ellos nos acusan de quemar fotografías del Rey, nosotros acusaremos al Rey y a la dinastía borbónica de haber quemado ciudades enteras en el s. XVIII como represión en los ‘Països Catalans’

El abogado José Carlos Lara, consultado por este diario, no opina lo mismo. Lara recuerda que el artículo 24 de la Constitución contempla que el investigado pueda no declarar, pero no dejar de comparecer. “Comparecer es una obligación. No hacerlo supone estar cometiendo un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal. Para el abogado, que cree que se abrirán unas diligencias previas por desobediencia con toda probabilidad, el hecho de que sea un concejal quien desobedece no es baladí: “Es un contrasentido que ocupe un cargo público y no cumpla las leyes: eso tiene una agravación en la pena”.

El concejal Aitor Blanc, en la rueda de prensa del pasado 2 de diciembre.

Blanc reconoce que es muy posible que le detengan. “El paso lógico, una vez el juzgado de Santa Coloma avise a la Audiencia Nacional de que no he comparecido, es que vengan a detenerme. Nos planteamos la detención como un hecho normal: ‘Mira, si tienen que detenernos, pues iremos allí y ya veremos’. Hay nervios, porque estás con la inquietud de no saber cuándo vendrán. Pueden venir al salir de la entrevista. Me van a detener, pero no tengo miedo porque nuestra desobediencia es una acción que cuenta con soporte popular”, dice el edil. 

¿No es la detención del concejal la foto perfecta para una campaña de marketing? “No se trata de marketing: desgraciadamente, desobedecer a la Audiencia Nacional es la única forma que tenemos de mostrar al público nuestra discrepancia”, ratifica Aranda, el penalista que asesora al concejal independentista.

Me van a detener, pero no tengo miedo porque nuestra desobediencia es una acción que cuenta con soporte popular

La posibilidad de que les citen otra vez y no les detengan existe, pero es remota. Y en caso de citarles por segunda vez, Aranda reconoce que volverán a desobedecer: “No creo que concurra delito de desobediencia porque tú como imputado tienes derecho a evitar que la acción de la Justicia recaiga sobre ti. Y aunque lo fuera: cuando tú te planteas una acción de desobediencia, no puedes tener en cuenta las consecuencias: rompes con la legalidad vigente. Si nos citan otra vez, la idea es seguir con la misma estrategia”.

UNA INVESTIGACIÓN CONTROVERTIDA

La izquierda independentista acusa a los Mossos d'Esquadra de haber iniciado la investigación del caso de oficio, lo que a juicio de Blanc representaría un “descontrol político sobre el cuerpo policial”. Aranda afirma que “la investigación sería legítima si hubiera sido la Audiencia Nacional la que hubiera pedido a los Mossos el inicio de la investigación; pero fueron ellos, de motu proprio quienes la iniciaron”.

Cuenta el abogado que el atestado, que de momento no se ha querido hacer público, indica que cronológicamente los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación dos días después de la quema de fotos, el 13 de septiembre: “No hubo petición por parte de la Audiencia. Ellos se pusieron en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la cual incluso pidieron autorización para pedir fotos a los medios de comunicación y documentar mejor la investigación. De hecho, como la Audiencia no les contestaba, hicieron una ampliatoria identificando a los sujetos, lo que denota un especial interés político en el tema, y finalmente la Fiscalía acabó dándoles la razón y abriendo diligencias previas”.

Ni rey ni miedo. Este fue el lema de la rueda de prensa de los investigados.

Sin embargo, un mando de los Mossos d'Esquadra explica a este periódico que las acusaciones por parte de la izquierda independentista "son falsas". "La investigación es una directriz que nos llega desde la Fiscalía. Nosotros no decidimos qué es delito y qué no. Somos unidades adscritas a la Fiscalía, y en este caso nos pidió un informe. Por mucho que estemos a favor o en contra, tenemos que proceder: en el ámbito penal prácticamente no tenemos potestad discrecional”.

Los independentistas se quejan de haberse enterado de la citación judicial por los medios de comunicación. “Mi abogado y yo nos enteramos de que tenía que declarar una semana antes de la citación [el 7 de diciembre]. Pero desde el 13 de septiembre han salido noticias de que los Mossos habían iniciado una investigación que dirigirían posteriormente a la Audiencia Nacional, lo que reafirma que esto es un juicio político, dado que la propia Audiencia ha ido filtrando a los medios datos sobre la investigación sin que nosotros tuviésemos conocimiento de nada”, reivindica Blanc.

Los investigados han pedido públicamente al Departament d'Interior de la Generalitat que aclare el tema, “porque nos hallamos frente a una disyuntiva: si los Mossos han actuado de motu proprio, hay un problema de descontrol político sobre ellos. Y si es al contrario, si hay una orden desde la Conselleria, nos encontramos con que un Gobierno que en principio está por construir la república catalana y la independencia, persigue actuaciones independentistas. Queremos que nos aclaren qué ha pasado”, concluye Blanc.

Aranda critica también que “no puede ser que una manifestación pacífica sea documentada y perseguida por los Mossos y encima le hagan el juego sucio a la Audiencia Nacional”. Si bien fuentes policiales reiteran que, “a pesar de que es cierto que los Mossos se infiltran en las manifestaciones porque a veces hay personas que cometen actos vandálicos como romper escaparates, en este caso existe orden de la Fiscalía de elaborar el informe. La figura del 'mosso revienta manis' no existe y la Policía no va en contra de nadie que quiera protestar por algo, en absoluto. Este debate a ellos les interesa porque sacan rédito político. Saben que van a tener una foto donde aparezcan esposados, y lo esperan con cierto anhelo”.