La presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, de Vox, contestó este martes a la carta remitida por el Gobierno central al Parlamento valenciano sobre la propuesta de ley de Concordia de PP y Vox. Denunció que la misiva es un "chantaje" y una "injerencia" del poder ejecutivo en el legislativo, algo que consideró "inaudito".

El ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres remitió una carta a la presidenta de la Cámara valenciana para solicitarle que comunique a todos los grupos parlamentarios el informe de los tres relatores de la ONU sobre esta nueva normativa que derogará la ley de memoria democrática aprobada por el Gobierno de Ximo Puig.

Dicho informe instaba a España a tomar medidas para "preservar la memoria histórica" frente a las leyes de concordia de la Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla y León.

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Esta ley, que todavía no ha sido aprobada, reconoce como víctimas a todas aquellas ocurridas desde el año 1931 e incluye las víctimas del terrorismo. El PP insistió este martes en que su grupo está dispuesto a "escuchar todas las propuestas que puedan suponer una mejora" de esta ley. 

Al respecto, el portavoz parlamentario del grupo popular, Miguel Barrachina, subrayó que el objetivo es que "todas las víctimas sean consideradas por igual". Además, consideró que los relatores "juzgan las intenciones" de la propuesta de ley en lugar de "hacer un análisis serio". 

"Si fueran españoles y conocieran el desprecio constante de Bildu no les parecería incongruente el texto", consideró Barrachina, y aseguró que "las víctimas son víctimas al margen de sus asesinos". 

Para Barrachina, el PSOE puede "montar el ruido que quiera" porque en su grupo están "dispuestos a atender y aceptar sus enmiendas", ya que, según explicó, el PP tomó nota de las aportaciones que realizó el pasado viernes la sociedad civil en la fase de participación ciudadana.

"Supuestos relatores"

"Es inaudito que un ministro chantajee a la Presidencia del legislativo autonómico insinuando que se está incumpliendo el derecho internacional", denunció Massó. En este sentido, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer "un uso partidista" de las instituciones.

Asimismo, la presidenta de las Cortes Valencianas rechazó valorar "supuestos informes de supuestos relatores". "Unos relatores que ya tendrán que explicar la legitimidad que tiene ese informe y los relatores para hablar en nombre de la ONU", añadió.

Preguntada por si tiene algún problema con denominar al franquismo como dictadura, señaló no tiene "ninguno". "El franquismo fue un régimen totalitario en el que no existían libertades, como tantos otros en otros países del mundo", indicó.

"Mapa de la vergüenza"

Por su parte, el socialista José Muñoz defendió la labor de los relatores, que "trabajan de forma independiente pero bajo el mandato de la ONU". Acusó al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de situar a los valencianos en el "mapa de la vergüenza internacional".

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, avanzó que pedirán la comparecencia de los tres relatores en las Cortes Valencianas.