El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; la que fuera su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera en funciones de Educación, Irene Rigau, tienen esta semana una cita ante el juez que les investiga por posibles delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de fondos públicos, todos ellos relacionados con la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 pese a estar suspendida por el TC.
Cuatro meses de instrucción -que arrancó, en la práctica, a mediados de junio, aunque las querellas de la Fiscalía y de otras cinco organizaciones fueron admitidas en firme el 26 de febrero- han servido para reunir pruebas testificales y documentales que pueden comprometer a la Generalitat en la medida en que apuntan al activo papel que algunos de sus departamentos y cargos tuvieron en la preparación y financiación de la consulta prohibida. En ella se preguntó a los catalanes si querían que Cataluña "se convierta en un Estado" y, en caso afirmativo, si deseaban que fuera un "Estado independiente". El sí a ambas cuestiones fue aplastante (80,76%) y la participación fue de 2.305.290 personas (el 33% de los llamados a las urnas)
La sorpresa del fiscal
Rigau fue la primera en comparecer este martes ante el magistrado del Tribunal Superior de Cataluña Joan Manel Abril y tuvo ocasión de explicar las "contradicciones" que asombraron al fiscal cuando contrastó la respuesta oficial que la consejera le dio por escrito el 12 de noviembre -negando de forma contundente la implicación de sus funcionarios en el desarrollo de la consulta- y las pruebas que han aparecido sobre la celebración de reuniones con los directores de institutos para organizar la jornada de votación. Sin embargo, Rigau no aprovechó la oportunidad y se negó a responder al fiscal, contestando solo a las preguntas del juez y su defensa.
De la mano de Dolores Agenjo, ex directora de un instituto de L'Hospitalet y candidata de Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas, constan en el procedimiento judicial decenas de correos electrónicos que ella y otros directores intercambiaron en las jornadas críticas previas al 9-N.
Los documentos entregados por Agenjo aluden a dos reuniones celebradas el 16 y el 20 de octubre de 2014 en la sede de los servicios territoriales de Enseñanza de la comarca de Barcelona presididas por su responsable, Montserrat Llobet. Según los propios directores, en esos encuentros recibieron "instrucciones verbales" sobre cómo proceder el 9-N.
Uno de los correos que hablan de las instrucciones verbales recibidas
Los correos reflejan la preocupación de los directores de los institutos por incurrir en responsabilidades, conocedores de que el Tribunal Constitucional había suspendido el llamado "proceso de participación ciudadana" (de facto, un referéndum encubierto, como constató el TC al dictar sentencia).
Pero lo más trascendente de los correos aportados por Agenjo es que, como manifestó la Fiscalía en un escrito dirigido a Abril, "llama poderosamente la atención su contenido puesto que contradice directamente la afirmación vertida en documento oficial por la Hble. consellera de Ensenyament en su respuesta oficial al requerimiento de esta Fiscalía".
El 12 de noviembre de 2014, en el seno de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía sobre el 9-N, Irene Rigau afirmó por escrito: "Les comunico que ni yo ni ninguna otra persona del Departamento de Enseñanza ha dirigido órdenes, instrucciones, sugerencias o comunicaciones verbales o escritas a los directores o responsables de centros públicos de enseñanza, sugiriendo o recomendando que consintieran el acceso a los colaboradores y/o voluntarios del proceso participativo".
"Asimismo", añadía la consejera, "les informo de que no han existido reuniones entre responsables del Departamento de Enseñanza y directores de centros dirigidas a determinar la manera de proceder en relación con el proceso participativo".
La discrepancia con el escrito de Rigau no sólo está en los correos electrónicos aportados por Agenjo. Dos inspectores de Educación, Jesús Rul y Rafael Alsina, han aportado numerosos detalles sobre la designación de los institutos de enseñanza como sedes de la votación y han relatado al juez la inquietud de los directores de los centros, a los que recomendaron no intervenir en una consulta suspendida por el TC.
El testimonio de Rul y Alsina ha sido, sin embargo, contradicho por la declaración judicial de Montserrat Llobet. La directora de los servicios territoriales de la comarca de Barcelona sostuvo que las reuniones celebradas con los directores en octubre sólo tuvieron por objeto "comunicarles, por deferencia, lo que había dicho en televisión el presidente" Artur Mas cuando anunció la celebración del proceso participativo. "Pues para eso les hubieran podido poner un video", replicó el fiscal, incrédulo.
El jefe de los inspectores de Enseñanza, Francesc Güell, puso en la picota a sus subordinados Rul y Alsina que, a su parecer, habían "sobrepasado en mucho" sus funciones al inmiscuirse en una cuestión que no era competencia de la Inspección sino que pertenecía al ámbito de las relaciones entre los directores y sus superiores jerárquicos de los servicios territoriales.
Las manifestaciones de Güell han motivado un escrito conjunto de los inspectores Alsina y Rul que la Fiscalía envió el 21 de septiembre al juez. El documento sale al paso de las "dudas sobre nuestra conducta profesional" que se desprenderían de la declaración del inspector jefe y, en este sentido, destaca que entre las funciones que la Ley Orgánica de Educación asigna a los inspectores está la de "asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones".
Los inspectores subrayan que "la jornada electoral del 9-N estaba suspendida por el TC" pero "la maquinaria electoral continuó su desarrollo con el designio de utilizar institutos de educación secundaria como sede de las votaciones".
El "designio" de la Generalitat
"A tal efecto", añaden, "se convocó a directores de institutos en las direcciones territoriales" y se les dio "tres opciones: implicarse [en la consulta soberanista] haciéndose cargo directamente de las actuaciones previstas y facilitando el acceso al centro de personas ajenas; en caso de negarse, que pidieran voluntarios entre el personal del centro para hacerse cargo de las actuaciones, y en el caso de no haber voluntarios, entregar las llaves de los institutos en las dependencias de los servicios territoriales".
"El designio del titular de los centros docentes [la Generalitat] con relación a la consulta del 9-N fue garantizar que pudiera llevarse a cabo en los institutos, como así sucedió, pese a la suspensión del TC", concluye el escrito de los inspectores.
Josepa Bosch es la directora de uno de los centros que fue sede de la consulta. "Nos pidieron [en la reunión con Llobet] si nosotros podíamos abrir el centro y, si no queríamos, debíamos dar las llaves a unos voluntarios", declaró al magistrado Abril.
Bosch no quiso ser voluntaria ni encontró a nadie en el claustro que quisiera hacerse cargo del proceso de votación, de modo que dio las llaves del instituto "a un funcionario de los servicios territoriales" a cambio de un papel en el que constaba la entrega. El documento no iba firmado, pero tenía el sello oficial de los servicios territoriales.
Sin llegar a afirmar que se sintiera presionada -tal como declaró Alsina-, Bosch sí confirmó que había pedido a sus superiores instrucciones por escrito "que no llegaron nunca". Ni el juez ni el fiscal ni las partes le preguntaron por una relevante afirmación del inspector, que manifestó que, según le había relatado Josepa, "cuando solicitaron instrucciones escritas la directora [Montserrat Llobet] se puso furiosa".
Tras Rigau comparecerá este martes en el Tribunal Superior de Cataluña la ex vicepresidenta Joana Ortega, la cara de la jornada del 9-N. Ella dio los resultados de la consulta en un estrado con los rótulos de la Generalitat de Cataluña y su departamento se encargó del soporte tecnológico de la votación.
Factura del Centro de Telecomunicaciones
A petición del fiscal, el instructor reclamó al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información el expediente relativo a la gestión informática de la consulta. Costó al erario público catalán 698.685,15 euros.
Tras sus colaboradoras, será Artur Mas el que acuda al palacio de justicia, en condición de imputado, este jueves.