La Fiscalía Anticorrupción solicitará el ingreso en prisión incondicional para el tesorero de Adreu Viloca tras ordenar esta mañana su detención al encontrar indicios de que el tesorero de Convergència ha dirigido el cobro del 3% por parte de empresas adjudicatarias de obra pública en Cataluña y ha ordenado su detención. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Ministerio Público le imputa varios delitos como financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos, blanqueo de capitales y prevaricación. La petición se hará al titular del Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell después de tomarle declaración. Sin embargo, primero debe ser interrogado por la Guardia Civil. La previsión es que el Instituto Armado no comience la toma de declaración en sus dependencias hasta mañana al calcular que los registros de hoy, en los que el detenido debe estar presente, se alarguen durante todo el día.
A primera hora de la mañana, la Guardia Civil procedía a la detención de Viloca mientras que, simultáneamente, entraban en la sede del partido presidido por Artur Mas en busca de las pruebas que demuestren que la formación nacionalista ha cobrado sumas millonarias en comisiones ilegales durante años. En total se han producido 10 detenciones -incluyendo la de Viloca, seis empresarios, el director general de Gisa, y dos trabajadores del partido- y se están llevando a cabo más registros en ayuntamientos y en varias empresas públicas y privadas. Entre los dos empleados del partido arrestados se encuentra Ana Benítez, del departamento económico de CDC.
La 'Operación Petrum III' es el resultado del análisis de la documentación incautada en el registro a finales de agosto del despacho de Viloca y del extesorero de la formación, Daniel Osácar, quien seguía trabajando en la sede de CDC a pesar de que oficialmente estaba apartado de sus funciones tras ser imputado en el 'caso Palau'.
Los investigadores han tirado del hilo después de que en el registro del empresario Jordi Sumarroca se encontrara documentación que acreditaba que el dueño de la sociedad Teyco había pagado comisiones al alcalde de Torredembarra a cambio de la adjudicación de un aparcamiento. A raíz de esa información, se descubrió que Sumarroca habría pagado comisiones a través de CatDem, la fundación del partido de Mas.
Viloca trituró documentación
En la siguiente operación, dirigida por un Juzgado del Vendrell (Tarragona), se requisó toda la documentación en ordenadores y agendas tanto de Osácar como de Viloca. Fuentes de la investigación señalan que la decisión de detener a Viloca, a parte de su presunta participación en una posible financiación ilegal de partidos políticos, es la constatación de que antes de que llegara la Guardia Civil a su despacho durante la 'Operación Petrum II' el pasado 26 de agosto, trituró una serie de documentación.
Durante este mes, los agentes han reconstruido la totalidad de los papeles, encontrando contratos de varias empresas adjudicatarias de contratos públicos. Por esta razón es la propia Fiscalía Anticorrupción la que decide ordenar la detención de Viloca por destrucción de pruebas. Una vez que pase a disposición judicial, será el juez instructor el que deberá decidir si ordena su ingreso en prisión al cumplir uno de los tres requisitos para enviar preventivamente a una persona a la cárcel: riesgo de fuga, reiteración delictiva o, como es su caso, destrucción de pruebas.