Córcega 333, la sede de las 'mordidas'

Se cierra el círculo del famoso 3% que persigue desde hace años al Gobierno catalán y que hasta ahora no se había podido demostrar. Una pequeña causa en un juzgado de Tarragona por la adjudicación irregular de un aparcamiento tiene visos de convertirse en la auténtica espada de Damocles de Artur Mas y de todo el Gobierno catalán, no sólo actual si no del de hace años. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han conseguido encajar varias piezas de un puzzle hasta ahora sin montar. De la documentación incautada en el último registro en la sede de CDC, han podido vincular la adjudicación de contratos con donaciones.

La conclusión a la que han llegado los investigadores, según ha podido saber EL ESPAÑOL, y razón por la que se ha procedido al registro de CDC, es que la sede de la formación sería el punto neurálgico desde donde se habrían gestionado las 'mordidas'. Desde la calle Córcega de Barcelona se habrían coordinado los pagos de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, indiferente del lugar de la licitación.

Esta averiguación es crucial para la investigación porque significa que las comisiones ilegales no sería una forma de actuar independiente de cierto alcaldes o cargos públicos sino una manera de proceder instalada en el seno del propio partido. La documentación hasta ahora analizada lleva a cerrar el círculo. Hay pruebas que demuestran que el proceder era similar en todos los casos hasta ahora estudiados: Anuncio de una adjudicación, publicación de la obra, reunión entre empresario y tesorero, entrega de dinero a la fundación, adjudicación de la obra.

Viloca, en el centro de la operación

Todos estos pasos se siguen uno por uno, con fechas próximas cada uno de ellos. Es decir, una vez que se publicaba el concurso para una adjudicación, alguno de los empresarios investigados se reunía con el tesorero de CDC, Andreu Viloca, detenido esta mañana, poco tiempo después se producía una donación a CatDem y posteriormente se publicaba la adjudicación a dicha empresa.

Los dos ayuntamientos asimismo registrados así como Gisa y el Consorcio de Educación habrían recibido la orden de conceder un contrato a un empresario 'amigo' que ayuda al partido a través de donaciones a la fundación, mientras que los siete empresarios detenidos, entre ellos los consejeros delegados de Copisa, Grupo Soler, o directivos de Urbaser (filial de ACS) o la constructora Rogasa, habrían pagado el peaje exigido para conseguir adjudicaciones en todo el territorio catalán.

Por ahora, Guardia Civil y Fiscalía se han centrado en unos pocos contratos pero con el registro de la sede se espera encontrar más documentación que lleve a otros contratos fraudulentos y refuerce aún más sus sospechas. Por ahora, los detenidos serán trasladados a las dependencias de la Guardia Civil donde serán interrogados y, en su caso, serán posteriormente puestos a disposición judicial para que el instructor decida si ordena su ingreso en prisión.