Una comisión investigadora de la ONU informó hoy de que "se han cometido crímenes de lesa humanidad en Burundi desde abril de 2015" y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra lo más pronto posible una investigación.

La información recabada por la comisión de la ONU permite "confirmar la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, y violencia sexual" desde esa fecha.

La violencia, de carácter político, pero que se ha intentado teñir de factores étnicos, estalló tras el anuncio del presidente Pierre Nkurunziza, el 25 de abril de 2015, de que se presentaría para optar a un tercer mandato presidencial consecutivo

En un informe que la comisión presentará en las próximas semanas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que le encargo esta investigación, se establece con claridad que la mayoría de las graves violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por "miembros del servicio nacional de inteligencia, la policía y el ejército".

Igualmente responsable se considera a la liga de juventudes del partido de Nkurunziza, conocidos comúnmente como los "Imbonerakure".

A los grupos armados opositores, el informe también les responsabiliza de ciertas abusos de los derechos humanos, pero en un grado muy inferior con respecto a los que se identifican en el caso de las fuerzas gubernamentales y el aparato estatal.

La comisión de la ONU, dirigida por el jurista argelino Fatsah Ouguergouz, no recibió ningún tipo de cooperación del Gobierno de Burundi para efectuar su trabajo y se le negó la entrada al país.

Por esa razón, los comisionados viajaron a Uganda, República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania para reunirse con refugiados burundeses, además de varios contactos que establecieron a distancia, lo que les permitió entrevistar a más de 500 víctimas y testigos de atrocidades, además de a otras fuentes.

Sobre los crímenes de guerra, la comisión enumera en su informe una serie de ataques contra "una población en su mayoría civil compuesta de opositores al gobierno o de personas percibidas como tales".

Como responsables, se cita a personas del "más alto nivel del Estado, oficiales superiores y agentes del servicio nacional de inteligencia, de la policía, del ejército y de los Imbonerakure".

Junto con el informe, los comisionados elaboraron una lista de presuntos responsables de crímenes contra la humanidad, acompañada de información detallada de los casos en los que habrían participado.

Sin embargo, la identidad de los implicados se mantiene en reserva por respeto al principio de presunción de inocencia.

El informe menciona el hecho de que el servicio nacional de inteligencia -uno de los aparatos del Estado al que más responsabilidad se imputa- "depende directamente de la autoridad del presidente".

Asimismo, se establece que miembros -algunos de alto nivel- del servicio de inteligencia participaron en ejecuciones sumarias, arrestos y detenciones arbitrarias, entre otros, mientras que a la brigada antimotines de la policía también se le considera responsable de graves crímenes.

Sobre el papel de Nkurunziza, se afirma que "las grandes decisiones, incluidas aquellas que desencadenan graves violaciones de los derechos humanos, no son tomadas por el gobierno, sino por el presidente de la República, rodeado de un círculo restringido de generales".

Entre esos "generales" estaría el ministro de la Seguridad Pública, el administrador general del servicio nacional de inteligencia, el jefe de gabinete a cargo de la policía en la Presidencia, el responsable del gabinete civil, así como el secretario general del partido de gobierno.