La violencia contra civiles en la República Centroafricana (RCA) ha crecido en los últimos meses, alerta Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado hoy, en el que reclama a la ONU que extienda y refuerce su misión de paz en el país.
En el documento, HRW explica que las amenazas para la población aumentaron especialmente en las regiones del centro-sur y del sureste y que el número de civiles asesinados se incrementa a un ritmo "alarmante".
Desde el pasado mes de mayo, HRW documentó 249 asesinatos de civiles a manos de grupos armados, aunque matiza la cifra no representa el total, ya que se producen "muchas muertes" en lugares remotos de difícil acceso.
"Para proteger a la gente en riesgo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe renovar el mandato de su misión de paz antes de que termine el 15 de noviembre de 2017, y aprobar la petición de 900 soldados más realizada por el secretario general, António Guterres", indica la organización.
El observatorio para los derechos humanos considera "fundamental" el trabajo de la misión de la ONU en la RCA (Minusca) y recuerda que el Consejo de Seguridad debe asignar los recursos adicionales necesarios para "proteger a los civiles de los ataques, abusos sexuales incluidos".
Acerca de los abusos sexuales, HRW tiene constancia de 25 casos de violación en ese período solo en la provincia del Bajo Kotto (sur), que forman parte de un "patrón sistemático de violación y abuso sexual a mujeres y niñas por parte de los grupos armados durante los últimos cinco años".
Asimismo, HRW exhorta a la ONU, al Gobierno centroafricano y a todos los que colaboran con el país a luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra aumentando su apoyo a la Corte Criminal Especial (SCC, siglas en inglés), una nueva institución judicial con jueces y fiscales internacionales creada para perseguir las violaciones de derechos humanos.
La República Centroafricana vive un complicado proceso de transición desde que en 2013 los exrebeldes Séléka derrocaran al presidente François Bozizé, desatando una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos que causó miles de muertos y ha obligado a cerca de un millón de personas a abandonar sus hogares.
La Minusca, por su parte, lleva desplegada en el país desde 2014 y actualmente cuenta con más de 12.300 integrantes, de los que al menos diez perdieron sus vidas en diferentes ataques en 2017, recuerda HRW.