La Comisión Técnica del Agua reclama al Gobierno que paralice el cambio de las reglas del trasvase

La Comisión Técnica del Agua de la Diputación de Alicante se ha reunido esta mañana de forma extraordinaria y urgente para mostrar su rechazo a la intención del Gobierno de España de modificar de forma inmediata las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, reduciendo los caudales trasvasables con destino al levante español.

Este órgano de carácter técnico ha adoptado un acuerdo por unanimidad en el que reclama la paralización de esta medida, que está previsto que adopte el Consejo Nacional del Agua el próximo lunes. Entiende que es "inoportuna", ya que interfiere en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo que está previsto se apruebe el próximo año.

También "arbitraria", y por tanto nula de pleno derecho, al causar inseguridad jurídica e incertidumbre – probablemente tendrá que ser revisada una vez finalice el proceso de planificación hidrológica, tal y como alerta el propio Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Además, la Comisión Técnica del Agua considera que el cambio promovido por el Ejecutivo central es ineficaz y contrario a los intereses de los supuestos beneficiarios de la misma, ya que no proporcionará más recursos. En este punto, se alerta de que la modificación del volumen a trasvasar supondrá un recorte del 4% de las aportaciones para riego con respecto a las condiciones actuales, que se traducirá, únicamente, en un aumento en las pérdidas de evaporación.

Argumentos jurídicos

El acuerdo, en el que se exponen los aspectos técnicos y jurídicos que justifican la posición contraria de la provincia de Alicante a esta reforma por producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos, será remitido a la Generalitat valenciana, al Gobierno de Murcia y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats). Así, como miembros del Consejo Nacional del Agua, para que lo incluyan, si así lo estiman conveniente, en su posicionamiento.

Además, el informe, en el que se advierten de los efectos negativos que desde el punto de vista medioambiental va a tener la reducción de las aportaciones a la cuenca del Segura, se enviará también a todos los alcaldes de la provincia con el fin de que puedan mostrar su apoyo y adhesión al mismo.

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha calificado de “inadmisible” la posición del Ministerio de Transición Ecológica, “que toma decisiones de forma arbitraria que siempre perjudican a los mismos”.

“Además de la grave situación sanitaria y económica que estamos atravesando, con consecuencias terribles para la hostelería, el ocio o el turismo de la provincia, los alicantinos tenemos que vivir constantemente bajo la espada de Damocles, con amenazas reiteradas por parte de la ministra Teresa Ribera y de sus compañeros de Castilla-La Mancha sobre el cierre definitivo del trasvase”, ha lamentado Serna. 

La diputada ha recordado que el agua “es un bien colectivo y de dominio nacional”.
En este sentido, ha puesto de manifiesto que el Tajo-Segura es el único que se cuestiona cuando hay más de 40 trasvases en España, “algo que se debe a la falta de políticas de agua y al hecho de que la ministra se pliegue a los caprichos e intereses de sus compañeros de partido en Castilla la Mancha”.

“El agua no debe tener color político, pero, lamentablemente, en este caso no es así”, ha criticado la responsable provincial, quien ha insistido en la importancia de “decir claro y alto, basta ya”. Al respecto, Serna ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, “un pronunciamiento claro y una defensa firme y contundente de los intereses hídricos de la provincia de Alicante y de la Comunidad”.

“Todos estamos esperando a que actúe, porque hasta ahora o no ha dicho nada o lo ha hecho con la boca pequeña para no molestar a sus compañeros de Castilla-La Mancha”, ha dicho la vicepresidenta de la Diputación de Alicante, quien, al igual que el resto de los miembros de la Comisión del Agua, ha pedido a la Generalitat que adopte las actuaciones jurídicas oportunas ante “este nuevo ataque directo a la viabilidad del trasvase Tajo-Segura”.