El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado esta mañana por unanimidad la participación y autorización del gasto del Plan Resistir, lo que permitirá que el próximo lunes se inicie la gestión administrativa para la transferencia de las ayudas, un total de 14,7 millones de euros, que llegarán a los ayuntamientos en los próximos días.
Frente a las críticas lanzadas por el Botánico (PSOE-Compromís-Podemos) sobre el retraso en la transferencia frente a otras diputaciones, el portavoz popular Eduardo Dolón (PP) ha recordado que la institución provincial alicantina, a diferencia de las de Castellón y Valencia, tiene asumidas competencias impropias (Doctor Esquerdo y Hogar Provincial), por más de 25 millones de euros.
En el pleno, Dolón ha señalado que además se une el hecho de que “es la Generalitat la que está paralizando la tramitación de ayudas”. Ha explicado que se ha tardado “más de un mes” para la emisión, por parte de la Dirección General de la Administración Local, del informe de no duplicidad respecto al plan de ayudas de nueve millones de euros que impulsa la Diputación de Alicante para autónomos y pymes.
Su socio de Gobierno, Cs, también ha entrado en la discusión. Su portavoz, Javier Gutiérrez, ha recordado la Diputación de Alicante contribuye en el Plan con más del 6% de su presupuesto, casi 15 millones de euros. “La Generalitat debería poner 1.500 millones si comprometiese el 6% de su presupuesto. En ese escenario, a Alicante le tocarían 540 millones de euros y lo que en realidad va a llegar a nuestra provincia son 41 millones de euros y además no de las arcas autonómicas, sino de los Fondos Europeos”, ha asegurado.
Las acusaciones
El portavoz del PSOE en la institución provincial, Toni Francés, incidiendo en las críticas vertidas durante toda la semana, ha respondido en el pleno que "esta Diputación acostumbra a llegar tarde y están demostrando una gran incapacidad para dar respuestas, no están a la altura de lo que exigible a una administración, que se supone que está más cerca que otras, pero que en la realidad está más lejos de los municipios de la provincia”.
Ha sido en ese momento en el que la Generalitat ha emitido un comunicado negando los argumentos de la Diputación. El director general de la Administración Local, Toni Such (PSOE) ha afirmado que el 9 de febrero la Generalitat puso a disposición de los municipios sus 100 millones.
"El 16 de febrero la Diputación de Castellón aprobó su aportación y esa misma semana realizó el ingreso. La Diputación de Valencia transfirió el dinero a los ayuntamientos el 19 de febrero. La Diputación de Alicante aún no lo ha hecho. Las explicaciones dadas por la Diputación de Alicante no se ajustan a la realidad", señalaba Such.
Burocracia autonómica
Inmediatamente la Diputación ha remitido toda una serie de documentación que prueba las "demoras en las respuestas de la Generalitat y la solicitud de más trámites la llegada de los fondos provinciales a los ayuntamientos con destino a autónomos y pymes del territorio".
"Tras más de un mes de retraso en recibir una respuesta autonómica a la solicitud de la Diputación para hacer efectiva esta ayuda extraordinaria de 9 millones de euros a profesionales afectados por la crisis del Covid-19, ahora la Generalitat expone, además, que queda pendiente otro pronunciamiento de la Conselleria competente sobre la no duplicidad para aquellos municipios que quieran aportar fondos propios a dicho plan", señalan desde el Gobierno provincial de Carlos Mazón.
Al parecer, la Dirección General de Administración Local remitió este lunes 22 de marzo su informe sobre la inexistencia de duplicidades a la inversión de la institución, cuando el requerimiento de la presidencia de la Diputación fue enviado el pasado 17 de febrero de este año.
La respuesta llegó a principios de esta semana, más de un mes después del envío del documento provincial, y en ella solo se da el visto bueno a las ayudas para aquellos ayuntamientos que no añadan aportación adicional municipal.
En cambio, los que pretendan completar las ayudas provinciales con una inyección económica de sus propias arcas deberán esperar, según recoge el texto autonómico, el pronunciamiento de la Conselleria competente por razón de la materia.
"La relación de los hechos pone en evidencia que la Generalitat valenciana es la responsable de que las ayudas de la institución a autónomos y pymes se estén retrasando, debido a la excesiva burocracia requerida y a la tardanza en la emisión de informes", concluyen.