El 12% de los españoles ha comprado productos falsificados sin saberlo, más que la media europea

El 9% de los europeos reconoce que durante el pasado año ha sido engañado al comprar falsificaciones sin saberlo, una cifra que en España se eleva hasta el 12.

Así se desprende de un informe de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO en sus siglas en inglés), que tiene su sede en Alicante, y que apunta que hay diferencias significativas en los engaños entre los ciudadanos de los estados miembros puesto que el porcentaje llega al 19 en Bulgaria, al 16 en Rumanía y al 15 en Hungría, mientras que cae al 2 en Suecia y al 3 en Dinamarca.

En un contexto mundial en el que el comercio electrónico está en auge (más del 70% de los europeos compraron en línea en 2020, según Eurostat), la incertidumbre en relación con los productos falsificados sigue siendo motivo de preocupación para los ciudadanos.

Según el estudio, un tercio de los europeos se ha preguntado si un producto que habían comprado era original.

Las falsificaciones representan el 6,8% de las importaciones de la UE por valor de 121.000 millones de euros, según un estudio conjunto realizado por la EUIPO y la OCDE, y afectan a todos los sectores: desde los cosméticos y los juguetes, el vino y las bebidas, la electrónica hasta las prendas de vestir e, incluso, los plaguicidas.

Además, pueden suponer graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, en particular debido a la exposición a sustancias químicas peligrosas.

La preocupación por los productos falsificados ha aumentado durante la pandemia de la Covid-19, un periodo en el que la proliferación de medicamentos falsificados, como antibióticos y analgésicos, y más recientemente otros productos médicos, como los equipos de protección personal y las mascarillas, ha puesto el foco en este fenómeno.

Los infractores se aprovechan de la incertidumbre de las personas sobre los tratamientos y las vacunas emergentes. Además de los riesgos para la salud y la seguridad, las falsificaciones suelen provocar fallos de seguridad y pérdidas financieras.

La piratería digital es también un mercado lucrativo para los infractores y en el caso del IPTV (contenido televisivo adquirido a través de una conexión a internet), las pérdidas son significativas.

Los proveedores de IPTV ilegal ganan en la UE casi 1.000 millones de euros al año, lo que perjudica a los creadores de contenidos y a las empresas legítimas, ha advertido la EUIPO, que ha recordado que los delitos contra la propiedad intelectual (PI) son una actividad lucrativa en la que participan grupos de delincuencia organizada, a veces vinculados con el tráfico de drogas y de personas, la ciberdelincuencia o el fraude.

El director ejecutivo de la EUIPO, el belga Christian Archambeau, ha puesto el foco en que "la propiedad intelectual es uno de los activos más valiosos de Europa y un elemento clave para la recuperación social y económica, especialmente para las pequeñas empresas (pymes)".

"La pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto el problema de los delitos contra la PI, con el aumento de los medicamentos y los productos médicos falsificados que representan una amenaza adicional para la salud y la seguridad de los ciudadanos", según Archambeau.

Las falsificaciones no solo afectan a los consumidores sino que también suponen un perjuicio importante para la economía de la UE y, en particular, para las pymes, ya que se estima que una de cada cuatro europeas ha sufrido vulneraciones de la PI, un 25,6% solo en España.

En este contexto, las empresas titulares de derechos de PI, como marcas o patentes, denunciaron una pérdida del volumen de ventas (33%), daños a su reputación (27) y una pérdida de la ventaja competitiva (15) debido a la vulneración de sus derechos.

En la actualidad, menos del 9% de todas las pymes de la UE tienen registrados sus propios derechos de PI, pese a que las que sí lo hacen obtienen un 68 por ciento más de ingresos por empleado, y sus trabajadores perciben salarios más altos.

La EUIPO es una euroagencia descentralizada que, con sede en Alicante, se encarga de gestionar el registro de las marcas de la Unión Europea (MUE) y los dibujos y modelos comunitarios registrados (DMC), que protegen la propiedad intelectual en todos Los 27 estados miembros. Además, alberga el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de PI, creado en 2009.