Alicante seguirá sin parque central ni soterramiento de las vías del AVE en los próximos años mientras Valencia está a punto de materializarlo, con sendos compromisos de financiación tanto desde el Gobierno central como desde la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital.
En concreto, la Comisión Técnica de la Sociedad Valencia Parque Central desbloqueó el pasado martes el proyecto de 400 millones de euros presentado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviario (Adif) para soterrar las vías de entra de la Alta Velocidad a la ciudad. La obra estará sufragada en un 50% por Adif (100 millones), y el Gobierno valenciano y el consistorio valenciano aportarán un 25% cada uno (100 millones).
Los trabajos están proyectados en varias fases y aún tienen que pasar por exposición pública, pero en la práctica se trata de uno de los últimos trámites para que valencia materialice por fin la promesa de unas vías soterradas.
Mientras, en Alicante la obra destinada a cerrar las cicatrices de la ciudad y crear un gran parque central -prometido en el convenio de 2003- sigue sin fecha desde la entrada de la Alta Velocidad a la ciudad, en 2013. Todo está sujeto a la disponibilidad presupuestaria que Adif le quiera dar, y que por el momento parece secundaria.
Lo cierto es que ya se preveía un retraso sine die en las obras desde que en marzo de 2019 el Gobierno de España cambiase varios párrafos clave en la resolución del Consejo de Ministros para desbloquear el proyecto de reparcelación y urbanización de la zona.
En ese documento se eliminaba el contenido de la disposición tercera, donde Ministerio de Fomento, Renfe, Ayuntamiento y Generalitat preveían la "reconversión de los accesos ferroviarios a la nueva estación mediante la construcción de un trazado" compatible con "el soterramiento del pasillo ferroviario de acceso a la estación". También se suprimía la mención a la futura estación intermodal.
Excedentes imposibles
En su lugar el Gobierno incluía otro texto dentro del apartado "actuaciones futuras", que supeditaba esas actuaciones a la disponibilidad presupuestaria.
"Únicamente, en el caso de que existan excedentes económicos (...), se abordará la ejecución de aquellas actuaciones previstas en el convenio de 2003 y no ejecutadas, decidiéndose en el seno de la sociedad el orden de la prioridad en su realización", decía.
El problema es que esos excedentes económicos son muy improbables porque, como ya dictaminó el Tribunal de Cuentas en una resolución de 2019, las obras del AVE a Alicante arrastran un importante déficit económico.
Esto se debe a que en el acuerdo inicial preveía que el importe total de las actuaciones se financiase "por las aportaciones de los socios y con los ingresos derivados de las plusvalías a obtener como consecuencia de la venta de los terrenos desafectados del uso ferroviario", algo imposible de ejecutar tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
La situación de la sociedad encargada de ejecutar las obras en Alicante, Avant, y sus socios no ha dejado de deteriorarse. El pasado 16 de junio el Ayuntamiento se negó, a través de sus dos representantes, a refrendar las cuentas de la sociedad.
El motivo es que, mientras el consistorio y la Generalitat ya habían aportado los fondos a los que se habían comprometido para el mantenimiento de la entidad, Adif lo supeditaba a la aprobación de un préstamo participativo. Los representantes municipales en el consejo decidieron utilizar esta fórmula para protestar por los retrasos que acumula la obra del soterramiento, el parque central y la intermodal.