Finalmente el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESMCV) no tendrá que pagar la fianza que le reclamaba la Fiscalía para continuar su denuncia contra la Sanidad valenciana. El juez ha desestimado las pretensiones del Ministerio Público y ha impuesto una cantidad simbólica de 50 euros, por lo que la querella por la supuesta falta de medidas de protección durante la primera ola seguirá su curso.
El pasado lunes el CESMCV recibió notificación del escrito del Ministerio Público en el que se solicitaba al Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia que se considerara al sindicato como acusación popular, con una fianza de 10.000 euros.
Esto, según la entidad, "podría haber dificultado la personación y denuncia, y por lo tanto apartarnos del procedimiento". "Queremos manifestar nuestra enorme satisfacción por la decisión del juez que instruye la querella de imponer una fianza de 50 euros, cantidad simbólica y que no interfiere en el derecho del sindicato a personarse como denunciante".
Esta fianza, continuaron las mismas fuentes, "será depositada de inmediato", por lo que "la querella presentada por el CESMCV seguirá su curso en los tribunales".
Para el sindicato, "es un hecho notorio que la desproporcionada fianza solicitada por la Fiscalía habría obstaculizado el ejercicio del derecho de defensa, vulnerando con ello los más esenciales derechos de los afiliados y, en general, de los ciudadanos inmersos en procedimientos similares".
Daños y reclamaciones
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dio la razón en mayo al sindicato médico de la Comunidad Valenciana en su reclamación por la falta de medidas de protección durante la primera ola (entre marzo y mayo de 2020).
La sentencia establece que es la jurisdicción social la que debe establecer la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la falta de equipos de protección individual y protección colectiva.
También debe fijar el derecho de los médicos a los que representa el Sindicato Médico de la Comunidad Valencianaa ser merecedores de una indemnización derivada de haber trabajado sin la protección adecuada. Por ello se anuló el anterior fallo, con el objetivo de volver a emitirlo con las cantidades oportunas.
¿De cuánto estaríamos hablando? Pues tal como reveló a EL ESPAÑOL el abogado que lleva la causa, Guillermo Lago Navarro, solicitarán entre 2.500 euros y 45.000, en función de la situación del médico: la más baja si se trabajó sin contagio y la más alta si estuvo en la UCI por Covid. Para aquellos que tuvieron una cuarentena forzosa serán 15.000 euros, y 25.000 si pararon la Covid en su casa.
Según calculó entonces Lago, al final acabarán representando a "entre 1.800 y 2.200" médicos, cada uno con su correspondiente petición la Administración.