El Gobierno ha acordado finalmente reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes la cantidad de agua trasvasada en el acueducto Tajo-Segura en situación de normalidad hídrica (nivel 2), para "garantizar la estabilidad del sistema".
El Consejo de Ministros desoye así al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, sobre que el trasvase "es irrenunciable" y ha aprobado este martes un Real Decreto por el que se modifican las reglas de explotación del trasvase. En él se establecen nuevos umbrales para la cesión de caudales con el fin de evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero a las cuencas receptoras.
Esta decisión atiende, según una nota del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democráfico, al dictamen científico-técnico del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y cuenta con el aval de la Comisión Central de Explotación del Trasvase y del Consejo Nacional de Agua, que también han aprobado una actualización de las tarifas de aprovechamiento del trasvase.
Según lo acordado, la cantidad mensual trasvasable se establecerá en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, con un máximo anual total de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 hm3 para el Segura y 50 hm3 para el Guadiana) y de acuerdo con los niveles establecidos.
Desde el Ministerio han explicado que "la principal modificación" afecta al nivel 2 (normalidad hídrica), que hasta ahora fijaba en 38 hm3/mes el posible aporte de agua desde la cabecera del Tajo en condiciones establecidas, y a partir de ahora, el desembalse será de 27 hm3/m, lo que "favorecerá una mayor estabilidad para todas las cuencas, tanto cedentes como receptoras".
No es la misma opinión que tienen los regantes alicantinos, quienes consideran que estas nuevas reglas de explotación suponen un primer paso para acabar con el trasvase y "herir de muerte" a la agricultura de la provincia.
Cambio climático
Sin embargo, para el Gobierno este acuerdo busca "adaptar una infraestructura crítica para el abastecimiento de tres millones de personas en Castilla-La Mancha, Murcia y Albacete a la realidad ineludible del cambio climático, de la alteración de los patrones de lluvias y, en suma, de una menor disponibilidad de agua".
Con vistas a contrarrestar este escenario, Transición Ecológica ha informado de que trabaja en alternativas, duplicando la capacidad de generar agua desalada para usos agrícolas, la interconexión del sistema de desaladoras en una red conjunta de todo el Levante con mayor capacidad operativa, y en un plan de apoyo a las energías renovables para rebajar el precio del agua desalada.
Por otra parte, el objetivo de las nuevas tarifas es recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación, así como la recuperación de las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Estado. Su cálculo y elaboración se realiza según el procedimiento reglado, y deben liquidarse anualmente a los usuarios del trasvase.
"Es irrenunciable"
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistido en que el trasvase Tajo-Segura es "irrenunciable" para la Comunidad Valenciana, que quiere "agua suficiente, de calidad y a un precio asequible", para así poder mantener "la huerta más importante de Europa".
Puig ha dicho a los medios de comunicación que la Generalitat lleva días estudiando jurídicamente el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y va a presentar "todo tipo de alegaciones".
Ha insistido en que la postura del Gobierno valenciano es "bien clara", y consiste en que no renuncia al trasvase Tajo-Segura, que ha sido "un esfuerzo de muchos años" y una inversión "muy productiva, que está generando mucha riqueza a miles y miles de familias", una riqueza de la que no se puede "prescindir en absoluto".