Durante algo más de dos semanas en la Comunidad Valenciana estuvo prohibido vender alcohol de cualquier graduación a partir de las 20 horas. La medida, menos publicitada que otras restricciones, tuvo su mayor difusión en los supermercados: no fueron pocos los ciudadanos que vieron cómo se les informaba en caja de que no podían llevarse una cerveza o una botella de vino por las nuevas medidas implementadas por el Consell.
Este veto formaba parte del pack de restricciones diseñado por la Generalitat Valenciana para combatir la quinta ola que entró en vigor el 8 de julio y tiene vigencia hasta el 16 de agosto. En concreto, la autonomía prohibía "la venta de alcohol durante la franja horaria comprendida entre las 22:00 horas y las 7:00 horas del día siguiente, en todo tipo de establecimientos de venta al público, excepto en aquellos en los cuales la venta de bebidas alcohólicas esté destinada a su consumo en el local".
En esencia, la intención de esta pequeña Ley Seca era poner trabas a la venta de alcohol por la noche para evitar lo botellones, una de las principales obsesiones del Gobierno valenciano en esta quinta ola. De hecho, la Generalitat ha endurecido también el régimen de sanciones para el consumo de alcohol en la vía pública, con multas de hasta 60.000 euros para los organizadores.
Lo realmente curioso de esta prohibición de vender alcohol es que se levantó 16 días después de haberse implementado, y a pesar de que el pasado jueves día 22 las Cortes valencianas aprobaron el decreto que daba cobertura legal a la medida. ¿Qué es lo que sucedió realmente?
La mano de Justicia
En esencia, el texto del decreto que se debatió y aprobó el pasado jueves modificaba el artículo 69.5 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana, para permitir a la autoridad sanitaria modificar "el horario de venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en todo tipo de establecimientos, con carácter temporal, y en situaciones de riesgo declarado para la salud pública".
En el debate previo, la socialista Rosa Peris defendió este texto, que fue votado únicamente en contra por Ciudadanos y Vox. Tanto los partidos del Botánico (PSOE, Compromís y Unids Podemos) como por el PP.
En la oposición, el diputado Fernando Llopis (Cs) criticó la medida por considerarla "ineficaz", teniendo en cuenta que, en su opinión, quien quiera comprar alcohol para consumirlo en un botellón "puede hacerlo perfectamente media hora antes sin problemas". "Puede darse el caso en el que, en una misma cola para pagar, haya ciudadanos que se puedan ir a su casa con una cerveza y otros no", explicó.
A pesar de todo, el decreto salió adelante. El Consell ya contaba con la cobertura jurídica adecuada para mantener su pequeña Ley Seca. Sin embargo, apenas tres días después la hora tope para vender alcohol se movió de las ocho a las diez, tal como estaba en un principio.
¿Supone una simple rectificación en una medida que se consideraba desproporcionada? Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la limitación horaria no era del agrado de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, titular del departamento al que afecta el decreto. Y esa opinión se ha traducido en una marcha atrás en una limitación que parecía perjudicar más a la población en general que al segmento específico de jóvenes a los que el Gobierno valenciano quiere controlar en sus contactos nocturnos.
La única duda restante es si esta medida concreta contaba con el beneplácito del grupo de expertos sanitarios que asesoran al presidente Ximo Puig a la hora de imponer restricciones o si, por el contrario, fue un exceso de celo de una Administración desbordada por los nuevos contagios.