Lo bueno de la "transparencia" de las instituciones democráticas es que el ciudadano y contribuyente puede comprobar a qué se dedican sus diputados electos. "Sus", porque lo son en representación de una provincia (circunscripción electoral) y en teoría deben defender sus intereses por encima de colores políticos.
La página web del Congreso de los Diputados recoge todas las iniciativas parlamentarias de éstos y casi en el ecuador de la XIV Legislatura ofrece algunos datos curiosos. Los hay que trabajan más y los que trabajan menos, si se entiende por trabajo presentar iniciativas o preguntas. Generalmente los del partido del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) o quienes les apoyan, tratan de no poder en apuros al Ejecutivo. Y los que están en la oposición, preguntan por todo.
Algunos diputados como el cunero (de otra provincia pero que se presenta por Alicante porque no cabe en la lista de donde reside), Txema Guijarro (Unidas Podemos), de Madrid, pero número uno de ese partido por Alicante, se lleva la palma. Lleva cuatro legislaturas como cabeza de cartel (desde enero de 2016), pero en esta tiene el contador "a cero".
Según la web de la Cámara Baja, Guijarro ha hecho en este tiempo 18 preguntas al Gobierno de Sánchez. Ni una sobre la provincia de Alicante. Es más, la mayoría están relacionadas con la Comunidad Valenciana, sobre todo con la provincia de Valencia, pero debutó con una pregunta sobre Lugo: "Grave caso de maltrato animal ocurrido en la provincia de Lugo".
En este año y ocho meses ha habido dos fijaciones del diputado por Alicante. Las centrales nucleares y el Puerto de Valencia (hasta cuatro veces). Ha preguntado al Ejecutivo de Sánchez dos veces por el acuerdo entre Enresa y las empresas eléctricas propietarias de centrales nucleares, llamado Protocolo de intenciones para el cierre ordenado de las centrales nucleares (2); por la asunción del coste de gestión y custodia de los residuos y desmantelamiento de las centrales nucleares cuando cierren
En especial por Cofrentes (Valencia). Por las revisiones acerca de tener en cuenta el elevado riesgo sísmico de la central nuclear de Cofrentes a la hora de tramitar la renovación de su licencia de funcionamiento; por las necesidades de agua de la ciudadanía a la hora de decidir la renovación de la licencia de funcionamiento de la central nuclear de Cofrentes.
También por la falta de viabilidad económica de las nucleares a la hora de tramitar la renovación de licencias de funcionamiento de las centrales nucleares del parque nuclear español, y en particular la de la central nuclear de Cofrentes; y por la disminución en la capacidad de refrigeración de la central nuclear el Cofrentes en la próxima década.
Y luego por otras cuestiones que en nada afectan a la provincia como las comunicaciones telefónicas en el medio rural; la modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar (pese a los graves problemas que atraviesa el Tajo-Segura); por la línea ferroviaria Valencia-Aranjuez; por la Instalación de un macroparque fotovoltaico en Chiva, Valencia; y por la línea de Muy Alta Tensión Morella-La Plana. También, por la proliferación de granjas cinegéticas.
También ha pedido dos informes que nada tiene que ver la Comunidad Valenciana: Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando datos sobre la situación de las viviendas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.