El exalcalde de Calpe, Javier Morató (PP), y los otros procesados por el supuesto fraude en la contrata del tratamiento de la basura del municipio, una de las causas separadas del 'caso Brugal', han negado los hechos que les atribuye la Fiscalía Anticorrupción durante la jornada del juicio celebrado este martes. El supervisor del contrato, por su parte, reitera las anomalías que existían en los pesajes de los vehículos, y ha asegurado que informó a los responsables políticos de ello. 

La mayoría de los acusados se ha acogido a su derecho a no ofrecer explicaciones ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante y se ha limitado a rechazar lacónicamente la autoría de los delitos que se les atribuye, en respuesta a la pregunta directa formulada por el magistrado que preside la sala.

El proceso se dirige contra los expolíticos del PP de Calp Javier Morató, Fernando Penella y Juan Roselló; dos allegados o familiares de este último, y el funcionario municipal Juan Cervantes, así como contra el empresario Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel, que lograron la adjudicación del servicio de tratamiento de los residuos urbanos del municipio en 1998.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación y les atribuye los presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.

Durante la vista, solo el exconcejal y exdiputado provincial Juan Roselló y el exedil de Hacienda Fernando Penella han accedido a prestar testimonio, pero lo han hecho solo para responder a las preguntas de sus abogados.

En esta línea, Roselló ha negado que presionase o influyese en el resto de miembros del equipo de Gobierno para que se adjudicase a la empresa de Fenoll la gestión de la planta de transferencias del municipio.

Por su parte, Penella ha explicado que su papel como concejal de Hacienda era el de autorizar los pagos de las certificaciones mensuales por la prestación del servicio, después de que la Comisión de Gobierno los autorizase y de que obtuviesen el visto bueno de los técnicos y del departamento de intervención municipal. Así, ha negado que su función fuese la de controlar si esos pagos eran correctos.

Anomalías detectadas

El único de los acusados que sí ha accedido a declarar y a responder a las preguntas formuladas por la Fiscalía Anticorrupción ha sido el técnico municipal Juan Cervantes, que actuó como supervisor del contrato.

En su comparecencia, ha asegurado que él comenzó a advertir presuntas anomalías en los pesajes pasados al cobro por la empresa de Fenoll a partir de 2003, tras aplicar los cálculos que se venían utilizando en el ayuntamiento, en base a la ratio de 1,5 kg de basura por habitante y día.

Ha señalado que emitió varios informes en los que daba cuenta de esas apreciaciones y que dio traslado de ello a los respectivos concejales de Servicios de cada periodo. De igual modo, ha admitido que en su declaración previa durante la fase de instrucción también había sostenido que informó de ello a Morató y Penella.

Además, ha asegurado que él no pudo evaluar si el funcionamiento de la báscula de pesaje era correcto, pero que, finalmente, consiguió que se habilitase al menos un vigilante municipal durante el horario nocturno para controlar la actividad de la planta de transferencias.

También ha asegurado que él trató de solventar las discrepancias entre el pesaje de sus cálculos y el que la adjudicataria presentaba en sus facturas, pero que se le respondía que en la planta "entraba todo, desde enseres a restos de poda", pese a que no eran residuos sólidos urbanos.

En esta línea, ha admitido que celebró una comida con los Fenoll en un restaurante de Elche para hablar sobre la cuestión, pero ha asegurado que no consiguió nada porque los representantes de la empresa insistían en que se les abonasen las certificaciones pendientes de pago que dejaron de abonárseles de forma temporal en 2007, tras el cambio de gobierno que se produjo en las elecciones municipales de ese año.

Con todo, ha sostenido que al final también acabaron autorizándose esos pagos, sin que nadie le diese respuesta sobre las anomalías que él había detectado en los pesajes.

El resto de los acusados, entre ellos, el exalcalde, se ha limitado a acogerse a su derecho constitucional a no declarar tras negar la autoría de los hechos que les atribuye la Fiscalía.