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Alicante POLÍTICA

Ni comarcalización ni nueva ley electoral: Puig, incapaz de pactar dos grandes promesas de gobierno

Las grandes iniciativas del Botánico para cambiar el modelo territorial y político encallan con su escasa fuerza parlamentaria.

14 diciembre, 2021 02:31
Alicante

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Empieza la recta final de la X legislatura en las Cortes Valencianas y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ve como alguna de sus iniciativas parlamentarias más ambiciosas duermen "el sueño de los justos". El socialista tiene los apoyos mínimos para aprobar los presupuestos, que hoy pasan por la fase de debate de las enmiendas, pero poco más. Los proyectos de calado siguen en el cajón.

Dos de ellos, que afectan al marco territorial y político de la Comunidad Valenciana para las próximas décadas, no se han tramitado y parece que no podrán pasar a aprobación durante este mandato. Por un lado, el proyecto de ley de "comarcalización" que impulsó Compromís. De otro, la modificación del sistema electoral con la rebaja de listón de representación del 5%.

Para este último, incluso habían empezado las negociaciones entre las tres patas del Botánico (PSPV-Compromís-Podemos) y Ciudadanos (Cs). Pero el diálogo se rompió abruptamente en otoño de 2020 por los recelos entre la izquierda a la hora de negociar con los liberales. Tanto es así que se dieron por rotas las negociaciones en octubre y el Botánico presentó su propio proyecto en marzo de este año.

Tres quintas partes

Por supuesto, sin Cs a Puig le era imposible lograr las tres quintas partes de la cámara autonómica (66 diputados) necesarios para cambiar una ley de esta envergadura. Y eso que de la rebaja del 5% en el listo electoral de representación depende la entrada en las Cortes en el próximo mandato tanto de Cs como de Podemos, a tenor de las encuestas.

Cs quería no sólo la rebaja del 5%, sino también poner en marcha un nuevo sistema mucho más proporcional, que diese la oportunidad de que cada voto tuviera un reflejo más o menos similar en la representación política de la Comunidad. Se habló incluso de circunscripción única. También querían el "desbloqueo" de las listas.

Desde Podemos, en cambio, se intentaba imponer un nuevo concepto de "paridad" que eliminaba la igualdad entre hombres y mujeres, algo que los diputados de Cs no les gustaba pero que podían llegar a modular. Sea como fuere, el Botánico presentó su proyecto y le dijo al entonces partido de Toni Cantó que si querían, que se sumaran o lo enmendasen. Y no salió adelante.

Luego vino el abandono de cinco diputados naranjas de la formación -Vicente Fernández, Cristina Gabarda, José Antonio Martínez, Jesús Salmerón y Asunción Sanchís- pasando al grupo mixto junto a la diputada de Vox, Rebeca Serna, dejando al partido de Inés Arrimadas con tan sólo 13 escaños.

Ahora ya es imposible, sin estos cinco diputados, que la iniciativa parlamentaria salga adelante. Los 27 socialistas, los 17 nacionalistas y lo 8 podemitas, no son suficientes para cambiar las grandes leyes.

Comarcalización

También en el cajón está el intento nacionalista de cambiar la actual delimitación territorial de la Comunidad Valenciana cambiando las provincias, reconocidas por la Constitución Española, por las comarcas del modelo catalán. Una iniciativa que según varias fuentes ha ido dejando morir el PSPV, que en la última década incluso ha adoptado de nuevo estructura provincial en vez de comarcal.

El primer intento fue a finales de la legislatura pasada, impulsado por la diputada alicantina de Compromís Mireia Mollà y otro compañero. En su propuesta decían que las provincias son «elementos desvertebradores y desnaturalizadores de la identidad valenciana». Además, cuestionaban su eficacia y eficiencia.

La iniciativa contaba con el apoyo del presidente de la Cortes Valencianas, Enric Morera, que meses antes había presentado a bombo y platillo un mapa de la Comunidad por comarcas. 

Esta ley tampoco ha tenido el apoyo suficiente para su aprobación así que se buscó como sustituta, una ley de "Mancomunidades" aprobada en 2018 que incluso fue llevada al Tribunal Constitucional por el PP. El alto tribunal falló a favor de la ley por entender que "no vulneraba la autonomía provincial al no excluir la colaboración con otros entes locales". Pero su implementación ha sido escasa.