La Fiscalía de Alicante ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa (Alicante) el escrito de acusación frente al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP), en el que solicita para él una condena de doce años de inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público por un delito de prevaricación, al colarse presuntamente para vacunarse contra la covid. La juez ha abierto un procedimiento abreviado contra el primer edil tras rechazar su recurso.
En este escrito, la Fiscalía también pide la inhabilitación del derecho a ser elegido en unas elecciones (derecho de sufragio pasivo) por este mismo delito, al tiempo que solicita para Cano una pena adicional de nueve meses de prisión y dos años de suspensión de cargo público como autor de un posible delito de cohecho.
La acusación pública sostiene que el pasado 6 de enero, el político incumplió los protocolos sobre el orden de vacunación dictados por la autoridad sanitaria y se aprovechó de su condición de alcalde para aceptar que se le inyectase el vial en la residencia de la tercera edad del municipio, vinculada al Ayuntamiento, sin que le correspondiese, al no figurar entre los grupos prioritarios establecidos para recibir la inoculación.
Se trata del primer escrito de acusación presentado por la Fiscalía en relación a la vacunación supuestamente irregular de cargos públicos de la provincia de Alicante.
Matrimonio socialista
Al margen de las diligencias seguidas contra el alcalde de La Nucía en el Juzgado número 2 de La Vila, siguen en curso las averiguaciones tramitadas por el Juzgado número 2 de Dénia frente al matrimonio de Ximo Coll y Carolina Vives -ambos socialistas-, regidores respectivamente de El Verger y Els Poblets, por los mismos hechos.
La Fiscalía decidió interponer denuncia frente a los tres alcaldes el pasado mes de junio, tras iniciar las investigaciones a raíz de la denuncia formulada por dos activistas vecinales sobre las supuestas anomalías en la vacunación de un listado compuesto por otros cinco políticos o cargos relevantes de la provincia.
Tras concluir las investigaciones preliminares, en las que se recabaron informes de la Conselleria de Sanidad respecto a las circunstancias de cada caso, la acusación pública decidió interponer denuncia contra Cano, Coll y Vives al considerar que, en los tres casos, pudieron recibir el inyectable al tratarse de conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico del centro sanitario en el que se les administró la vacuna.
Así, la Fiscalía concluía que recibieron la primera dosis por la "especial posición que ostentaban" y "por el poder que el cargo público desempeñado les otorgaba", aunque, en ese momento, acordó el archivo de las diligencias seguidas frente al resto de los investigados.