La Generalitat ha anunciado este miércoles que ha pedido ya al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana el aval para prorrogar la exigencia del llamado pasaporte covid para acceder al interior de determinados locales hosteleros, de ocio y sociosanitarios, según han indicado a EFE fuentes del Consell.

El 31 de enero finaliza la vigencia actual de la exigencia del certificado que acredita que se ha recibido la vacunación completa contra la covid, o se ha superado la enfermedad en los últimos seis meses, o se tiene una prueba diagnóstica negativa en las últimas horas, para poder acceder a una serie de establecimientos.

Se trata de una medida que, según han reconocido los propios expertos, no impide los contagios, como demuestra el hecho de que las regiones que lo han implantado han sido casualmente las que están liderando la incidencia en esta nueva ola de Covid. Lo que busca su implantación es que aquellas personas que no se han vacunado lo reconsideren, al ponerles trabajas para entrar a locales. 

El problema es que la región cuenta ya con un 94% de la población diana con al menos una dosis. ¿Tiene sentido aplicar el certificado solo para el 6% restante? Empresarios como los hoteleros creen que no, y consideran que puede ser "un incordio" cuando bajen los contagios y se restaure la normalidad. 

Ampliación a todos los locales

Esta medida se empezó a aplicar el 4 de diciembre en la Comunidad Valenciana para locales de restauración y de ocio con aforos de más de 50 personas, visitas a hospitales y residencias, y celebraciones de más de 500 personas donde no se puede llevar siempre mascarilla.

No obstante, ante la evolución de la pandemia, desde el 24 de diciembre se amplió a todos los locales de hostelería, con independencia de su aforo; a los gimnasios, y a todos los lugares públicos donde se coma o beba, como cines, circos o sedes festeras.

Dado que se trata de una medida que afecta a derechos fundamentales, el TSJ debe pronunciarse sobre si avala la ampliación de su vigencia durante un mes más o el tiempo que estime conveniente, o sobre si no la autoriza.

Asimismo, la Interdepartamental para la prevención y actuación ante la covid-19 de la Generalitat se reúne este jueves a las 9 de la mañana para analizar las medidas que aplica actualmente la Comunitat Valenciana, y sobre las que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado que la prudencia aconseja mantenerlas.

Las reacciones políticas

Por su parte, el grupo de Ciudadanos en las Cortes ha pedido que la Generalitat no prorrogue el pasaporte covid, al entender que da "una falsa sensación de seguridad", mientras que Vox ha pedido su retirada porque a su juicio "solo sirve para un control social y político de la población".

Por su parte, los socialistas han reivindicado que la exigencia de ese certificado ha sido positiva, porque "ha salvado vidas"; el PP reclamado más información para poderse pronunciar, y Compromís y Unides Podem han mostrado su apoyo a las decisiones que adopta el Consell basadas en criterios técnicos.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha considerado que no debería ampliarse la medida, porque "da una falsa sensación de seguridad que puede incluso haber contribuido al aumento de contagios".

Los datos "son muy preocupantes y se ha hecho evidente que esta herramienta no ha evitado la propagación del virus", ha manifestado Merino, para quien "es el momento" de dejar de exigir el pasaporte covid especialmente en los establecimientos de ocio y hostelería, por "los graves perjuicios económicos" que les ocasiona.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha señalado que "el mal llamado pasaporte covid no es una medida sanitaria", ya que "no ha protegido a nadie de que se hayan disparado los contagios", sino una medida "de control social y para discriminar" y "criminalizar a quienes libremente han decido no vacunarse".

Para Vega, esta pasaporte ha sido "un absurdo" y de hecho "muchas comunidades ya plantean su retirada porque ha funcionado", y ha considerado que lo que hay que hacer es "fortalecer" el sistema de salud público, empezando por la atención primaria.

Por el contrario, la portavoz adjunta socialista Carmen Martínez ha reivindicado que este pasaporte ha permitido que más de 200.000 personas que no tenía intención de vacunarse lo hayan hecho, y aunque es "una complicación" para los hosteleros es algo que "salva vidas".

"A mí me da muchísima tranquilidad cuando entro en una cafetería o un restaurante que me pidan el pasaporte, y posiblemente si no fuera así me plantearía si acudir o no a ese establecimiento", ha señalado Martínez, quien ha destacado que las decisiones del Consell se basan en las recomendaciones de los expertos en salud pública.

La portavoz adjunta del PP Elena Bastidas ha indicado que es "difícil" para el principal partido de la oposición tener un posicionamiento sobre esta cuestión, dado que no disponen de los informes en los que se basan "las decisiones políticas" que adopta Puig y su equipo ni tampoco conocen a los expertos que les asesoran.

La portavoz adjunta de Compromís Aitana Mas ha dicho que no se trata de "poner restricciones por poner", sino de confirmar si surten efecto o no, y ha agregado que ahora que la situación "está bastante descontrolada" en el número de contagios el Consell tiene que "reevaluar" las medidas y ver si mantiene o si quita alguna.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha manifestado que respetan las decisiones que adopte el Consell, lo que "no quita" por apostar por el fortalecimiento de la atención primaria de la sanidad pública, donde ya se está "tardando" en aplicar un plan que afronte la situación actual.