El Tribunal Constitucional tiene al menos once meses para decidir si prospera el recurso del PP contra la imposición de su participación en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana con 14 millones de euros. El tiempo que desde Alicante se sabrá si hay obligación de incluir ese dinero en los Presupuestos Provinciales de 2023. En 2022 la ley aprobada por el 'Botánico' no es efectiva.

PP y PSPV llevan seis años batallando por este asunto, desde que nada más entrar Ximo Puig en la Presidencia de la Generalitat Valenciana delegó en su afín Toni Such conseguir fondos de las diputaciones para sus propias políticas. Lo intentó con los decretos de Turismo y Deportes (fallidos por sentencias contrarias del TSJCV) y con el Fondo de Cooperación Municipal recurrido ayer en el Constitucional.

Desde el PP se considera que esta ley aprobada en noviembre por las Cortes Valencianas para obligar a Alicante a sumarse al fondo autonómico forma parte de una estrategia orquestada para "vaciar de competencias a las instituciones provinciales". Algo que concuerda con la ideología de socialistas y nacionalistas que gobiernan el resto de instituciones políticas de la Comunidad y que creen en una estructura territorial comarcal y no provincial.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, manifestó ayer que desde la Generalitat "siguen pensando que desde la imposición se trabaja mejor en la Comunidad Valenciana y nosotros seguimos diciendo que la suma de las distintas realidades en esta comunidad nos hace más fuertes".

Desde el PSPV aseguran que la negativa de Alicante es un "boicot" a las políticas de la Generalitat, de rango superior a las diputaciones. Y deslizan que otras formas de financiar a los municipios como los planes de obras o inversiones tienen un "sesgo" y no son "objetivas" como este fondo, que se aplica por población.

El propio Such manifestó que este recurso es un "intento de paralizar que se puedan distribuir de forma objetiva y sin discriminación los recursos públicos a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana".  Su compañero Manuel Mata fue más allá acusando a Carlos Mazón de "sabotear las leyes del parlamento autonómico, poner trabas a nuestro progreso y piedras en el camino a cualquier elemento que quiera la igualdad".

Dos modelos

La filosofía de este Fondo consiste en aportar a cada municipio un dinero anual para su gasto corriente como para las inversiones sin estar aparejado a proyectos. La Generalitat aporta el 50% y obliga a las diputaciones a aportar otro 50%. Valencia fue la primera en sumarse (gobernada por PSPV y Compromís) y luego Castellón. Pero Alicante se niega.

Las razones que aduce la Diputación de Alicante tiene que ver con la "autonomía de las entidades locales" que reconoce la Constitución y motivos económicos. Alicante gasta anualmente más de 12 millones de euros en servicios como la Salud Mental que son competencia y debería pagar la Generalitat.

Además, cree en las inversiones basadas en proyectos que paga (incluso con el doble de dinero aportado) a través de planes como el +Cerca, tras la valoración y la libre concurrencia de municipios, con dinero de su Remanente de Tesorería (sin detraer dinero de los presupuestos anuales). En este sentido, el criterio de población perjudica a los pequeños municipios, que son los más necesitados del dinero de la Diputación.

82 millones

El PSOE en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha salido en defensa de la Generalitat acusando al presidente alicantino y su antecesor de provocar que los ayuntamientos de la provincia "hayamos dejado de percibir cerca de 82 millones de euros desde el año 2017”. Eso sí, ahí no cuenta el dinero sí invertido en Ayuntamientos a través de los remanentes.

“Mientras las diputaciones de Castellón y Valencia han estado en primera línea, aportando su parte para que los ayuntamientos reciban fondos con autonomía, Mazón se ha dedicado a boicotear una mejor financiación para los ayuntamientos alicantinos", señaló Francés.

Y aprovechó para mandar un mensaje al futuro adversario de Ximo Puig en las elecciones autonómicas: "Su aportación a la política autonómica va a ser el intento de bloquear fondos para dar más autonomía financiera a los municipios”.