El presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón ha manifestado este miércoles que espera que "el Tribunal Constitucional ponga orden ante la imposición de la Generalitat con el Fondo de Cooperación". Así "ha valorado satisfactoriamente" la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado a fines de enero.
A través de un comunicado de la Diputación que recoge Efe, el presidente popular ha estimado positivamente que el alto tribunal siga con el recurso presentado por la institución provincial contra la Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat.
Mazón ha asegurado que, si hay diálogo con el Consell, "estaremos de acuerdo, pero si sigue con esta manera de imponer las cosas, no vamos a avanzar". Y esta es la situación, según ha explicado, ya que la Generalitat "ha preferido no ir al diálogo, al acuerdo y a la colaboración, sino que ha decidido, desde un despacho en la ciudad de València, imponer su modelo a todo el territorio".
Frente a esta posición del Consell, el dirigente popular ha contrapuesto la actitud de la Diputación y la provincia de Alicante "tienen su propia manera de hacer las cosas". "Esperamos que el Tribunal Constitucional ponga orden en este asunto", ha zanjado el presidente de la institución provincial alicantina, quien ha destacado que este es el "primer paso para hacer valer la autonomía local y provincial, frente a la exigencia de la Generalitat".
La base del recurso
El recurso, presentado por los diputados populares, se sustenta en la premisa de que el Fondo de Cooperación "atenta contra la autonomía" de la Diputación a la hora de decidir sus inversiones, al tiempo que, según los criterios de reparto establecidos en dicho plan, "penaliza" a los municipios con menor población, prioritarios para la acción presupuestaria y de gobierno de la institución provincial.
El recurso presentado por el PP esgrime que la Generalitat exige a las diputaciones participar en el fondo "con los mismos criterios que el fondo estatal", una de las claves en las que se basa el recurso para iniciar esta batalla judicial contra una ley que Mazón tilda de "injusta con los municipios más pequeños", además de que "la ley valenciana no tiene que ver con la estatal".
El texto presentado ante el Constitucional establece que en ninguna de las comunidades autónomas de España se ha obligado a las diputaciones a entrar en el Fondo de Cooperación. Además, recuerda que la ley autonómica establece un criterio poblacional para el reparto de fondos, con lo que las ciudades se beneficiarían más de este fondo, contraviniendo así el objeto de las diputaciones que es ayudar a los municipios más pequeños.